Una amnistía más

Una amnistía más. Ni la primera ni la última. Varias veces la legislatura ha recurrido a esa figura para resolver conflictos políticos, lo que no necesariamente quiere decir que los delitos amnistiados hayan sido de naturaleza política.

Siempre en medio de intrigas por los alcances y contenido de los acuerdos tras bambalinas, el país tiene su propio historial de amnistías. Por ello es que la idea de que lo ocurrido hace unas pocas horas en la Asamblea Nacional crea un "pésimo precedente" no tiene mayor asidero.

Ese precedente se originó hace muchos años, hace muchas décadas, desde la constitución misma del país como República, dirán los más pesimistas. En definitiva, lo ocurrido en la Asamblea Nacional no debe asustar a nadie, por cuanto acá todos sabemos que ante determinados hechos, envueltos en la 'protesta social' algunos y en rasgos evidentes de delincuencia común y organizada en otros, solo hay que esperar la coyuntura política idónea para que el perdón y olvido operen.

Así, la amnistía reciente solo confirma la vigencia de una más de las reglas informales que permiten entender cómo funciona el país.

Sin embargo, lo dicho no deja de lado la importancia de analizar los beneficios de unos y otros en esta nueva amnistía legislativa. Naturalmente, los miembros de la Revolución Ciudadana son los que más ganan. Ellos han resuelto el complejo estatus judicial de algunas de sus figuras más representativas en la Sierra y de esa forma amplían el abanico de opciones electorales a futuro, tanto de los amnistiados como de la organización política en general.

A la par, para la bancada legislativa ex verde flex, lo resuelto refresca los alicaídos ánimos luego de varios intentos fallidos de mejorar su posicionamiento en la Asamblea Nacional.

En Pachakutik, lo resuelto permite bajar las tensiones internas y dar cumplimiento a promesas electorales. Además, la amnistía contribuye a que Leonidas Iza retome con mayor aplomo la conducción de la organización indígena sin la preocupación que acarrea el trámite de un proceso penal.

El gobierno y sus aliados, la señora Guadalupe Llori a la cabeza, también reciben lo suyo. La presidencia de la Asamblea Nacional por el momento no se toca, aunque esa afirmación es valedera solo en el corto plazo, corto plazo que en el país significa un par de meses.

Por tanto, el discurso de la reconciliación, esgrimido por la presidenta de la legislatura como justificación de la amnistía, no es creíble como tampoco es creíble lo dicho desde Carondelet, en el sentido de que la decisión de la Asamblea Nacional les ha causado molestia e indignación.

Ninguna molestia e indignación le puede generar al gobierno la amnistía, pues fueron los votos de su propia bancada, el BAN, los que hicieron posible la resolución legislativa. Dicho en forma clara y diáfana, si algún grado de responsabilidad quiere hallar el país en las amnistías otorgadas, esa responsabilidad está tanto en la bancada oficialista como en la de Izquierda Democrática.

Sin los votos de ambos sectores, la Revolución Ciudadana y Pachakutik simplemente no conseguían la mayoría necesaria. Por tanto, hay que enfilar bien las críticas y hurgar por debajo de lo evidente.

Pero más allá de la amnistía en sí misma hay un panorama político a futuro que conviene analizar. Luego de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, los hechos de octubre de 2019 se revisten de toda la legitimidad social y simbólica posible.

Ahora mismo ya no hay sombra de duda en que fue una auténtica revuelta popular y que los posibles excesos corresponden al curso natural de la indignación ciudadana. El inicio de procesos judiciales, por tanto, no era otra cosa que una retaliación política en contra del movimiento indígena, pero esencialmente en contra de los seguidores del expresidente Correa.

El Estado y su aparato de represión jugaron un papel persecutorio y, ahora mismo, el hecho de haber considerado que lo allí ocurrido es un delito político, lo confirma y reafirma.

El Poder Judicial, la Fiscal General del Estado, altos funcionarios del gobierno del expresidente Lenín Moreno y el propio expresidente quedan así a merced de posibles acciones legales y de escarnio público que, al amparo de la amnistía otorgada, dan vigencia al relato sostenido a lo largo de este tiempo tanto por el movimiento indígena como por la Revolución Ciudadana.

Aunque algunos sectores de la ciudadanía no compartan esa interpretación, hacia allá se dirige la construcción de la historia política en el imaginario social.

Lo más llamativo del caso, y vale la pena reafirmarlo, es que hacia ese escenario han conducido los votos del gobierno y su bancada, los de la Izquierda Democrática y los de algunos legisladores independientes, que en realidad son los voceros más visibles de Carondelet.

Decir que no son votos de CREO sino del BAN, que no es toda la Izquierda Democrática sino una parte o que no había otra opción para precautelar a los efectivamente perseguidos, no resuelve nada. Las amnistías están otorgadas y los costos de la miopía política están a la vuelta de la esquina.

La vuelta de la esquina son las seccionales del año entrante. En el caso de Pichincha, por ejemplo, la prefectura está casi cantada. A los altos niveles de popularidad de Paola Pabón, ahora se suma el relato de que los procesos penales iniciados en su contra tenían como única justificación su filiación política.

Con ambas variables jugando a favor de la actual Prefecta provincial, será muy difícil que tenga un contendor que le pueda disputar la reelección. Todo ello sin mencionar siquiera el eco internacional que implica señalar que en Ecuador se persigue a la gente por sus ideas políticas.

En las provincias de la Sierra central, Pachakutik hará lo suyo, afianzará y recuperará lealtades perdidas y para ello la idea de la persecución sufrida por los funcionarios del gobierno anterior por los hechos de octubre de 2019 va a jugar un papel estelar.

Ya no será necesario proponer que la lucha contra la justicia amañada continúa, sino simplemente señalar que el irrespeto a sus derechos ha sido reivindicado por la gestión del movimiento político y sus legisladores.

Pero hay más. Las amnistías también traen consecuencias para la alcaldía de Quito. Izquierda Democrática, por ejemplo, tendrá que luchar día a día con la crítica de que con sus votos se otorgó perdón y olvido a lo ocurrido en octubre de 2019 en la ciudad.

Así, a la ausencia de un candidato firme de esa tienda política para terciar por la Alcaldía de la capital, ahora se suma un hecho que, en campaña electoral, seguramente será una herramienta letal en su contra.

De hecho, con la amnistía, Izquierda Democrática pierde votos donde tenía apoyo, la circunscripción norte, por ejemplo, y no gana nada en otros, como la circunscripción sur y rural, donde lo resuelto por la Asamblea Nacional será un empujón aún mayor al caudal de adeptos de Luisa Maldonado o Pabel Muñoz, pues se dice que por ahí estarán las opciones de la Revolución Ciudadana.

Sin Jorge Yunda en la papeleta y con el relato de la lucha popular y la persecución política del "morenismo-lasismo" que pronto será posicionado, la amnistía jugará claramente en favor de quien sea ungido por el expresidente Correa.

Unos ganan más que otros con las amnistías otorgadas. Revolución Ciudadana se posiciona bien tanto en lo legislativo como en lo electoral, mientras que Pachakutik también se beneficia aunque en menor medida.

Del lado de la presidenta de la Asamblea Nacional, sus réditos están en gozar de los placeres del poder por unos pocos meses más, mientras intenta autoconvencerse de que el discurso de la reconciliación es creíble y que sus coidearios, los llamados 'rebeldes' han dejado de buscar desde ya otras estrategias para arrebatarle el cargo.

Del gobierno, sus aliados y la Izquierda Democrática es poco lo que se puede decir. Por un lado, la gente que cree que la amnistía es justa, no les dará el voto en las próximas elecciones, pues tendrá en la papeleta a quienes considerará perseguidos.

De otro lado, los que están enfurecidos, pues valoran la amnistía como un despropósito, tampoco les confiarán el voto, dado que pronto se hará más evidente aún que allí, en la Asamblea Nacional, BAN, independientes e ID fueron dirimentes para posicionar a los hechos de octubre de 2019 como un caso de persecución política y manejo parcializado de la justicia.

La pregunta en realidad no es por qué la Revolución Ciudadana y Pachakutik votaron así, sino por qué los otros permitieron que se alcanzara la mayoría necesaria.