¿Quién negocia por Lenín Moreno en los meses de Gobierno que le quedan?

Crisis económica, costos de la pandemia y año electoral son la mezcla perfecta para que las calles empiecen a calentarse y la efervescencia social vaya en aumento. Si a ello se agrega la diversidad de demandas, actores y estrategias de protesta, lo previsible es que la conflictividad sea una de las variables con mayor peso en el escenario político nacional del corto plazo.

Por lo variopinto tanto de protagonistas como de objetivos que se hallarán tras las movilizaciones, las acciones del Gobierno para afrontar los embates de las organizaciones sociales y políticas tendrán que ser diferenciadas y aplicadas en función del tiempo que resta hasta que el país se inmiscuya en los dimes y diretes de las elecciones legislativas y presidenciales de 2021.

Dado que la convocatoria del CNE está fijada para el 17 de septiembre, el año político del Gobierno terminará no más allá de octubre. Por tanto, son cinco meses en los que el país espera decisiones coherentes y que apunten a propiciar la necesaria estabilidad para que el proceso de rehabilitación de la economía nacional rinda sus primeros frutos.

Por un lado, la relación del Gobierno con las organizaciones indígenas, no sólo aquellas agrupadas alrededor de la Conaie, tiene que asumir una orientación diferente. Si bien los eventos del mes de octubre dejaron una herida abierta, es el momento de la negociación. En la definición conjunta de los términos en los que se focalizará el subsidio a la gasolina y el diésel podría hallarse el punto de partida para reducir los espacios de tensión ahora existentes.

Además, las diferencias observadas al interior de la dirigencia indígena, sobre todo en lo relativo al tipo de relación política que asumirán con el expresidente Correa, ayudan a que los acuerdos puedan fluir. De hecho, la ausencia del movimiento indígena en las protestas de la semana pasada podría ser interpretada como una señal de que las conversaciones ya han iniciado y que van por buen camino.

Por otro lado, el Gobierno requiere acercarse a sectores sociales con los que su relación se ha visto mermada a raíz de las medidas asumidas como consecuencia de la pandemia de Covid-19 y los desequilibrios fiscales.

En esa línea, universidades, servidores públicos y trabajadores en general, podrían ser compensados en alguna forma en lo que resta del año. Si bien es cierto, la ausencia relativa de recursos económicos dificulta acuerdos de largo plazo, siempre es posible tender puentes, generar concesiones y aminorar el descontento generado por la reducción de los ingresos de unos y otros.

Aunque la actual capacidad de movilización de los sectores expuestos es menor que la que tenían hace un par de décadas, sus demandas tienen impacto en la opinión pública y en los medios de comunicación; por ello, es necesario que el Gobierno establezca una agenda de negociación que sea viable en las condiciones que afronta el país.

Independientemente de los acuerdos a los que se pueda arribar con los actores ya descritos u otros, hay dos cuestiones que son clave para que las tensiones decrezcan en los cinco meses de Gobierno “real” que le quedan al Presidente Moreno.

La primera, es que los acercamientos deben darse de forma prudente, sin aspavientos. La fina política, que es la que se requiere en este caso, debe ser manejada de forma cautelosa y sin necesidad de exponer a sus protagonistas. En ese aspecto, el mejor negociador es el que pasa desapercibido y consigue resultados efectivos.

La segunda, tiene que ver con la necesidad de mejorar o al menos no empeorar más la bajísima credibilidad del Jefe de Estado. Para ello, una buena opción es limitar al máximo su presencia en medios de comunicación. No hay exposición pública del presidente Moreno que no derive en críticas, comentarios de todo calibre y, en definitiva, en un deterioro de su propia imagen y del Gobierno al que representa.

La crisis económica, sanitaria y social que vive el país, sumada al fragor del ambiente electoral, avizoran un convulsionado entorno político en el futuro inmediato. Frente a dicho escenario, la necesidad de que el Gobierno tienda puentes con quienes pueden calentar de forma efectiva las calles, debería ser una prioridad.

Para ello, en lo que le resta de vida útil al Gobierno, que no son más de cinco meses, se requiere de alguien con capacidad de cabildear oportunamente y con la mayor discreción posible.

Alguien que pueda acercarse a diversos sectores y proponer una agenda mínima de temas para la discusión.

Alguien, en definitiva, a quien las ínfulas y el deseo de exposición no le superen frente a la necesidad urgente del Gobierno de alcanzar acuerdos políticos. En definitiva, un Raúl Baca Carbo o un Marcelo Santos Vera, dirían los que recuerdan la política de antaño.