Caso Serrano: Ecuador ha aportado USD 2 millones en asistencia judicial

El ecuatoriano Nelson Serrano es el hombre de mayor edad, 83 años, en el conocido 'corredor de la muerte' en Estados Unidos. En 2006 fue condenado a cuatro penas capitales por el crimen de cuatro personas en Bartow, Florida.

Este 18 de febrero, sus familiares y abogados defensores en Miami pidieron al Gobernador de Florida, Ron DeSantis, que inste a la justicia estadounidense para que despache los recursos de resentencia y que la Corte fije una fecha para esta audiencia.

El recurso de resentencia busca sustituir la condena de muerte de Serrano por cadena perpetua, debido a las violaciones en el proceso argumentadas por la defensa.

Los familiares de Serrano hicieron esta petición en un acto en el que participó el procurador ecuatoriano, Íñigo Salvador.

Salvador aclaró que al ser abogado del Estado no participa del caso porque Ecuador no forma parte del proceso contra Serrano.

Además, recordó que la Procuraduría solo participó como defensor de Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando el caso fue planteado ante el organismo.

Explicó que en caso de que el Estado requiriese algún tipo de representación ante Washington, debería hacerlo a través de los canales diplomáticos de la Cancillería.

Según Salvador, Ecuador ya exigió a las autoridades estadounidenses que Serrano sea devuelto al país, puesto que su traslado a Estados Unidos para el juzgamiento y la sentencia violentó sus derechos y los procedimientos legales ecuatorianos.

Con base en las recomendaciones de la CIDH, el Estado ecuatoriano ha asumido los costos de asistencia judicial de Serrano que ya suman USD 2 millones.

Y Salvador agregó que en 2012, en un proceso iniciado por la Fiscalía, se intentó procesar a los culpables de su detención en Ecuador, pero no se encontraron evidencias suficientes.

Por otra parte, en diciembre de 2020, el abogado defensor Óscar Vela ya había pedido al presidente Guillermo Lasso que ayudara a Serrano, a través de la asistencia diplomática con Estados Unidos.

El caso

Serrano, naturalizado como estadounidense, era socio de la planta de procesamiento Erie Manufacturing en Bartow (Florida).

Fue acusado de asesinar a tiros a sus socios Frank Dosso, George Gonsalves y George Patisso y a la esposa de este último, Diane, quien además era hermana de Frank. El hecho ocurrió en las oficinas de la fábrica en 1997.

El jurado estadounidense lo encontró culpable en un juicio que, según los familiares y los abogados de Serrano, estuvo cargado de irregularidades.

El ecuatoriano insiste en su inocencia y en que el día de los crímenes se encontraba en Atlanta, a 500 kilómetros de distancia.

Entre la evidencia en su contra está un comprobante de parqueo del Aeropuerto Internacional de Orlando, con la mitad de la huella dactilar de su dedo índice, con fecha del 3 de diciembre de 1997 a las 15:49, unas dos horas antes de que ocurrieran los asesinatos. Para los agentes esto desmentía su coartada.

Según testigos del caso, la relación entre él y las víctimas nunca fue buena. Y esta se agravó cuando USD 1 millón desapareció de las cuentas de la empresa.

Francisco Serrano, hijo de Nelson, planteó el tema a Dosso y a Gonsalves, mientras su padre los demandó en el verano de 1997. Entonces, ellos respondieron con una acusación de corrupción y de hurto.

Serrano fue expulsado de la presidencia de Erie Manufacturing, cinco meses antes de los asesinatos. Poco antes, también habían despedido a su hijo Francisco.

Según el informe del caso, emitido por la CIDH, en 2020, Serrano se encontraba en Ecuador cuando, el 30 de agosto de 2002, el Intendente General de Policía de Pichincha ordenó su detención y un día después fue arrestado.

Ese mismo día se emitió una orden de deportación, y fue trasladado a Estados Unidos el 1 de septiembre.

Pero Serrano alegó que funcionarios de los servicios de seguridad lo habían secuestrado y llevado por la fuerza a Estados Unidos, violando el Tratado de Extradición bilateral, que prohíbe el traslado en casos que involucren la imposición de la pena de muerte.