Javier Milei, presidente de Argentina, espera que el senado apruebe la 'ley Bases', la cual tiene 200 artículos y recibió luz verde por parte de los diputados.
Los senadores argentinos discuten este miércoles un paquete de reformas clave para el presidente ultraderechista Javier Milei.
El presidente argentino, cumple esta semana seis meses de gobierno sin haber conseguido la aprobación de una ley en una sesión marcada por huelgas y manifestaciones frente al Congreso.
Si los senadores aprueban la 'ley Bases', que recibió en abril la luz verde de los diputados, el texto de más de 200 artículos volverá a la Cámara Baja para su sanción definitiva.
La ruta legislativa ha sido cuesta arriba para el pequeño partido de Milei, La Libertad Avanza, minoritario en ambas cámaras.
La 'ley Bases' es una versión reducida de la 'ley Ómnibus'. La cual tiene más de 600 artículos y naufragó en febrero en la Cámara de Diputados.
En el Senado, el presidente cuenta con apenas 7 de las 72 bancas y necesita el voto de 37 legisladores para que la ley Bases vea la luz, de los cuales tiene garantizados unos 35 gracias al apoyo de la derecha tradicional.
Si el paquete es rechazado, Milei tendrá que esperar un año para volver a impulsarlo. Una posibilidad que debilitaría políticamente a un presidente golpeado en varios frentes.
En particular, el mastodóntico ministerio de Capital Humano, que reúne cuatro carteras más la administración de seguridad social, está bajo fuego tras el hallazgo de 5.000 toneladas de alimentos que estaban guardados mientras el gobierno se negaba a enviar comida a los comedores populares.
Este escándalo ocurre en un contexto de casi 300% de inflación anualizada, con la mitad de la población en la pobreza y una abrupta caída de la actividad industrial.
La 'ley Bases' delega facultades del Parlamento en el Ejecutivo, incluye polémicos incentivos a las grandes inversiones por 30 años y fija una decena de empresas públicas sujetas a privatización.
El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo el martes 11 de junio que la ley es "un acelerador, un potenciador de la recuperación de la situación económica".
El Senado también debatirá una reforma fiscal paralela, que incluye reinstalar un impuesto a las ganancias para gravar los salarios y jubilaciones.
Docentes y empleados públicos llamaron a huelga y organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos, jubilados y miembros de la sociedad civil convocaron protestas ante el Congreso durante el debate.
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