El subsidio a los combustibles es malo, eliminarlo por decreto es peor

El subsidio a los combustibles, incluyendo diésel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) alcanzó USD 1.164 millones entre enero y mayo de 2022, de acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

Anualizando esa cifra se estima que se llegaría cerca de USD 3.000 millones hasta finales de año.

Valor anualizado con base en datos de enero a mayo:

Por su parte, los ingresos por exportación de petróleo y derivados de empresas públicas ascendieron a USD 4.256 millones en el mismo periodo de cinco meses, lo que equivale a USD 10.214 millones anualizados.

Tanto el subsidio a los combustibles que se da en el diferencial entre el ingreso por ventas internas menos el costo de importación de estos derivados de petróleo, cuanto el ingreso por exportaciones de empresas públicas depende del precio internacional del petróleo.

Es así como al subir el precio del petróleo aumenta el rubro de subsidios, pero además aumentan los ingresos del Estado por las exportaciones que se generan. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, Ecuador tiene ingresos adicionales de USD 48 millones.

El subsidio se entiende y se financia por el hecho de ser un país petrolero; y en términos fiscales, tanto el rubro de subsidios a los combustibles como el ingreso de exportaciones, se debe analizar en términos netos (ingresos menos costos) que se generan para el país.

Sin embargo, es importante revisar el subsidio a los combustibles por varios motivos, entre los que se encuentran: reducen el espacio fiscal disponible para usos alternativos; genera un incentivo al uso de combustibles fósiles con altas emisiones de CO2; y, se trata de un impuesto regresivo dado que, como estima el Grupo Faro, apenas el 13,8% del subsidio a gasolina y el 25,7% del subsidio al diésel llega al 40% más pobre de la población.

El subsidio no es bueno, pero eliminarlo por decreto es mucho peor.

En primer lugar, genera malestar social, activando protestas y movilizaciones que paralizan y dividen al país. Muestra de ello son las movilizaciones de octubre de 2019 y junio de 2022.

Intentar eliminar el subsidio a los combustibles, para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin diálogo previo, es un error que cometieron el actual y el pasado gobierno.

Segundo, el malestar se genera porque la eliminación del subsidio afecta a quienes menos tienen. Siendo cierto que la mayor parte del subsidio se concentra en niveles socioeconómicos altos; el porcentaje que llega al 40% más pobre representaría en 2022 alrededor de USD 247 millones anuales, lo que equivale a USD 3,02 mensuales por persona.

Este valor es superior al ingreso por persona de los hogares del 40% más pobre, cuyo promedio fue de USD 2,20 diarios durante 2021. Es decir, mayor a un día de ingreso. Perderlo es afectar su bienestar.

Tercero, la eliminación del subsidio dentro de una lógica de reducir el déficit fiscal se percibe injusta cuando no trata de la misma manera al subsidio al Impuesto a la Renta, que, por concepto de exoneraciones tributarias, reciben las sociedades, valor que en 2020 alcanzó los USD 1.577 millones.

O cuándo poco se hace para recuperar los USD 1.896 millones que 500 empresas tienen como deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Cuarto, la reducción del monto del subsidio de los combustibles, que en 2020 alcanzó apenas los USD 389 millones frente a USD 12.33 millones de 2019, no repercutió en aumentos en los presupuestos de salud y educación; por lo que no es verdad que liberar estos recursos permitiría aumentar la inversión social. No ha sido así, por lo cual no es creíble.

Por estas razones, intentar eliminar el subsidio por decreto es un error.

Se lo puede reducir dialogando, para acordar un mecanismo de focalización, a fin de proteger a quienes más lo necesitan y a los sectores productivos en los que estas personas trabajan; y excluir a personas y empresas que pueden cubrir el precio sin subsidio.

Avanzar hacia la eliminación del subsidio requiere de políticas estructurales en dos vías: realizar inversión pública en refinerías regionales de alta conversión que permitan la producción de derivados de petróleo para cubrir la demanda interna, y así reducir las importaciones y por ende el subsidio; y, establecer una política pública de transición energética para reemplazar vehículos, maquinarias y equipos que actualmente requieren combustibles fósiles, por nueva tecnología con base en energía eléctrica.

Eliminar el subsidio a los combustibles requiere planificación para lograr soberanía en el marco de una transición energética. No es un tema de política fiscal únicamente, sino de un proceso de desarrollo con conciencia social y ambiental.