El salario básico debe aumentar de forma progresiva y sostenida

El Consejo Nacional de Trabajos y Salarios tiene hasta el 22 de diciembre acordar el incremento al salario básico unificado (SBU).

Si no hay acuerdo, entre los delegados de trabajadores y empleadores, le corresponde al Gobierno, a través del Ministro de Trabajo, fijar el salario.

Es importante considerar que el SBU lleva dos años congelado en USD 400 mensuales, en el marco de las políticas del anterior gobierno de dar alivio a las empresas, cargando los perjuicios a las personas trabajadoras (reducir jornadas y salarios, y congelar el SBU). Corresponde entonces una revisión salario al alza.

En este marco, se espera que el presidente Guillermo Lasso cumpla su oferta de campaña en cuanto al incremento del SBU hasta USD 500. En este sentido, se esperaría un incremento, por lo menos parcial, hacia esta meta; en caso contrario estaríamos ante un claro incumplimiento de su programa de gobierno.

Se pueden encontrar por lo menos cuatro argumentos que justifican aumentar el salario básico en el país:

Primero, Ecuador vive un momento de desaceleración económica desde 2015, fruto del cual el peso de las remuneraciones sobre el total del valor agregado bruto ha caído del 42% al 40% en 2019.

Es decir, del total producido, cada año se ha reducido el pago al trabajo, priorizando el pago a las rentas de capital, y aumentando de esta manera la desigualdad.

Segundo, el SBU de USD 400 cubre apenas el 56% del costo de la canasta familiar básica (CFB) que es de USD 715,31, a noviembre de 2021; aun incluyendo los décimos tercero y cuarto salarios, que unas personas mensualizan y otras no, y que muchas destinan para gastos adicionales a los de la CFB, la cobertura no supera el 65%.

Únicamente cuando se aplica el factor de que los hogares tienen 1,6 perceptores de ingreso, se logra una cobertura completa de la CFB; cometiendo un error de medición, al aplicar un factor promedio estadístico que no refleja la realidad de los hogares más vulnerables que son justamente, en los que difícilmente más de una persona tiene empleo formal.

Tercero, la elevada informalidad laboral, que a octubre de 2021 concentra el 52% del empleo genera un impacto en el mercado laboral presionando a la baja los salarios.

En este sentido, como principio pro personas trabajadoras, en cuanto a proteger el poder de negociación, evitando que se vean forzadas por necesidad (vulnerabilidad generada por la crisis) a aceptar condiciones contrarias a sus intereses, se debe incrementar el SBU para evitar la precarización y la explotación en el empleo formal.

Finalmente, salir de la actual crisis económica requiere que se fortalezca la capacidad de consumo de los hogares, aumentando sus ingresos, y por ende incrementado el SBU.

Esto además de cuidar el bienestar de los hogares es beneficioso para las empresas, ya que se fortalece el mercado en el cual ofrecen sus productos.

Por las razones expuestas, el aumento del SBU debe darse de manera prioritaria y sostenida, como parte de un pacto nacional para la reactivación económica y la garantía del bienestar de las personas, sobre todo de las más vulnerables.