A renovar la Corte Constitucional

El 5 de febrero del año entrante, mediante sorteo, tres de los nueve jueces de la Corte Constitucional dejarán sus cargos. Para la selección de sus reemplazos, la primera acción a tomar es la integración de la comisión calificadora, compuesta por seis personas designadas por el Presidente Guillermo Lasso (2), la Asamblea Nacional (2) y la Función de Transparencia y Control Social (2).

Esta comisión es decisiva, pues será la encargada de organizar el proceso que culminará con la designación de los tres nuevos integrantes del más alto tribunal de justicia constitucional del país.

Hace un par de días, el Presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, solicitó a las tres fuentes de nominación que en el transcurso de los siguientes diez días envíen los nombres de quienes formarán parte de la citada comisión.

Más allá del cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para quienes integrarán este grupo, y que son los mismos que se demandan para ser juez constitucional, aquí el país tiene la gran oportunidad de observar en qué medida los principales actores políticos están efectivamente comprometidos con la institucionalidad democrática y el resarcimiento de la ética pública.

Por ejemplo, un punto de partida para los tres nominadores es que en esa comisión, y menos aún en las posteriores ternas de candidatos a jueces constitucionales, pueden estar quienes formaron parte de la ignominiosa corte cervecera, en funciones hasta 2018.

En esa lista de quienes canjearon sentencias a cambio de recursos económicos, favores de distinta naturaleza o cargos para sus allegados, no solo están los que efectivamente fungieron como jueces sino también sus acólitos.

Me refiero a aquellos que, con rimbombantes cargos de secretarios técnicos, generales u otros, se dedicaron a la tarea de guardar billetes en las cajuelas de los vehículos, transportar efectivo en fundas de basura o utilizar al personal administrativo para esconder el dinero generado por el gran negocio que constituyó la justicia constitucional.

Esta es, por tanto, la gran oportunidad del Presidente Lasso para decirle a la ciudadanía que tiene interés en propiciar un país en que la justicia constitucional funcione de forma adecuada y el control de los posibles excesos del poder recaiga en personas que no estén acostumbradas a la genuflexión ante el gobernante de turno.

Aquí el espacio también para que, más allá del discurso, el Presidente Lasso demuestre con hechos que está comprometido con la seguridad jurídica que requieren el inversor extranjero y los agentes económicos nacionales.

Si hay vocación cívica en el Jefe de Estado, en sus manos está designar a dos personas que más allá de sus destrezas profesionales y conocimientos en materia constitucional, sean intachables ante el escrutinio público.

Una mujer y un hombre, ambos juristas aunque con diferentes visiones de lo que es el derecho y la convivencia democrática. Una designación así para la comisión calificadora valdrá más que una consulta popular.

La renovación de la Corte Constitucional también le ofrece a la Asamblea Nacional la posibilidad de reivindicarse ante el país. Más importante que las estrategias comunicacionales o las constantes proclamas de la Presidenta Guadalupe Llori en el sentido de que en la legislatura sí se trabaja, designar a dos ciudadanos probos para formar parte de la comisión calificadora puede ser un importante insumo para que la ciudadanía cambie la percepción negativa que tiene sobre la Asamblea Nacional.

Ahí está la oportunidad para que, desde las distintas bancadas, se envíe un mensaje claro de renovación. Candidatas y candidatos con prestigio académico y solvencia ética, hay. Ojalá desde la legislatura exista la decisión política para priorizar la discusión de esta designación pues aquí está el punto de partida de lo que puede llegar a ser la orientación de la Corte Constitucional de los tres años venideros.

Danilo Sylva, quien preside la Función de Transparencia y Control Social, tiene un reto también con la dupla que debe designar. Dirigir una instancia en la que muy pocos creen y que una parte del país prefiere que deje de existir, no debe ser cuestión fácil.

Sin embargo, acá la historia le da la posibilidad de plantear un punto de inflexión. Cuánta legitimidad ganaría esta Función, ahora con dos de sus integrantes tras las rejas, si de allí salen los dos mejores perfiles de la futura comisión calificadora de la Corte Constitucional.

Ahí está la oportunidad para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social proponga nombres de juristas capacitados e independientes que den credibilidad y legitimidad no solo a este proceso, sino que además de allí se derive una base de apoyo para consolidar el concurso de Contralor en el que se encuentran inmiscuidos.  

En seis meses tres de los nueve jueces constitucionales se irán. Más allá de la pérdida que eso representa para el país, pues el grupo en general ha hecho un buen trabajo, el reto ahora es que la comisión calificadora esté integrada por seis personas conocedoras del derecho y a la par íntegras en términos éticos.

Por ello, nadie vinculado con la corte cervecera puede estar allí y menos aún entre los candidatos a ocupar los tres espacios que quedarán disponibles en febrero de 2022.

En manos de Guillermo Lasso, Guadalupe Llori y Danilo Sylva está la responsabilidad de ofrecer al país un trato digno a uno de los poquísimos espacios públicos que funciona relativamente bien.

Nada de mequetrefes, embusteros o sinvergüenzas. Esa debería ser la consigna para la designación de los comisionados.

El país tiene que estar alerta, pues de esta comisión dependerá la orientación del concurso para integrar la Corte Constitucional.