Nuestra vicepresidenta

Inexplicablemente, es poco o nada lo que se ha dicho sobre la relación del presidente Noboa y su binomio de campaña. Más allá de la designación en Israel, que fue noticia más en el sentido de la mofa que de otra cosa, el rol de la segunda mandataria ha quedado en el baúl de los olvidos de los medios de comunicación, la opinión pública y, en general, de quienes se interesan por la vida pública del país.

Ni siquiera el incidente judicial en el que su hijo se encuentra envuelto ha sido motivo de cobertura y menos, mucho menos, de discusión. Por ello, creo que es necesario decir que, en ese caso, hay una clara y agresiva campaña de descrédito y persecución política en contra de la señora Verónica Abad.

No se trata de afinidades o desencuentros ideológicos con ella, sino simplemente de señalar que lo que ocurre en ese proceso judicial da cuenta que en el país la política sigue orientando las decisiones judiciales.

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Si hay presunción del cometimiento de un delito por parte del hijo de la vicepresidenta, bien hace la fiscalía en iniciar las acciones pertinentes. Si hay responsabilidades penales que debe asumir el señor Barreiro, la justicia no le debe ser esquiva.

Pero de lo dicho, a imponer una orden de prisión preventiva en un delito relativamente menor, comparado con los escándalos de dimensiones que se investigan hoy por hoy, hay una desproporción que da mucho hilo para el debate jurídico y más para el relacionado con el accionar político del país.

Todo lo dicho toma aún más cuerpo si se considera que la medida cautelar citada la cumple el hijo de la vicepresidenta en una de las cárceles más temidas del país. Así, mientras delincuentes contumaces disfrutan su paso a la sombra en el hotel cinco estrellas que constituye la cárcel No 4 de Quito, el traslado de Barreiro a la “Roca” no guarda ninguna proporción con la gravedad de los hechos que se le imputan.

Razones jurídicas que justifiquen el curso que ha asumido la justicia en este caso, no existen. Por tanto, hay que buscar las motivaciones en el campo de lo político y allí es cuando las declaraciones de la vicepresidenta se tornan al menos lógicas, por no decir creíbles.

Se trata de una estrategia del gobierno para presionarla a fin de que dimita o se allane el camino para su destitución a través de la Asamblea Nacional. Eso ha dicho la Señora Abad y no hay argumentos fuertes que puedan contradecir lo anotado.

Si lo sucedido con el hijo de la vicepresidenta fuera un acontecimiento aislado, incluso se podría pensar que lo afirmado por la vicepresidenta responde a una reacción natural de una madre en auxilio de su hijo. No obstante, hay más elementos de juicio que apuntan hacia la idea de la persecución y el afán de poner punto final al vínculo de Abad con el gobierno nacional.

El hecho mismo de trasladar fuera del país a la segunda mandataria da cuenta de lo dicho. Se pueden intentar varios justificativos en torno a esa decisión, pero ninguno es lo suficientemente convincente para evitar que el común de los ciudadanos piense que esa fue una forma de deslindarse de la vicepresidenta.

Tan trivial es la misión asignada como burdas son las medidas asumidas en contra del señor Barreiro. Los grandes juristas poco han dicho al respecto. Las defensoras de los derechos de las mujeres, menos. Un poco de ecuanimidad, solo un poco de ecuanimidad es lo que se pide.

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Abiertamente se puede estar en contra de la posición ideológica de la vicepresidenta e incluso de la forma de relacionarse con el Jefe de Estado, pero de ahí a omitir referencias explícitas a este claro abuso del poder judicial, resulta lamentable.

Al ritmo que van las cosas, la suerte de la vicepresidenta parece echada. Se ha ratificado la prisión preventiva en contra de su hijo y su permanencia en una cárcel de máxima seguridad. El gobierno, satisfecho con la decisión, toma nota de las siguientes acciones a seguir para desembarazarse de Abad.

La oposición, silencio absoluto. Les conviene. Por ahí pescan una vicepresidencia en medio del tumulto. La sociedad en general, calladita. Resulta triste que la defensa de los derechos de las personas sea selectiva en el país. Muy triste.