Crisis penitenciaria: gobierno analiza la construcción de una cárcel de alta seguridad

El 16 de mayo de 2019, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en el sistema penitenciario ecuatoriano. La medida fue la respuesta a una serie de crímenes que se cometieron en las cárceles y que, durante los cuatro primeros meses del año, causaron la muerte de nueve presos.

No obstante la crisis lejos de solventarse recrudeció. 14 personas privadas de la libertad han fallecido desde esa fecha en las cárceles, generando dudas en torno a la efectividad de ese estado de excepción.

La medida debía durar 60 días, hasta el 16 de julio de 2019, pero fue ampliada por 30 días más. Las autoridades argumentan que las necesidades son más graves y no se pueden solventar en solo 60 días.

Más aún con un sistema con problemas estructurales en el que existen plazas para 28.554 personas, pero que debe albergar a una población carcelaria de 39.644 detenidos. Eso representa un hacinamiento del 38,85%, según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

La ejecución de este estado de excepción se fundamenta en tres ejes: seguridad, hacinamiento e infraestructura.

Uno de los puntos clave es la ampliación de las prisiones e incluso se analiza la posibilidad de construir un centro de alta seguridad para albergar allí a los presos más conflictivos.

Pero, también -y como eje fundamental- está la reclasificación de los reclusos en función de su peligrosidad, su comportamiento y la naturaleza del delito por el que fueron sentenciados.

Este último punto es uno de los puntos más sensibles, pues los reos logran gestionar recursos legales para ser trasladados de los pabellones denominados de Tratamiento Especializado de Difícil Adaptación (Teda), a otros pabellones de menor seguridad.

Edmundo Moncayo, director del SNAI, asegura que esos recursos complican los planes del sistema penitenciario, pues los presos conflictivos se suman a la población general y generan incidentes.

Así ha ocurrido en dos de los amotinamientos ocurridos desde la vigencia del estado de excepción, que incluso terminaron con la muerte de los reclusos que se beneficiaron de recursos legales.

El último caso se dio en Latacunga. Un juez otorgó un recurso de hábeas corpus en favor de un detenido (integrante de la peligrosa banda de 'Los Choneros' y con un amplio historial delictivo y antecedentes de violencia en el sistema penitenciario). Él pasó del pabellón Teda a uno de máxima seguridad: allí fue asesinado.

Moncayo, en diálogo con PRIMICIAS, se refiere a este y a otros detalles de la crisis carcelaria que atraviesa el país: