La encrucijada del Yasuní

Hay decisiones que definen a las personas, que enseñan aquello en lo que de verdad creen con sinceridad por encima de cualquier consideración.

Votar 'Sí' o 'No' en la próxima consulta popular de agosto de 2023 sobre la prohibición de la explotación petrolera en el Bloque 43 del ITT del Parque Nacional Yasuní es uno de esos momentos cruciales.

Por eso, no es un tema que pueda restringir los argumentos al simple análisis numérico y pragmático de pérdidas y ganancias monetarias. Sería quedarse en lo inmediato, olvidando lo trascendente.

En esto no caben las medias tintas ni las posiciones intermedias:

O crees que, efectivamente, el cambio climático y el calentamiento global del planeta está sucediendo y los humanos somos parte activa del problema, o que eso es responsabilidad de los países industrializados que lo contaminaron y no es asunto nuestro.

Que se deben respetar los últimos santuarios de tierra virgen de la civilización contemporánea, incluyendo sus habitantes no contactados, fauna, flora y subsuelo, o crees que ningún lugar del planeta debe ser excluido de la explotación.

Crees en la ecología del medio ambiente como una forma de convivir en el universo, o piensas que como ser humano tienes un derecho especial sobre la naturaleza y puedes tomar lo que quieras de ella para tu consumo.

Entiendes que solo eres el “custodio” de los tesoros nacionales naturales, como el Yasuní y las Islas Galápagos, entre otras dádivas de este país pródigo, y que estas son un legado para las generaciones posteriores, o crees que eres su propietario y hay que usufructuarlas ahora.

El tema del Yasuní tiene diferentes banderas políticas en estas elecciones:

Durante la presidencia de Rafael Correa se abandonó el decreto que en 1998 el gobierno de Jamil Mahuad declaró al Parque Nacional Yasuní como "zona Intangible para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y preservar la reserva de la biosfera lejos de los campos de petróleo", y permitió la explotación del ITT en 2013, impidiendo el trámite de la consulta que ahora tiene lugar 10 años después.

Por eso, su candidata en las próximas elecciones presidenciales, Luisa González, se ha pronunciado a favor de continuar con su producción, afirmando "…les digo a los que proponen dejar el petróleo bajo tierra, que Ecuador necesita medicinas, hospitales, becas y puestos de empleo…", sin preguntarse por qué esas necesidades no han sido satisfechas después de una década de explotarlo.

Por el otro lado, la candidata binomio de Otto Sonnenholzner es una antigua activista de la agrupación Yasunidos, quienes son los proponentes de la consulta y el 'Sí'.

Igual postura a favor de la prohibición la tienen los candidatos: Fernando Villavicencio, Yakú Pérez, Daniel Noboa y Jan Topic.

Mientras Bolívar Armijos coincide con el correísmo en inclinarse por el 'No', algo parecido a la siempre ambigua posición de Javier Hervas.

Más allá de todo lo anterior, la sociedad debería reflexionar sobre la extrema dependencia de Ecuador a la explotación de hidrocarburos y sus recursos naturales no renovables. Sabemos que el petróleo se acabara algún día, los optimistas hablan de 30-50 años.

No solo se acabará, sino que el mundo dejará de demandarlo como fuente principal de energía (la Unión Europea pretende ser climáticamente neutra en 2050).

Respecto a la consulta sobre la explotación minera en el Chocó Andino, y como criterio general, debería ratificarse la prohibición constitucional de cualquier minería que pueda contaminar las fuentes de agua cercanas.

Obviamente, para eso hay que creer que el agua es más importante que el cobre y el oro.

Es imperativo que el Gobierno y los ecuatorianos sean sinceros en las intenciones de cambiar la matriz de financiamiento del país hacia otras fuentes de ingresos, y eso ocurre tomando decisiones críticas.

Y no, no se suicida quien apuesta por la vida…

Nota: USD 1.200 millones son USD 300 millones menos de lo que costó la explanada infértil de la fallida Refinería del Pacífico, que nunca vio la luz.