Guayas: Prefectura inicia proceso para terminar contratos con concesionarias
La sesión del Consejo Provincial del Guayas de este 28 de septiembre de 2020 que presidió la prefecta Susana Gonzalez.
Cortesía Johanna Ramos
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Con 30 votos afirmativos el Consejo Provincial del Guayas inició un proceso para la terminación unilateral de los contratos de concesión de las vías.
El Consejo también ordenó suspender el cobro en las estaciones de peaje (ver mapa) administradas por las concesionarias.
Se trata de las empresas Concegua y Conorte que tienen la administración de 662 kilómetros de carreteras de Guayas desde el 2000.
La Cámara Provincial, que se reunió este 28 de septiembre de 2020, aprobó por una unanimidad rescindir los contratos de concesión.
El representante y concejal de Guayaquil, Luis Almeida, pidió un cambio en el orden del día para la declaratoria.
Dijo que durante los 20 años de concesión ambas empresas recibieron USD 1.700 millones.
Almeida es el delegado de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ante el Consejo Provincial.
La prefecta del Guayas, Susana González, agradeció a los alcaldes por su respaldo, pese a recibir -dijo- llamadas de los concesionarios a forma de presión.
González cuestionó los contratos con Concegua y Conorte. El pasado 15 de septiembre multó a ambas compañías con USD 3 millones.
Mientras que el 24 de septiembre replicó la acción, esta vez por USD 25,8 millones.
En su reunión los consejeros también urgieron a la Prefecta a iniciar acciones legales para el cobro de las multas.
Concesionarias: "no pagaremos multas"
Una hora antes de que se instale la sesión del Consejo Provincial, Joffre Campaña, abogado de Concegua y Conorte, ofreció una rueda de prensa.
El abogado aseguró que las empresas no pagarán las multas porque no se les dio derecho a la defensa.
“Se han iniciado varios procesos para imponer multas, pero violan la Constitución, el Código Orgánico Administrativo y disposiciones contractuales”, dijo.
Campaña anunció que interpuso una acción de protección para dejar sin efecto las multas. Aseguró que el afán de la Prefectura es acumular multas para sobrepasar el 20% del monto del contrato y así declarar la terminación unilateral, como posteriormente ocurrió.
También aseguró que interpondrán recursos de arbitraje para pedir una indemnización y cobrar deudas que, según él, son de USD 100 millones.
Ambas concesionarias tienen a los mismos accionistas. El mayor de ellos es Hidalgo & Hidalgo (H&H), una de las empresas constructoras más grandes del país.
Mientras que con un participación mucho menor está Construcroca, cuyos principales dueños son la familia Hidalgo Arteaga. Estos últimos nuevamente están relacionados con H&H.
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