¿Quién gana y quién pierde con la salida de la ministra de Gobierno?

Con más de cien votos a favor de la moción de censura y destitución, María Paula Romo ha dejado de ser la vocera de la política y la seguridad interna del país.

Una amplia coalición integrada por la Revolución Ciudadana, CREO, PSC, buena parte de Alianza País y algunos asambleístas del BIN y BADI, puso término a su gestión. A juzgar por los treinta y seis votos alcanzados por Romo cuando intentó llegar a la Vicepresidencia, su salida era plenamente previsible.

Poco efecto tuvieron los mensajes disuasorios de días previos, a través de los que la exministra intentó poner en alerta a los asambleístas sobre sus posibles vínculos con los innumerables escándalos de corrupción que azotan al país.

Por el contrario, esa estrategia convenció a los legisladores que la destitución era la vía más segura para poner una cerrazón a la posibilidad de que se conozcan más detalles sobre los hospitales repartidos, cargos públicos subastados y las prebendas a las que muchos de ellos han accedido a lo largo de estos tres años.

En resumen, y aun cuando Romo ya no es ministra, el juicio político instaurado en su contra de ninguna manera borra o minimiza la impresión ciudadana de que la Asamblea Nacional se ha convertido en una guarida de gente de mal vivir.

Por tanto, lo que resta por analizar son los efectos políticos de los votos para la destitución de Romo. Para la Revolución Ciudadana, se afianzó su lectura de que los hechos de octubre de 2019 fueron una revuelta popular, carente de violencia, y que su objetivo era reivindicar al país frente a una decisión gubernamental ilegítima. Por tanto, el intento de golpe de Estado como móvil de lo ocurrido ha perdido fuerza en la discusión pública.

De hecho, ha triunfado la tesis que sostiene que los excesos vinieron desde la Policía Nacional y que la agresión a los bienes públicos y privados se enmarcó dentro de lo previsible y lo tolerable dentro de un régimen democrático.

Colateralmente, la actuación de algunos líderes indígenas, como Jaime Vargas o Leonidas Iza también fue minimizada en cuanto se los consideraba actores disruptivos del orden constituido.

En el plano puramente electoral, la destitución de Romo sirve para potencializar la candidatura de Andrés Arauz como la legítima opositora del Gobierno de Lenín Moreno.

En cuanto a CREO, sus votos buscaron privilegiar el acuerdo en la papeleta presidencial por encima de cualquier otra cosa. Si el matrimonio por conveniencia con el PSC, que cuesta cada vez más sostener, la abstención o voto en contra de CREO podía ser la causal de un divorcio accidentado, con gritos y destapes de por medio. Por ello, era preferible cortar por lo sano y mantener la supuesta armonía.

Adicionalmente, habrá existido seguramente el cálculo electoral en el sentido de que apoyar a la destitución de la exministra colocaría a los candidatos de CREO y PSC como distantes del Gobierno. Queda por ver si la ciudadanía asimila de esa forma dicho mensaje político.

Si se considera que el actual ministro de economía fue candidato vicepresidencial de Cynthia Viteri en la última elección y que, cada vez más gente vinculada directa o indirectamente con CREO se acerca al Gobierno, resulta difícil creer que la estrategia asumida cale entre los votantes aún indecisos.

Con lo dicho, si la Revolución Ciudadana aparece como el actor mejor posicionado luego del juicio político a Romo, quien lleva la peor parte es la Policía Nacional. El claro mensaje que queda tras bastidores es que la acción policial en eventos como los de octubre de 2019 no fue respaldada desde el poder político.

Aunque los asambleístas han intentado minimizar esta interpretación de la realidad, señalando que la interpelación y destitución de la exministra de ninguna forma debe ser entendida como una acción contra el personal policial, el argumento es tan endeble que se cae por sí solo.

Así, no solo se ha provocado una afectación al proceso de reinstitucionalización de la Policía Nacional sino que se ha generado un peligroso precedente hacia futuro.

Cualquiera que llegue a la Presidencia en mayo de 2021 tendrá que requerir apoyo a la misma institución a la que ahora, con los votos de sus partidos, ha dejado en entredicho en cuanto a la legitimidad de los procedimientos utilizados.

Con María Paula Romo fuera de juego, resta por analizar quien asumirá la conducción política en lo que queda de la administración de Lenín Moreno.

Dado que el nuevo ministro claramente se dedicará a la seguridad ciudadana y a aplacar el malestar interno que cunde en la Policía Nacional, la relación del Gobierno frente a actores políticos, gobiernos seccionales y grupos de presión aún no tiene un responsable directo.

En dicho escenario, la opción de vincular las demandas políticas con la distribución de recursos económicos alrededor de un solo actor podría ser una alternativa.

En ese caso, el ministro de Economía, que conoce también de los dimes y diretes de la política, podría ser quien, sutilmente, se encargue de ambas dimensiones. A modo de comparación, bien podría darse el caso de que Mauricio Pozo pase a convertirse hoy en la Ana Lucía Armijos de la década de los noventa.