Aún con el triunfo del sí en la consulta, poco cambiará la política

Las preguntas tres y cuatro de la consulta popular propuesta por el Gobierno se refieren al funcionamiento del sistema político.

Ninguna de las dos ataca a cuestiones de fondo, por lo que, aún en el evento que el sí pueda imponerse, será muy poco lo que cambiará el país respecto a la realidad actual.

Lo más agobiante es que si el Gobierno tenía la decisión política para enmendar en alguna medida la podredumbre actual, lo pudo hacer. No está en sus planes aquello, de lo que se ve.

Las preguntas que se podían proponer eran simples y ayudaban a que la política mejore en cuanto a sus rendimientos y a que los actores políticos se profesionalicen.

La pregunta número tres plantea la reducción del número de asambleístas. La inquietud que surge es si, con menos representantes en el Legislativo, la corrupción, la mediocridad, el oportunismo y la ausencia de referentes ideológicos desaparecerá o al menos será menos visible.

La respuesta que salta a la vista es que no. Todos los males de la Asamblea Nacional se mantendrán, aunque el reparto será entre menos personas.

De otro lado, en términos comparados, la legislatura de Ecuador es de las más pequeñas de América Latina si se toma en cuenta el número de representantes por cada 100.000 habitantes.

Por tanto, no hay un argumento de peso para la pregunta planteada más allá del intento de aprovechar el descrédito de la Asamblea Nacional para poder posicionar al Gobierno con una respuesta favorable desde la ciudadanía.

Si había la genuina intención del Gobierno de cambiar la vergonzosa situación de la Asamblea Nacional, se podía preguntar, por ejemplo, si la ciudadanía está de acuerdo en que para ser candidato se requieran al menos tres años de afiliación al partido o movimiento político.

Con esa simple pregunta se eliminaba a los actores políticos oportunistas que, con sus votos generados por clientela bajo el brazo, transitan de una a otra organización electoral.

Esa reforma evitaba que los afiliados a los movimientos y partidos políticos se sientan desincentivados cuando en el proceso de selección de candidaturas no sean ellos los elegidos, sino quienes aparecen de último momento, sea por su popularidad, su cercanía con el dueño de la agrupación o el peso de su chequera para comprar el espacio en la lista.

Otra pregunta que se pudo proponer es que si un legislador llega por un partido o movimiento político y posteriormente, en el ejercicio de sus funciones, se desafilia de la organización, la consecuencia inmediata sea la pérdida de la curul.

Con esa simple reforma se minimizaba el oportunismo que se observa sobre todo al inicio de los períodos legislativos cuando, ad portas de elegir las dignidades de la Asamblea Nacional, los 'independientes' empiezan a evidenciarse.

Si bien es cierto en ocasiones la separación del legislador obedece a razones ideológicas u objeciones de conciencia, en la mayoría de los casos se debe al intercambio de votos por favores o, dicho de otro modo, al intercambio de votos hacia el Gobierno de turno a cambio de espacios de poder desde los que se puede generar corrupción.

La pregunta número cuatro propone que los movimientos políticos mantengan al menos el 1,5% de afiliados en función del registro electoral de su jurisdicción.

Aunque vista así la propuesta gubernamental puede ayudar a reducir el excesivo número de organizaciones electorales de este tipo, la duda que surge es si el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene los recursos humanos y económicos para propiciar una auditoría periódica sobre la fidelidad de la información.

Si se conoce que el CNE carece de profesionalización de sus funcionarios y que las asignaciones a puestos clave varían en función de la correlación de fuerzas políticas, esa duda toma más cuerpo y la posibilidad de que la reforma no pase de ser un saludo a la bandera se afianza.

Si la intención fidedigna del Gobierno era reducir el número de organizaciones políticas, quizás establecer umbrales electorales más claros habría ayudado mucho más y con menos margen de maniobra para quienes, sin alcanzar los votos mínimos, pueden recurrir a argucias para mantener su registro electoral.

Al respecto, cabe anotar que en Ecuador existen partidos políticos que nunca han tenido representación legislativa y otros que no registran presencia en la Asamblea Nacional desde hace varios lustros y que a pesar de ello siguen ahí, campantes, con representación legal, con capacidad de ofrecer sus espacios en las listas a cambio de prebendas.

Esta reforma no solo habría facilitado al CNE el control del cumplimiento de los umbrales electorales, sino que podía incidir también para reducir el número de partidos políticos existentes en el país. 

Si el Gobierno tenía interés genuino en cambiar en alguna medida el quehacer de la política partidista en el país, pudo proponer preguntas clave y profundas, no lo ha hecho.

Como en otras consultas populares, se ha impuesto nuevamente la idea de utilizar este mecanismo de democracia directa para fines particulares y no en aras al beneficio general.

Por ello se afirma que, aún con el triunfo del sí en la consulta popular, poco cambiará la política del país.