Identifican afectaciones ambientales por minería ilegal en Buenos Aires

Así lo informó el ministerio en un comunicado emitido este lunes 15 de julio de 2019 y que da cuenta de los hallazgos parciales en ocho puntos del sector, que fueron inspeccionados por expertos ambientales.

Peritos del programa de Reparación Ambiental y Social de ese Ministerio, personal de la Dirección Provincial de Ambiente de Imbabura y de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional buscan cuantificar el daño generado por actividades extractivas en La Merced de Buenos Aires, en la zona de San Miguel de Urcuquí, donde se encuentra la mina ilegal.

Los técnicos realizaron un recorrido por ocho lugares, en los que se encontraron bocaminas abandonadas y sacos de yute con el material mineral extraído, indicó el comunicado.

En paralelo se localizaron plantas de beneficio que albergaban generadores, campamentos, combustibles, tanques y sacos de diferentes químicos (ácido nítrico, bórax, cianuro de sodio), además de molinos de bolas, cilindros amalgamadores y tanques de cianuración, entre otros.

Se identificó asimismo el impacto ambiental provocado por las actividades ilícitas, como la pérdida de cobertura vegetal y biodiversidad, erosión del suelo, afectación paisajística y posibles daños a los recursos de agua y suelo por el manejo perjudicial de combustibles y químicos.

El Ministerio de Ambiente trabaja en la elaboración de un informe técnico que será entregado a la Fiscalía General del Estado al objeto de seguir "con las acciones correspondientes para garantizar la protección de los recursos naturales del país".

Cerca de 5.000 personas, en su mayoría de nacionalidad colombiana y venezolana, han sido desalojadas de la considerada como la mayor mina de oro de Latinoamérica, en un operativo iniciado hace dos semanas contra la extracción ilegal del metal precioso y en la que han sido detenidas varias decenas de personas.

En ella intervienen policías y militares, que mantienen varios perímetros acordonados en virtud de un estado de excepción de dos meses decretado por el Gobierno ecuatoriano.