21 años de cárcel para dos detenidos por trata de personas en Guayaquil
Uno de los acusados fue declarado inocente por los jueces, "al no encontrar responsabilidad penal, ni participación en los hechos", sostiene un comunicado de Fiscalía.
Imagen referencial. Edificio de la Fiscalía de Guayas, en Guayaquil.
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El 3 de julio de 2021, los jueces del Tribunal Penal, Felipe Sarmiento, José Cañizares y Diógenes Cueva, emitieron las respectivas sentencias para tres integrantes de una banda delictiva dedicada a la trata de personas con fines de prostitución y pornografía infantil.
La banda a la que pertenecen los tres sentenciados reclutaba adolescentes y las obligaban a tener relaciones sexuales en un motel en el Guasmo Sur, en el suroeste de Guayaquil.
Para dos de los implicados, Julio Brayan L. T. y Sharyn Briggitte S. A., en el grado de autor y coautora, respectivamente, el Tribunal Penal dicto 21 y cuatro meses de prisión.
Además, cada uno deberá pagar una multa de 400 salarios básicos unificados, lo que equivale a USD 160.000, y una reparación integral de USD 10.000 a cada víctima.
Mientras tanto, Mauro Antonio S. fue condenado, en el grado de cómplice, a la pena privativa de libertad de ocho años y al pago de una multa de 100 salarios básicos del trabajador, lo que es igual a USD 40.000. A eso se suma el pago de USD 3.000 a cada una de las víctimas como reparación integral.
Uno de los acusados, Jose Antonio O., fue declarado inocente por los jueces, "al no encontrar responsabilidad penal ni participación en los hechos", sostiene un comunicado de Fiscalía, del 3 de julio de 2021.
¿Qué pasó?
Según denuncias presentadas en mayo de 2020, un grupo delictivo se dedicaba al reclutamiento de adolescentes y mujeres jóvenes, a través de redes sociales, como Messenger y Facebook, con promesas de trabajo.
A las víctimas les ofrecían remuneraciones de hasta USD 200 diarios y acordaban recogerlas en sus domicilios para llevarlas al lugar de trabajo. Luego las trasladaban a un motel y las obligaban a tener relaciones sexuales con desconocidos, mientras las filmaban. La grabación era una amenaza para que no denuncien los delitos.
El 9 de julio de 2020, la Fiscalía realizó varios allanamientos en los que se ubicó e identificó a los supuestos autores de los delitos, quienes fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades.
También, en coordinación con la Gobernación de la provincia de Guayas, se procedió a la clausura del establecimiento dónde se cometían los hechos.
La Fiscalía pudo identificar y rescatar a cuatro víctimas adolescentes agredidas, de 13 a 16 años.
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