El Chef de la Política
Una sociedad castrada y el movimiento indígena
Politólogo, investigador de FLACSO Ecuador, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip).
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Hoy concluyen noventa días de negociaciones entre el Gobierno y las organizaciones indígenas.
Más allá de los posibles acuerdos, puntos de tensión y espacios para posteriores movimientos estratégicos de ambos sectores, hay un tema central que se ha discutido poco y que rebasa las temáticas de las mesas de discusión: el país tiene en el movimiento indígena al único actor medianamente articulado, organizado y con legitimidad propia.
Como consecuencia de ello, la porción de la ciudadanía que no se adhiere a la posición de la Conaie, carece de espacios de expresión de sus demandas políticas, económicas o sociales.
Desde luego, esta descripción no puede ser asumida como una forma de restar legitimidad a la acción de la dirigencia indígena ni debe servir como argumento para minimizar las mesas de diálogo.
Por el contrario, este es un buen argumento para debatir en torno a lo que podría denominarse una sociedad castrada, debilitada en cuanto a mecanismos de expresión, negada en su capacidad de reproducirse.
Una sociedad en la que los que no se sienten parte del ideario indígena, simplemente, deben sumirse en la impotencia de no hallar forma alguna de colocar su visión del mundo en el campo de lo político.
Esa castración cada vez toma más cuerpo y se difumina en el tejido social, pues aún los grupos de izquierda que quieren apalancarse a la movilización indígena, saben y están conscientes que lo que ha hecho la Conaie no les pertenece.
Allí hay un proceso autónomo en el que son simples convidados de piedra, estimados camaradas.
Dicho en términos conocidos por todos, aunque muchos se quieran subir a la camioneta de la Conaie, la presión política suscitada y que ha llevado al Gobierno a las mesas de negociación, son las propias estrategias diseñadas por el movimiento indígena por si y para sí.
Los partidos políticos fueron en algún momento el espacio en el que diversos puntos de vista podían tener espacio en la discusión del país. Ya no lo son. Es debatible, en realidad, si en algún momento del pasado inmediato lo fueron.
Los movimientos políticos han caído, con el paso del tiempo, en algo similar a los partidos. En cuanto a la movilización social, ahora es vía telemática. La comodidad venció a la acción colectiva. Por tanto, ahí tampoco hay mucho que auscultar.
Los gremios profesionales, que podrían orientar al país en sus temas de especialización, tampoco cumplen ese rol y se limitan a ser escuchados a cuenta gotas cuando algún evento crítico aparece.
De las universidades, ni hablar. Cero a la izquierda, en buena medida. Lo dicho, a lo que debe sumarse la pálida asociación ciudadana, dan cuenta de una sociedad castrada. Una sociedad sin capacidad de producir ideas, sin espacio para la reacción, sin referentes en los que pueda hallar una forma de expresión de sus propias ideas.
Por eso es que las mesas de diálogo entre el Gobierno y la Conaie se podrían mirar como un espacio en el que se encuentran representados solo algunos sectores.
Desde luego que esto es así para una parte de la ciudadanía, pero no ocurre porque el movimiento indígena busque imponerse, sino porque, guste o no, es el único grupo organizado que tiene el país.
A pesar de todas las limitaciones económicas y la exclusión histórica que llevan tras de sí, o quizás precisamente por ello, los indígenas son los que gozan de un canal autónomo de expresión de su posicionamiento político.
Por tanto, la castración social del país no tiene que ver la Conaie sino con la desidia del resto de actores políticos y sociales de Ecuador.
Salir de la sociedad castrada es un reto no solo porque se necesita entereza para reconocer el diagnóstico, sino también porque en esa realidad no hay nada que reprochar a la capacidad de presión política de la Conaie.
Por el contrario, quizás un buen ejercicio sea analizar en mayor profundidad las razones por las que la organización indígena es la única con capacidad de negociación frente al poder constituido.