Con 3.000 uniformados, Bukele levanta "cerco de seguridad" y retenes en barrios conflictivos de El Salvador
Soldados y policías se adentraron en los cinco barrios, donde instalaron retenes vehiculares en las entradas de calles y pasajes. Las autoridades anuncian detenciones.
Militares custodian uno de los barrios intervenidos por las fuerzas de seguridad de El Salvador, desde el 25 de mayo de 2024.
AFP
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Las autoridades de seguridad de El Salvador desplegaron desde el sábado 25 de mayo de 2024 a más de 3.000 elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil en varias colonias populosas del centro del país, según informó el presidente en licencia, Nayib Bukele.
"Luego de varias denuncias ciudadanas, acabamos de instalar un cerco de seguridad en las colonias Tikal 1,2,3, Valle del Sol y La Chintuc, en Apopa", publicó Bukele en su cuenta de X. Añadió que se han desplegado más de 2.000 soldados y 1.000 policías, sin entrar en detalles.
A pie o en carros policiales, los soldados y policías se adentraron en los cinco barrios, donde instalaron retenes vehiculares en las entradas de calles y pasajes.
Apopa es una ciudad de 131.000 habitantes a 13 kilómetros al norte de San Salvador que ha tenido fuerte presencia de las violentas pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Esta concentración de soldados y policías se da en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas, y a pocos días de que Bukele asuma un segundo mandato consecutivo, a pesar de que lo prohíbe la Constitución.
Bukele aseguró recientemente que la Fuerza Armada de El Salvador, que realiza tareas de seguridad en el país desde hace décadas, está por "lograr su victoria más grande". "Nuestra Fuerza Armada cumple 200 años y está a punto de lograr su victoria más grande...", escribió Bukele, que no ahondó ni especificó más.
En el marco de este régimen, las autoridades reportan más de 79,200 detenciones y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 240 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), advierten que la violencia de las pandillas se ha visto sustituida por la estatal, ejercida por militares y policías en las comunidades empobrecidas e históricamente afectadas por el accionar de las maras.
El régimen de excepción es una de las medidas que gozan de mayor popularidad entre la población salvadoreña.
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