Que se vayan todos... y que vengan otros iguales (o peores)

¡Que se vayan todos! Esa es la bandera de lucha que muchos políticos, de forma irresponsable y demagógica, intentan afianzar entre la población.

Si bien es cierto que el sentir ciudadano es de orfandad y desconfianza hacia varias arenas de toma de decisión pública, no hay que dejar de lado el hecho que quienes están interesados en trabajar por el bien común deben precautelar, precisamente, que las decisiones sean las que busquen el mayor interés de la ciudadanía, sobre todo de la menos favorecida en términos económicos y sociales.

Posicionar, fomentar o legitimar ese discurso no le hace bien a la democracia ni va a mejorar en nada la situación actual. La razón de lo dicho es que el problema que atraviesa el país está fundamentalmente relacionado con las reglas del juego político.

Aunque el comportamiento de los actores también tiene su grado de responsabilidad en la lamentable situación que vivimos, lo de fondo ahora mismo es de orden normativo.

En la Asamblea Nacional, si se van todos vendrán otros que serán designados bajo las mismas reglas del Código de la Democracia.

Por tanto, muchos de los nuevos asambleístas serán elegidos luego de haber comprado el puesto en la lista de un partido o movimiento y, como consecuencia de ello, llegarán a la legislatura no solo a buscar la forma de recuperar su inversión, sino además los medios para producir beneficios adicionales.

Como en la Asamblea Nacional no se pueden hacer negocios ilícitos de manera directa y el sueldo es insuficiente respecto a lo previamente entregado al gerente propietario de la organización política que patrocinó a este grupo de nuevos legisladores, la vía que queda es intercambiar con el gobierno de turno los votos por sub secretarías, gobernaciones, directorios o cualquier espacio público en el que sea posible generar corrupción.

Otros llegarán sin saber siquiera de qué se trata la actividad de legislar y fiscalizar, siendo su única carta de presentación el ser hermano, padre, madre, agnado o cognado del líder partidista.

Unos pocos, cada vez menos, serán los que tendrán buenas intenciones y deseo de trabajar por el país. Esos asambleístas pronto se desincentivarán del trabajo legislativo al presenciar la mediocridad y falta de ética de sus pares.

Ofendidos, y con justa razón, de ser llamados colegas de la gran mayoría de asambleístas ya mencionados, optarán por silenciarse o abiertamente abandonar la Asamblea Nacional.

Como se ve, la diferencia entre los de ahora y los que pueden venir es mínima, insignificante. Nuevos nombres y las mismas prácticas.

Entonces, ¿vale la pena posicionar el 'que se vayan todos' si todo va a seguir igual o incluso peor? ¿Vale la pena movilizar a la ciudadanía hacia un proceso de inestabilidad que siempre se sabe cómo empieza, pero nunca cómo puede terminar?

¿No será que la irresponsabilidad está ganando espacio entre los que se dicen nuevos en la política, pero que con sus actitudes operan igual o peor que aquellos respecto a los que dicen diferenciarse?

Algo similar ocurrirá en el Ejecutivo si el grito de 'que se vayan todos' toma forma. Nuevas elecciones, nuevo gobierno.

El presidente, cargado de promesas y objetivos por cumplir, chocará pronto con una Asamblea Nacional fragmentada, con una bancada legislativa minoritaria (lo de Alianza País en la época del expresidente Correa fue un caso atípico) y se verá sometido al chantaje y la extorsión tanto de los que buscan recuperar lo invertido en campaña como de los que pretenden mantener sus prebendas a través del aparato estatal, sea para saquearlo, sea para promover impunidad, o para ambas cosas.

Si las elecciones de legisladores fueran en segunda vuelta, quizás este sombrío escenario podría variar, pero ese no es el caso. A similares reglas, ¿por qué la realidad debería variar en mayor medida?

En los gobiernos seccionales sucede lo mismo. Alcaldes y concejos municipales en pleno, "pa fuera, pa la calle", como dice la canción de Christian Ray. Nuevo burgomaestre y nuevos concejales.

Uno y otros arribarán representando a movimientos seccionales de papel, carentes de ideología, de estructura y también de recursos económicos, que deberán ser extraídos de las arcas públicas.

Aunque unos pocos llegarán con ideas innovadoras en favor de su ciudad, buena parte cumplirá el mismo papel del asambleísta depredador: extorsionar al alcalde, pedir cargos en los que existan mayores oportunidades para la corrupción e intercambiar votos por favores.

Sin reformas previas que permitan cohesionar las listas de candidatos a alcaldes y concejales de forma tal que quienes gobiernen las ciudades tengan apoyo suficiente en el Concejo Municipal, lo que ahora sucede en Quito y otras ciudades del país se repetirá de forma casi indefectible.

Con ello, ¿'que se vayan todos' para que todo continúe igual es una salida coherente y esencialmente responsable?

Los problemas de la política se resuelven cambiando las reglas (normas) o modificando el comportamiento de los actores (personas).

En ocasiones, cambiar las reglas puede provocar variaciones en el comportamiento de los actores. En otras ocasiones, a pesar de mantener las reglas, los actores pueden alterar su manera de operar.

En el caso actual, no se ven razones por las que, bajo las perniciosas reglas que establece el Código de la Democracia, la manera como se hace política en el país pueda cambiar, siguiendo el argumento de 'que se vayan todos'.

Por tanto, la salida, al menos parcial, a la lapidaria situación del país, está en reformas integrales a las reglas de juego, las de las agrupaciones políticas y las de las elecciones.

Como eso no va a pasar, porque a nadie le interesa hacerlo, cambiar unos nombres por otros antes de los períodos electorales no tendrá otro efecto que mantener las mismas dinámicas de mediocridad y delincuencia organizada de ahora, pero con otros nombres.

¿Vale la pena ser tan temerario y aupar ese discurso tan nocivo y que llevará al país a una situación aún peor que la actual?