Las reformas del Gobierno llegarán "muy pronto"

Las semanas pasan y la propuesta del Gobierno para reactivar la economía del país no llega a la Asamblea Nacional. Cada ministro hace declaraciones sobre las reformas que se podrían venir en su sector aunque siempre hablando desde las generalidades.

En cuanto algún periodista acucioso indaga en temas puntuales, la reacción es siempre la misma: hay que esperar, muy pronto llegarán los anuncios oficiales, muy pronto se enviará el paquete de propuestas a la Asamblea Nacional.

A la par, el Presidente Lasso entra en el mismo juego: a cuenta gotas dá algunas pistas de lo que se podría venir. Cada gota la derrama en un medio de comunicación distinto, por lo que en cada entrevista el país se va enterando de alguna novedad, algún cambio, alguna nueva idea.

Al final, entre lo que dice el Jefe de Estado y lo que plantean sus ministros lo único uniforme es el "muy pronto".

Desafortunadamente, el "muy pronto" se presta para una serie de interpretaciones. Para unos significa hoy, para otros mañana, para algunos, la semana entrante. En lo que hay acuerdo es en que nadie en el país sabe qué quiere decir "muy pronto" para el Gobierno.

Varias lecturas se pueden dar a esta ausencia de claridad en la agenda económica y política que nace desde Carondelet. La primera es que se trata de una decisión concertada que busca disuadir en unos casos; y, persuadir en otros, a la Asamblea Nacional.

Alargar el envío de los proyectos de ley para de esa manera permitir que la exposición pública de los legisladores se deteriore más, como consecuencia de los actos delincuenciales que engalanan a varios de ellos, puede ser una de las explicaciones.

En dicho escenario, cuando la Asamblea Nacional se oponga a las propuestas del Ejecutivo, porque en eso no creo que hay mayor espacio para la duda, la posibilidad de la consulta popular tomaría forma.

El problema que tendría el Gobierno es que una vez convocada, la consulta ya no giraría en torno a la credibilidad o no de la Asamblea Nacional sino en función de los temas específicos. Dicho de otra forma, mucha gente que tiene una opinión contraria a la Asamblea Nacional y su desempeño, al mismo tiempo, podría votar NO. Son temas distintos y el votante no necesariamente vincula uno con otro.

Además, en este escenario el Gobierno debería tener presente que existe la posibilidad de que la Asamblea Nacional asuma el desafío, dé curso a los proyectos de ley, los enmiende de forma tal que pierdan el sentido original y los devuelva al Ejecutivo para su aprobación o veto.

En ese caso las circunstancias cambiarían y la inacción de la legislatura perdería espacio como argumento para la consulta popular. Desde luego, aquello implica que la oposición alcance una mayoría que en realidad no es muy difícil de obtener: 47 votos de UNES más 24 de Pachakutik son suficientes. Si a esa coalición se suma el PSC pueden llegar incluso a 85 votos.

No obstante, este escenario también deja abierta la posibilidad de que el Presidente vete parcialmente el proyecto aprobado por la legislatura y lo devuelva con modificaciones. En ese caso, para insistir en su propuesta la Asamblea Nacional requeriría de 92 votos. Allí los 12 independientes jugarían un rol clave.

Si la legislatura consigue la mayoría calificada, la posible consulta popular ya no tendría sentido. Si el Ejecutivo se impone, la consulta popular tampoco tendría sentido. Ergo, la consulta popular es viable si y solo si la Asamblea Nacional deja de pronunciarse de forma expresa.

La otra lectura, que no es del todo opuesta a la anterior, es que las dilaciones en el envío de las propuestas de ley tengan como punto de partida incrementar la erosión de la Asamblea Nacional para de allí proponer los cambios bajo el rótulo de "urgencia económica".

En dicho caso, los legisladores tendrían apenas 30 días para aceptar, negar o enmendar la propuesta del Ejecutivo. Allí hay dos salidas. La primera salida es similar a la del escenario anterior.

La oposición consigue la mayoría y aprueba los proyectos con reformas sustanciales. Luego vendría nuevamente el escenario de la objeción presidencial exitosa o de la imposición legislativa exitosa. En ambos casos, la consulta popular perdería sentido.

La segunda salida es que, ante las limitaciones que trae consigo el corto plazo de 30 días, la Asamblea Nacional no pueda resolver la propuesta del Gobierno y, por tanto, entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. En dicha circunstancia, la consulta popular, obviamente, es innecesaria.

Sin embargo, las condiciones quedarían expeditas para una pugna de poderes de magnitudes. Sería el escenario de un choque de trenes y el paso a un juego estratégico de confrontación pura.

La tercera lectura es que el Gobierno no tiene una agenda definida y por ello el "muy pronto" justifica el conjunto de indecisiones. Si esto es así, ojalá a la brevedad en Carondelet encuentren un horizonte político y económico pues el país está cayendo en desesperación y angustia.

Para muestra un botón. Hace pocos días, cuando se decía que estaría por darse un remezón en el gabinete ministerial, los cambios fueron mínimos y la incertidumbre respecto al curso que tomarán sectores clave, como el agrícola, siguió incrementándose.

Por ello, el país espera que ahora, cuando el "muy pronto" del Gobierno llegue, las propuestas ante la Asamblea Nacional sean claras y contundentes. Alargar la disputa con la legislatura, que ahora luce beneficiosa para el Ejecutivo, pronto podría tomar un rumbo distinto.

Además, desafiar demasiado con la posibilidad de la consulta popular en determinado momento resultaría contraproducente.

Si hay la suficiente capacidad de reacción entre los asambleístas, allí se podría gestar una mayoría que tramite y apruebe con muchos cambios las propuestas del Gobierno. Como se ha dicho, en ese caso, la consulta popular quedará guardada en el baúl de los recuerdos.