Reparto político de hospitales a dirigentes y asambleístas confirma que la corrupción mata

Cuando el país empieza a levantar cabeza, a pesar de que el miedo al contagio persiste, los ecuatorianos se enteran, con indignación, que los hospitales en los que murieron sus seres queridos, han devenido en cueva de ladrones donde se ha usufructuado con la vida de la gente.

Para que nadie de la banda de contratistas pierda se turnan para presentar la oferta “más ventajosa”. Una mascarada en la que, al final del día, todos celebran, mientras al pueblo agoniza por falta de atención y medicina.

Los hospitales del país son enfermos incurables, atacados por el virus de la corrupción, inoculado desde las altas esferas. Hipócrates se echaría a llorar.

Ha sido un secreto a voces que la política se ha apoderado de los centros hospitalarios, a tal punto que la gente ha normalizado semejante aberración. ¿Cómo llegaron a adueñarse de las casas de salud sin tener parte en el asunto?

En diciembre de 2019, el portal La Historia reveló que el apoyo a la consulta popular convocada por el presidente Moreno, en 2017, en Guayas provino del colectivo 'Somos Ecuador', integrado por 80 organizaciones.  

Respaldaron las siete preguntas, entre las cuales dos eran gravitantes: la designación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, y la eliminación de la reelección indefinida.

En la línea del tiempo, este apoyo coincide con la posesión de Luis Jairala Zunino, como gerente general del hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo, el 26 de octubre de 2017. En el puesto estuvo menos de un año.

La consulta popular fue también apoyada, de manera entusiasta, por el movimiento FE y el PRE de los Bucaram. Portales de investigación  mencionaron, tiempo atrás, su injerencia en los hospitales; el tema ha cobrado revuelo. Está en diarios y canales.

La gestión de Jairala Zunino fue de menos de un año, pero en una auditoría la Contraloría halló un perjuicio para el hospital por USD 32 millones, por sobreprecio en la adquisición de medicinas. El caso está en la Fiscalía. 

El último trimestre de 2019, el capítulo de Manabí de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) hizo el mapa de esa provincia con los nombres y fotos de los asambleístas que tenían, supuestamente, la 'administración' de los hospitales en cada cantón. 

Los nombres de Karla Cadena, Carlos Bergmann, Karina Arteaga, Daniel Mendoza, Teresa Benavides y del exárbitro de fútbol, Carlos Vera, fueron mencionados. Algunos protestaron, otros amenazaron al periodista Marlon Puertas que difundió el mapa.

En la línea del tiempo, el hallazgo, la semana pasada, de fajos de billetes de USD 100 y de USD 20 en maletas y bolsos durante los allanamientos que la Fiscalía, con el apoyo de la Policía, ejecutó en Portoviejo, Calceta, Pedernales y Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí, y que suman USD 662.191, en efectivo, y USD 1.032.529 en cheques, coincidió con una votación crucial en la Asamblea.

Entre los detenidos está Jean Carlos Benavidez, asesor del asambleísta Daniel Mendoza. Funcionarios públicos y un empresario vinculado al Consorcio Pedernales-Manabí, a cargo de la construcción del Hospital Básico de Pedernales, están entre los sospechosos.

La Asamblea aprobó las dos leyes urgentes del Ejecutivo, lo que le valió al presidente de la Asamblea, César Litardo, presentarse en una cadena nacional, para decir que cumplieron con el país. 

Ojalá tuviera una cadena nacional para que se refiera a las denuncias y sospechas que pesan sobre los asambleístas en el manejo de los hospitales, así como a los allanamientos en Los Ríos, su provincia.

Lo que ocurre en las alturas del IESS, donde el presupuesto para la compra de equipos, medicinas, insumos y servicios hospitalarios es USD 1.900 millones anuales, es tema aparte, y explica la voracidad por el cargo y por qué el poder 'escoge' con tanta minuciosidad el nombre de su delegado.

El mecanismo de corrupción es un monstruo de mil cabezas, destruirlo implicará tiempo y determinación. El país está en un abismo. El reparto de los hospitales es criminal. Cuántas muertes por Covid-19 se habrían evitado si la corrupción de antes y de ahora no hubiera desmantelado las casas de salud.

Si Lenín Moreno no está enterado de estos repartos, podría ser considerado un gobernante incompetente; si lo sabe, preside un gobierno corrupto.

Tras las medidas económicas anunciadas el martes 19, un dirigente indígena ha anticipado un “estallido social”. Nada dice del retaceo de los hospitales como cuota política, tampoco de quién reparte.

Si alguna revuelta tendría que haber en Ecuador es contra la corrupción y la impunidad, pero no será protagonizada por dirigentes sobreestimados y ansiosos de poder, que se hacen los desentendidos ante esta otra pandemia que ha infestado a Ecuador. 

La protagonizará la gente llana que clama justicia por sus muertos y que evoca a Emilio Zapata cuando dijo: “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”.