Chilavert y Domínguez irán a juicio tras desacuerdo conciliar

Las defensas de ambas partes expresaron su falta de voluntad para un acuerdo en la audiencia de conciliación de este martes en la capital paraguaya ante la jueza de la causa, Cándida Fleitas, a la que asistió de forma virtual Chilavert, que reside en Buenos Aires.

"Comunicamos que no tenemos voluntad de conciliación y a partir de eso la defensa (de Chilavert) señaló algo semejante", por lo que el caso avanza a juicio oral y público, dijo el abogado de Domínguez, Claudio Lovera.

Chilavert hizo saber en esa cita de su intención de llegar a "juicio oral y que sea televisado", según afirmó a los medios paraguayos su abogado, Wilson Marinoni.

Lovera dijo que la fecha del juicio oral deberá de ser fijada por Fleitas, un proceso que será presencial y que espera se defina este año.

La demanda del presidente de la Conmebol se basa en expresiones vertidas por Chilavert en las redes sociales, entre setiembre y diciembre del año pasado, en las que "se hacen afirmaciones de hechos y juicios de valor con relación al señor Domínguez".

Chilavert ha acusado a Domínguez de corrupción a través de su cuenta de Twitter y en diferentes medios de Argentina y Paraguay, país donde está la sede de la Conmebol.

Sus aseveraciones no se limitan a la función actual de Domínguez, que la ejerce desde 2016, sino desde la época en que fue presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), entre 2011 y 2014.

En declaraciones este martes a la radio AM730, el capitán de la albirroja en los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002 manifestó que "tiene todas las pruebas" de sus dichos y que ahora Domínguez "debe demostrar dónde se le dañó su imagen".

"No hay nada que temer, con papeles todo se resuelve", subrayó al considerar a Domínguez como "un paracaidista" del fútbol.

Los delitos de difamación, calumnia e injuria se castigan en Paraguay con penas de tres meses a tres años de prisión.

Si la condena es superior a dos años el acusado debe ir a prisión, ya que la suspensión de la ejecución de la pena, prevista en la normativa local y aplicada a personas sin antecedentes, no debe superar 24 meses. 

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