Vacancia legislativa

Afortunadamente para el país, la Asamblea Nacional se va dos semanas de vacaciones.

Son quince días en los que la población podrá dedicar su tiempo a actividades más vivificadoras que los diarios despropósitos de ese conjunto de personas que, con contadas excepciones, no hacen sino denigrar el cargo para el que han sido designados.

Dos semanas en las que los periodistas que cubren la legislatura podrán refrescar su espíritu y limitar la ansiedad, el tedio y la desazón, que a diario viven al escuchar y ver las continuas expresiones de irresponsabilidad que cunden en la Asamblea Nacional.

Esos quince días también serán de descanso para ese pequeño grupo de asesores cuyas destrezas y habilidades en la técnica legislativa supera con creces la de quienes tienen el título de asambleístas.

Un pequeño grupo que, de hecho, ha salvado a la legislatura de caer aún más bajo en cuanto a legitimidad y credibilidad ciudadana.

Frente a esa triste realidad, las salidas propuestas son varias, aunque poco discutidas en las cuestiones de fondo. Cerrar la Asamblea Nacional no es una opción, pues desdice del espíritu democrático.

Limitar el número de asambleístas tampoco ayuda dado que, junto a generar problemas en cuanto al vínculo entre electores y elegidos, a lo único que contribuiría es a que el comportamiento lamentable que ahora se observa ocurra entre un grupo más pequeño de personas.

Plantear un Senado no es una alternativa. No hay razones para pensar que esa cámara funcionaría bajo dinámicas e interacciones distintas a las que ahora se ven en la Asamblea Nacional. Los escándalos y la irresponsabilidad de ahora multiplicados por dos, diría la sana crítica.

¿Qué hacer en el corto plazo? Desafortunadamente, muy poco o nada. Hay que esperar que el período avance y que los asambleístas concluyan su encargo.

¿Qué hacer en el mediano plazo? Buscar los espacios para propiciar una reforma integral al Código de la Democracia, esencia del descalabro institucional que vive la Asamblea Nacional.

Aunque ahí está una alternativa sostenible en el tiempo, desgraciadamente cuenta con poco apoyo político tanto entre las organizaciones políticas como en el propio Gobierno.

¡Cuánto bien le haría al país que la Consulta Popular, que se ha dicho es uno de los objetivos inmediatos del Ejecutivo, incluya preguntas sobre el funcionamiento del sistema político!

Tan necesario es el cambio en las reglas electorales que, a pesar de las dificultades del Presidente Lasso para generar apoyos, colocando este tema en la discusión, incluso podría terminar con una votación favorable.

Así, mientras no exista esa reforma legal, orientada entre otras cosas a disminuir el número de organizaciones políticas, incrementar los umbrales electorales y reglamentar la participación política de quienes se deslindan de los partidos en cuanto llegan a los espacios de poder, las cosas en la Asamblea Nacional continuarán igual y aún peor que ahora.

No es un problema de la coyuntura, es un problema estructural.

En parte hay responsabilidad en los asambleístas, pero en el fondo, se trata de un diseño legal que genera incentivos para que las prácticas protervas que ahora observamos se vayan consolidando en el tiempo.

Nos estamos concentrando en observar más los árboles que el bosque y es allí cuando los problemas obtienen soluciones parciales, de coyuntura, irrelevantes en el mediano y largo plazos.

Desde las universidades, los gremios, las pocas asociaciones cívicas con vitalidad urge un proceso ampliado de discusión sobre el presente y futuro del Código de la Democracia, pues allí está un punto neurálgico de la vida institucional del país.

Aún estamos a tiempo de enmendar. Si no lo hacemos, el país se convertirá en territorio controlado por las mafias de la política y sus vínculos con el narcotráfico y la corrupción generalizada.

Este es un tema en el que deberían concentrar su atención la cooperación internacional y los organismos multilaterales.

Sin la presión proveniente del entorno, los cambios serán difícilmente realizables. Sin esos cambios, la viabilidad del país, como Estado, está en serio riesgo.

Deberíamos aprovechar estas dos semanas para discutir sobre el futuro de la Asamblea Nacional más allá de la calentura del día a día.

La reforma al Código de la Democracia no es la panacea, pero hay que reconocer que si no se empieza por allí, los vergonzosos días que vivimos ahora serán peores dentro de muy poco tiempo.