Caso Purga: Perjudicados por tráfico de tierras en Durán claman justicia

Las casas de 20 familias terminaron derrumbadas en el kilómetro 15 de la vía Durán-Boliche (Guayas) en octubre de 2023. Las bases se rellenaron para que no quedara rastro de las viviendas. Tras las revelaciones del caso Purga, los perjudicados volvieron a esos predios. 

Se trata de familias a las que les arrebataron los predios que le habían adjudicado el Estado en 2009. Detrás del prejuicio está presuntamente la red de tráfico de tierras del exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. 

Los miembros de la Asociación de Productores Agrícolas Patria Nueva retomaron la posesión de terrenos el 28 de marzo, tras el testimonio anticipado de Mayra Salazar, operadora de una red de corrupción investigada en los casos Purga y Metástasis. 

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Los socios de Patria Nueva mantienen desde entonces la posesión del ingreso a las 207 hectáreas de los terrenos en disputa. Ahora vigilan los predios en unos cambuches improvisados, tras la destrucción de sus casas. 

Mientras que en el kilómetros 16 de la misma vía, los agricultores de la Asociación de Producción Agropecuaria Mariba quisieron hacer lo mismo con un predio de similar que les arrebataron, pero denunciaron que los repelieron con disparos del lugar. 

Mayra Salazar confirmó que Pablo Muentes se habría valido de su poder en el sistema judicial, en el Registro de la Propiedad y en el Ministerio de Agricultura para apoderarse de al menos 1.000 hectáreas de tierras en la zona industrial entre Durán y Yaguachi. 

Se trata de parte de las 2.147 hectáreas de la antigua hacienda Las Mercedes, incautada por el Estado a los hermanos William y Roberto Isaías tras la quiebra de Filanbanco y adjudicadas a asociaciones campesinas en el gobierno del expresidente Rafael Correa. 

“Nos desalojaron con decenas de policías”

Rosa Angélica Ruiz, portavoz de las familias afectadas de la Asociación Patria Nueva, detalla que tras el testimonio de Mayra Salazar se presentaron el 28 de marzo en grupo en el ingreso a los terrenos. Un guardia privado y otras dos personas cuidaban los predios. 

“Les dijimos que estábamos respaldados en el proceso fiscal del caso Purga y que tenían que irse porque Pablo Muentes nos había sacado en base a mentiras y engaños, con un pago irrisorio que nos obligaron a firmar”, dijo Ruiz. Los cuidadores salieron del lugar. 

El despojo irregular a Eric Ramírez, 12 hectáreas en la vía Durán-Tambo, y el de la asociación Patria Nueva constan en el expediente del caso Purga. Pero otros grupos como AsoMariba y la asociación Atahulfo Cruz también se cuentan entre los afectados de la red. 

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Ruiz destaca la violencia con la que fueron desalojados el 26 de octubre de 2023, con un despliegue policial masivo y civiles que aprovechaban para robarles sus pertenencias, dijo. Cuentan con videos que muestran cómo maquinaria pesada derribó sus viviendas. 

¿Cómo los desalojaron de tierras adjudicadas por el Estado? “Nos engañaron. En contubernio con la directiva de nuestra asociación nos dijeron que los Isaías estaban recuperando sus tierras. Nos obligaron a firmar y a tomar un cheque”, dice un perjudicado. 

Pero los cheques de la empresa Agrocamarón, por USD 7.000 de media, los firmó Nicole Muentes, hija de Pablo Muentes, presunto líder de la trama de tráfico de tierras. 

Las propias presidenta y administradora de la asociación presionaron a los posesionarios a firmar, argumentando que todos los predios de la hacienda Las Mercedes estaban siendo revertidos, y que corrían el riesgo de quedarse sin nada, según los afectados. 

Socios con 13 boletas de captura

Aunque la adjudicación original fue para 63 socios, son solo 20 familias las que han liderado la lucha por la recuperación de los terrenos usurpados. Y son las que estaban activamente involucradas en el trabajo y la ocupación de las tierras. 

El resto de asociados sólo asistía a las reuniones y no participaba en las labores agrícolas, por lo que no perdían nada al tomar el cheque, según el grupo de afectados.

Pero cada una de las 20 asociados perjudicados trabajaba unas cinco hectáreas en promedio y los USD 7.000 que recibieron ni siquiera cubrían el costo de media hectárea. 

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Los precios de las tierras se dispararon al ser declaradas zona industrial de Durán. Y el valor de la hectárea supera los USD 15.000. Además, la lucha por lo que consideran injusto les ha traído una serie de daños y perjuicios, incluida la cárcel o la clandestinidad. 

El traspaso de las posesiones las firmaron los socios de Patria Nueva en febrero de 2022, cuando recibieron los cheques, en una reunión a la que estaba citado supuestamente “un delegado del Ministerio de Agricultura que nunca asistió”. 

En marzo de 2023, Geovanny Aycart Carrasco, juez de la Unidad Judicial Penal de Durán, firmó 13 órdenes de localización y de detención por ocupación o uso ilegal de suelo y por tráfico ilegal de tierras, contra los socios de Patria Nueva. 

Julia lleva cinco meses en prisión

Terminaron procesados cuando se percataron del engaño y se opusieron al despojo. Una de las compañeras de la asociación fue apresada durante el desalojo del 26 de octubre de 2023 y los otros 12 permanecen escondidos, con boleta de localización y captura vigente. 

También se les emitió una prohibición de enajenar bienes, que el juez ofició al Registro de la Propiedad de Durán, el 2 de marzo de 2023.

Julia Etelvina Q.G., de 33 años y de origen indígena (migró con su esposo desde Chordeleg, Azuay), cumplió cinco meses detenida en la cárcel de mujeres de Guayaquil. La Policía ejecutó su orden de captura durante el desalojo en Patria Nueva. 

“Ella estaba recogiendo las cosas de su casa y no sabemos en qué momento se la llevaron. Todos estábamos desesperados, tratando de sacar nuestras pertenencias”, cuenta Ruiz. 

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En la asociación la describen como una mujer que le gusta trabajar en las labores del campo, fumigando, sembrando y cosechando. “Hace todo el trabajo", cuentan.

Cada tanto, Julia llama a los socios de Patria Nueva desde la cárcel, desesperada, pidiéndoles ayuda. “¿Qué cuándo será que ya sale?, nos pregunta. Tenemos que esperar hasta cuando se haga justicia”, dice Ruiz. Eso es lo único que atinan a responder.