Las verdaderas y ocultas razones de las alianzas electorales en Ecuador

Desde la teoría, las alianzas (coaliciones) entre organizaciones políticas benefician al régimen democrático por varias razones. Por un lado, porque esta opción permite que agrupaciones con ideas políticas similares puedan converger en una propuesta de gobierno más sólida.

Así, en caso de llegar a la presidencia, la alianza tendría un mayor número de personas capacitadas para el ejercicio de la administración pública. En cuanto a la legislatura, una alianza beneficiaría al país en lo que se refiere a la calidad de las propuestas de ley.

Por otro lado, las alianzas ayudan a reducir la oferta de candidaturas, tornando más sencilla la selección por parte de los votantes.

Adicionalmente, las alianzas electorales aportan a reducir la excesiva presencia de bancadas legislativas y la consiguiente dificultad para la obtención de acuerdos tanto para el proceso de elaboración de leyes como para la fiscalización política.

A pesar de las ya señaladas bondades de las alianzas electorales, es necesario señalar es que ese conjunto de beneficios para la convivencia democrática se los puede observar si previamente existe un sistema de partidos que garantice niveles mínimos de democracia interna, presencia nacional e identificación ideológica.

En caso contrario, cuando este tipo de acuerdos se facilitan entre organizaciones puramente electorales (y algunas cuasi delincuenciales), los resultados pueden ser nefastos para la sociedad.

Ese es el caso de Ecuador. En efecto, en el equinoccial país el reglamento para la conformación de alianzas electorales permite, por ejemplo, que los acuerdos sean temporales.

Con ello, una vez terminado el proceso, con resultados favorables o no, cada organización es libre de tomar su propio camino. Como consecuencia, la idea de presentarse a las urnas en conjunto para posteriormente compartir el poder se desvirtúa por completo.

Una vez terminado el proceso, con resultados favorables o no, cada organización es libre de tomar su propio camino.

Junto a lo dicho, el reglamento indicado permite alianzas particularistas. En otras palabras, los acuerdos pueden darse para la elección de determinadas dignidades y no para otras.

En un contexto como el ecuatoriano, en el que no existen organizaciones políticas sólidas, las negociaciones descienden a tal nivel que al interior de una misma provincia los integrantes de una alianza electoral varían de cantón a cantón.

A esto hay que agregar que lo más frecuente es observar a un partido o movimiento supuestamente de izquierda o derecha en alianza electoral con el que se proclama de la tendencia opuesta.

Ese comportamiento no solo luce incoherente, sino que erosiona cada vez más la confianza de la ciudadanía en las organizaciones políticas e incluso en el régimen democrático, que es lo más llamativo y preocupante a la vez.

Pero la cereza del pastel no está siquiera en lo dicho, sino en una resolución de julio de 2020, a través de la que se plantea que el porcentaje de votos obtenido por una alianza se asigna de forma completa a cada organización que forma parte del acuerdo.

En términos simples, si la alianza entre cuatro organizaciones obtiene una votación nacional de 10%, el CNE considera que cada una de ellas ha obtenido un 10% y no el 2,5% como intuitivamente se podría pensar.

El reglamento señala que esta medida se hace para incentivar las alianzas políticas. Sin embargo, ese argumento podría ser comprensible si, como se ha dicho, existieran estructuras partidistas medianamente constituidas.

Dada la realidad del país, en la que la inmensa mayoría de organizaciones electorales son incapaces de obtener por sí mismas espacios de representación política, esta disposición reglamentaria lo que incentiva es la creación de alianzas orientadas única y exclusivamente a evitar perder la personería jurídica.

Como se sabe, ser gerente propietario de un partido o movimiento político es un excepcional medio para vivir de la política a partir del alquiler de la organización a quien esté dispuesto a pagar el justo precio.

Ahí está la razón fundamental por la que, los que creen en el libre mercado se alían con los estatistas; los defensores de la libertad de las mujeres para decidir respecto al aborto se juntan con los llamados pro vida.

Ahí se entiende también las razones por las que algunos dicen que las ideologías no existen o que son anacrónicas.

Ser gerente propietario de un partido o movimiento político es un excepcional medio para vivir de la política a partir del alquiler de la organización

Finalmente, hay otras razones por las que las alianzas electorales en Ecuador son una farsa propuesta por los traficantes de la política.

Una de ellas es que, en armonía con lo dispuesto en el Código de la Democracia, cada organización política que participa en la alianza recibe 20% adicional para la promoción electoral.

Sin embargo, este es un punto menor, pues es bien conocido que las grandes cantidades de recursos económicos que se invierten en las campañas vienen de las fortunas propias de los candidatos (muchas de ellas adquiridas como resultado de actos de corrupción) o por el aporte de organizaciones abiertamente delincuenciales.

En resumen, aunque las alianzas electorales deben ser incentivadas, esa medida es útil solamente a posteriori de la existencia de organizaciones políticas medianamente estructuradas.

En casos como el ecuatoriano, en el que sucede todo lo contrario, ese tipo de disposiciones favorecen el deterioro del sistema político y la mercantilización (en ocasiones ilícita) del proceso electoral.

¿Cómo salir de ese engaño a la ciudadanía que son las alianzas electorales?: vía reformas constitucionales y legales.

Sin embargo, eso no es factible, pues quienes están llamados a realizar dichos cambios son las organizaciones electorales, que al mismo tiempo son las beneficiadas con esta forma irregular de hacer vida política. Para ellos, siempre será mejor que la podredumbre continúe.