Universidades inseguras y bajo sospecha de impunidad

Las universidades ecuatorianas son lugares inseguros para las mujeres.

Es la conclusión gen7eral a la que se puede llegar después de leer un estudio publicado por la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), que fue elaborado por el investigador Arístides Vara-Horna.

En la publicación se presentan los resultados de encuestas realizadas a mujeres, que estudian o trabajan en alguna de las 16 universidades del país seleccionadas para el análisis.

Sin embargo, debido a las características del estudio, los resultados que presenta sirven para tener una idea clara del panorama general de la violencia basada en el género que sufren las mujeres en todas las universidades de Ecuador.

Aunque, según la investigación, el 19% de las docentes y del personal administrativo ha sufrido algún tipo de violencia basada en el género por parte de un integrante de la comunidad universitaria, las estudiantes pueden ser consideradas como un grupo vulnerable.

Es por esta razón que, en esta columna, me centraré en las estudiantes universitarias de Ecuador.

Las estudiantes merecen atención, no solo por las relaciones asimétricas de poder que existen entre profesores y estudiantes, sino porque podrían sufrir violencia por parte de sus propios compañeros de estudios.

En el grupo de estudiantes mujeres, el 31% manifiesta haber sufrido algún tipo de violencia por parte de un integrante de la comunidad universitaria.

Analizando el último año, el 17% de las entrevistadas dijo que sufrió algún tipo de violencia, y, en promedio, cada una sufrió 10 ataques al año: no son actos aislados.

Las agresiones pueden provenir de cualquiera de los miembros de la comunidad universitaria: colegas de estudio, profesores, personal administrativo o cualquier funcionario de una universidad.

Las modalidades más habituales de violencia son: acoso (20%) y acecho (19,7%). Adicionalmente, se reportan ataques psicológicos (13,9%), casos de abuso sexual (9,1%), violencia física (5,9%) y violencia económica (4,8%).

Si esas cifras ya son de vergüenza y alarma, al analizar grupos específicos de mujeres la situación puede empeorar.

En las estudiantes LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual y queer), que respondieron al cuestionario de mujeres, la cifra sube de manera alarmante: 43 de cada 100 estudiantes LGBTIQ+ han sufrido actos de violencia basada en el género, perpetrados por algún integrante de la comunidad universitaria.

Considerando las agresiones del último año, 26 de cada 100 de estudiantes LGBTIQ+ ha sido agredida por algún miembro de una universidad, con un promedio de 16 ataques al año.

En este grupo, las modalidades más frecuentes son el acoso (31%), el acecho (27,5%) y la violencia psicológica (22,1%). También aparecen la violencia sexual (16,8%) y la violencia física (10,7%).

Otro grupo que aparece con cifras alarmantes es el de las personas con discapacidad: 39 de cada 100 estudiantes con algún tipo de discapacidad (visual, auditiva, lenguaje, física u otras) reporta haber sido víctima de actos violentos.

En el último año, la cifra es de 22 cada 100 y el promedio de ataques es de 13 por año. Las modalidades más frecuentes son el acoso (26%) y el acecho (25,2%). También se reportan ataques psicológicos (18,7%), casos de abuso sexual (11,8%) y violencia física (9,3%).

Ante estas cifras, puede surgir la duda de que, si las mujeres sufren violencia de género en los niveles mencionados, por qué no los denuncian.

A partir del mismo estudio se puede responder a esta pregunta. Las estudiantes no denuncian los actos de violencia contra la mujer porque piensan que no pasará nada.

El 24% respondió que si una estudiante llegara a denunciar un acto violento, perpetrado por un miembro de la comunidad universitaria, las autoridades lo encubrirán.

Además, el 47,9% cree que las denunciantes pueden sufrir represalias por parte de los agresores, y el 28,2% respondió que podrían ser juzgadas por el hecho de denunciar.

Cierto es que la violencia contra la mujer es una plaga que afecta a toda la sociedad, no obstante, la justificación de que en todas partes hay violencia y de que es difícil erradicarla no puede ser el paraguas que proteja a los agresores, que ensucian los lugares que deberían ser ejemplos de sana convivencia y de seguridad: las universidades.

Esta columna es porque hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy es un 25N más, y nos siguen agrediendo, incluso en los sitios que debieran ser seguros.

Las autoridades universitarias y de las unidades de Bienestar Estudiantil tienen la tarea de prevenir la violencia, y de lograr que los casos de violencia que sucedan en las universidades, y sean conocidos por las autoridades, sean sancionados.

Para desvanecer la percepción de impunidad hay que ir más allá de los discursos y los actos conmemorativos por el 25N. Tampoco ayudan los rituales de color naranja.

Solo la coherencia entre palabras y acciones y el verdadero compromiso con la erradicación de la violencia (de todos los tipos) devolverán la confianza a estudiantes, profesoras y a todas las mujeres de la comunidad universitaria y sus familias.

Finalizo esta columna saludando la iniciativa de la GIZ y de los investigadores que realizaron este trabajo, que permite ver la realidad de las mujeres en las universidades.