Fallo judicial deja "sin esperanza" a miles de indocumentados en EE. UU.

El presidente Joe Biden dijo que el Departamento de Justicia apelará el fallo "profundamente decepcionante" de un juez federal de Texas sobre un programa que protege de la deportación a ciertos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y además instó al Congreso a tomar medidas.

La Casa Blanca publicó la declaración de Biden un día después de que el juez federal Andrew Hanen se puso de parte de un grupo de estados liderados por Texas que demandan el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Hanen dictaminó que el expresidente demócrata Barack Obama actuó ilegalmente cuando creó el programa en 2012 mediante un decreto.

Los cientos de miles de personas protegidas bajo DACA suelen ser llamados "Dreamers" (soñadores).

Biden dijo que el fallo "relega a cientos de miles de jóvenes inmigrantes a un futuro incierto" y que el Departamento de Justicia tiene la intención de apelarlo "con el fin de preservar y fortalecer" DACA, y que el Departamento de Seguridad Nacional también planea tomar medidas en un futuro próximo.

"Sin embargo, solo el Congreso puede asegurar una solución permanente concediendo una vía a la ciudadanía para los 'Dreamers' que proporcione la certeza y la estabilidad que estos jóvenes necesitan y merecen".

Joe Biden

"Es mi ferviente esperanza que a través de la reconciliación u otros medios, el Congreso finalmente proporcione seguridad a todos los Dreamers, que han vivido demasiado tiempo con miedo", agregó Biden, refiriéndose a los posibles caminos legislativos.

Hanen consideró que el DACA violó la Ley de Procedimiento Administrativo cuando se creó, pero dijo que, dado que hay tantas personas actualmente inscritas en el programa -casi 650.000-, su fallo quedaría temporalmente en suspenso para los casos y las solicitudes de renovación.

La "desesperanza" se adueña de miles de "soñadores"

La decisión del juez estadounidense de detener la aprobación de nuevas solicitudes de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) ha dejado por el piso las esperanzas de miles de indocumentados y sus familias, que confiaban con al menos obtener un permiso de trabajo y evitar la deportación.

“Fue un golpe bajo, el segundo que recibimos”, dijo Beatriz, una madre indocumentada residente de Arizona que estaba esperando que el Gobierno aprobara la solicitud de DACA de su hijo Alberto, de 18 años.

La inmigrante fue la encargada de decirle a su hijo mayor que por ahora tendrá que “detener sus sueños” de poder continuar sus estudios superiores, pues en muchos estados los indocumentados no pueden recibir becas y deben pagar matrículas universitarias mucho más caras.

Alberto, nacido en Oaxaca (México), llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años y desde que DACA fue creado en 2012 la familia y él habían estado esperando para que cumpliera 15 años y fuera elegible para solicitar el beneficio.

El primer gran golpe que recibió Alberto, y sus padres fue en el 2017 cuando el gobierno de Donald Trump puso fin al beneficio, y se desató una lucha en las cortes para salvar el programa.

Beatriz describe la situación como una montaña rusa que no se detiene. El último gran momento de felicidad fue en diciembre pasado cuando un juez federal de Nueva York ordenó al Gobierno restablecer el programa.

Apoyado por Arizona Dream Act Coalition, Alberto se arriesgó a enviar su solicitud en diciembre 23 de 2020. Un día antes de Navidad esperando que el amparo se convirtiera en el regalo que había estado esperando.

Pero pasaron casi siete meses y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no envío al joven ni siquiera una cita para tomarse los datos biométricos, un paso previo para la aprobación del amparo.

“Nos quedamos esperando”, explica la madre que confiesa que aún no sale del impacto emocional que le causó el fallo.

Alberto y Beatriz no fueron los únicos que se quedaron esperando, más de 50.000 jóvenes indocumentados que solicitaron por primera vez serán afectados, según datos de USCIS.

Para el 1 de abril había 55.550 nuevas solicitudes de DACA que aún necesitaban procesarse por USCIS. A este número se debe añadir las nuevas solicitudes recibidas en abril, mayo, junio y parte de julio.

El retraso en el procesamiento de las solicitudes había hecho que legisladores como el senador demócrata Dick Durbin consideraran “inaceptable" la situación y habían urgido recientemente al gobierno del presidente, Joe Biden, a agilizar el proceso.

“No tomaron nuestra situación en serio”, reprocha a la administración demócrata la salvadoreña Claudia C, residente de Los Ángeles y una de las afectadas por la decisión de Hanen.

Claudia envió su solicitud como nueva beneficiaria de DACA en febrero pasado y, aunque la joven de 20 años alcanzó a presentarse a la toma de huellas y datos biométricos, aún no ha recibido ningún aviso de la aprobación del amparo.

Pero la joven espera que el Gobierno Biden intente por lo menos encontrar un camino para proteger a los indocumentados que enviaron sus solicitudes y aguardaban respuesta.

“Crecí escuchando promesas para mí y mi familia, pero ninguna se ha cumplido. Es muy desalentador”, confiesa la indocumentada nacida en El Salvador.

Tras el fallo de Hanen, la presión también se volcó sobre el Congreso, especialmente el Senado, que mantiene sin debatir varias propuestas para legalizar a los jóvenes "soñadores".

En este sentido, Claudia recuerda el proceso de 2017, cuando el expresidente Donald Trump dio a los congresistas seis meses para buscar una solución definitivamente. “Parece que fuéramos un juguete”, subraya.