Descartan que bandas criminales de Ecuador usen armas del ejército peruano

Luego de la sospecha que las bandas criminales de Ecuador, calificadas como terroristas por el gobierno, usaban armamento peruano, el ministerio de Defensa de ese país, Jorge Chávez, declaró ante el Congreso que no existe evidencia de esto.

Según Chávez, entre las autoridades militares de Ecuador y de Perú se ha descartado que los grupos criminales, como Choneros o Tiguerones, tengan armamento, municiones o explosivos procedentes de las fuerzas armadas peruanas.

Agregó que el pasado domingo, durante una reunión que realizó la Comunidad Andina (CAN) en Lima, conversó con el ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, quien reiteró que "no se evidencia la presencia de armamento, munición o explosivos de procedencia de Perú" en su país.

Ante las versiones que indicaron que se había encontrado un tipo de granadas de guerra de procedencia peruana en Ecuador, el ministro dijo que "en las Fuerzas Armadas de Perú no se cuenta con este tipo de granadas" y que la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) actualmente no fabrica armamento ni explosivos, "solo munición de pequeño calibre".

Chávez agregó que el Ministerio de Defensa participa activamente en una comisión binacional de frontera con Ecuador y que el año pasado se realizaron operaciones conjuntas "de tipo espejo", que permiten replicar lo que haga el Ejército en un país en el otro.

En ese sentido, se ha dado prioridad a las operaciones "en tres áreas de interés": la zona de frontera marítima bilateral, la región fronteriza costera de Tumbes y la zona amazónica donde se encuentra la minería ilegal.

Luego del decreto de excepción en Ecuador, el gobierno de Perú declaró el pasado 10 de enero el estado de emergencia durante 60 días en cinco regiones del país fronterizas con Ecuador, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden interno en la zona.

La medida, que comprende distritos de siete provincias ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, otorga a la Policía Nacional (PNP) el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y restringe derechos constitucionales como a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y de reunión, así como la libertad y seguridades personales.