Fiscalía investiga captación ilegal de dinero en el cantón azuayo de Gualaceo

Según la Fiscalía, quienes entregaban su dinero se endeudaban o vendían sus pertenencias para obtener montos de más de USD 30.000 e invertir en este esquema fraudulento.

El caso salió a la luz el 17 de febrero de 2022, cuando una mujer denunció en la Fiscalía de Gualaceo (Azuay) que entregó USD 40.000 a una mujer que le ofreció entregar intereses del 15% cada ocho días.

Al principio la promesa se cumplió, pero con el pasar de las semanas el dinero dejó de llegar.

A raíz de esa denuncia, la Fiscalía inició una investigación preliminar y encontró que esa mujer, identificada como María P. no actuaba sola, sino que era parte de una presunta organización con -al menos- cuatro integrantes más, identificados como: Leonardo P., Carla A., César A. y Amanda J.

Los investigadores consiguieron una orden, allanaron las viviendas de los procesados y encontraron documentos que les permitieron contactar a otras personas que entregaron dinero a cambio de altos intereses.

En el inmueble de María P. las autoridades hallaron documentación relacionada con ocho demandas civiles, que presentaron las víctimas para recuperar su dinero.

La investigación, hasta el momento, ha logrado identificar a 20 familias perjudicadas por esta red. Aunque Carlos Serrano, abogado de dos de ellas, dice que hay más víctimas, pero "no se atreven a denunciar".

Aunque el número de perjudicados no es tan grande, el monto sí lo es, pues la Fiscalía encontró que cada persona entregó rubros de entre USD 30.000 y USD 220.000.

El abogado está convencido de que se pueden conseguir todos los elementos de convicción para determinar que el delito existe. Argumenta que uno de los requisitos para que sea considerado como tal es que la captación sea masiva y habitual.

Por testimonios de las víctimas se conoce que María P. inició la captación de dinero hace unos dos años y medio y Serrano asegura que “no era un préstamo entre amigos, recibían dinero de personas desconocidas”.

Ayudaban a los 'inversores' a gestionar créditos

La Fiscalía aún no ha logrado identificar con exactitud cómo operaba esta organización.

Pero se pudo conocer que entre los sospechosos hay dos personas que trabajaban en cooperativas de ahorro y crédito del cantón y ayudaban a los futuros "inversores" a gestionar y obtener créditos para depositarlos en este esquema fraudulento.

“Las personas solicitaban créditos, no solo en esa, sino en varias instituciones financieras, o juntaban dinero entre toda la familia para alcanzar un monto importante”, detalla Serrano.

La Fiscalía aún no ha logrado hacer un cálculo del monto global de la estafa. Aunque en la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de Gualaceo, Elizabeth Valarezo dijo solo que contra María P. hay procesos que suman unos USD 500.000.

El abogado Serrano dice que entre sus defendidos el perjuicio suma USD 230.000. Él estima que el total será de más de USD 3 millones.

Otro dato que las autoridades desconocen por el momento es en dónde se encuentra el dinero. Los bienes y las cuentas de los acusados están bajo investigación.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía pidió la enajenación de bienes de los detenidos, pero el juez Edwin Regalado no dio paso con el argumento de que la institución “no ha justificado sobre qué bienes se debe dictar la medida”.

Además, aunque la Policía detuvo a seis personas, el juez dictó medidas cautelares contra cinco. Deberán presentarse periódicamente en el juzgado y no podrán ausentarse del país mientras dure la investigación.

El silencio reina, hasta que todo explota

Este es el segundo caso de captación ilegal de dinero que se judicializa en Azuay desde el 2017. En ese año, la Policía desarticuló una organización que enganchaba a los clientes con la promesa de invertir su dinero en la compra de moneda virtual.

Se trata de la empresa MTCoin, que también actuó en otras provincias del país. En Azuay hubo cerca de 200 perjudicados.

El abogado Carlos Serrano añade que hay un conflicto social: “las víctimas se sienten responsables y en su mayoría están conscientes que es un sistema que actúa fuera de la ley”.

“Aunque las personas terminan siendo estafadas, la mayoría de los casos no llegan a denunciarse”, asegura Rodrigo Mendieta, investigador de temas económicos en la Universidad de Cuenca.

Otros mantienen silencio porque creen que van a poder recuperar algo del dinero entregado, “pero eso usualmente no pasa”, añade.

Mendieta también explica que esto tiene que ver con la falta de cultura financiera que hay en el país. “No puede haber un negocio legal que entregue dinero a una tasa mucho más alta de lo que presta un banco”.

El académico explica que este nuevo sistema descubierto en Azuay tiene una particularidad: “La facilidad con la que las personas manejan dinero en el Austro, porque reciben dinero de las remesas”.

El cantón Gualaceo es el segundo más poblado de Azuay, con unos 50.000 habitantes, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y tiene un intenso movimiento económico por el dinero que los emigrantes envían.

Entre enero y septiembre de 2021, Azuay recibió USD 673 millones por concepto de remesas, de los cuales llegaron a Gualaceo USD 56,67 millones.

Aun así, la economía del cantón no da para inversiones como las realizadas por esta veintena de familias, pues según cifra del INEC, para diciembre de 2021 el ingreso promedio en Gualaceo fue de USD 290,69.

Pero también están quienes se endeudan para depositar su dinero en estas captadoras.  “Llama la atención la facilidad con la que ciertas cooperativas están colocando dinero”, reflexiona el investigador de la Universidad de Cuenca.

El delito de captación ilegal de dinero se sanciona con privación de libertad de cinco a siete años, según el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal.