Cinco puntos críticos para la inversión en minería en Ecuador

Es importante que el Ejecutivo tenga una estructura y una capacidad adecuadas para implementar y hacer cumplir las leyes y regulaciones mineras. Debiera existir una coordinación efectiva entre las diferentes entidades gubernamentales involucradas. Las disputas políticas, y la toma de decisiones tardías en relación con otras funciones del Estado, debilitan la institucionalidad. Las empresas necesitan tener seguridad de que existe transparencia y oportunidad en la gestión de los procesos: el retraso en un permiso es una pérdida no solo para una empresa, sino para el país.

Algunas leyes y regulaciones importantes que deben ser consideradas en 2023 son la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, la Ley de Recursos Hídricos y la Consulta Ambiental. Estas disposiciones legales se han trabajado desde hace algunos años, sin embargo, la coyuntura política no ha permitido avanzar en ellas, concretar y contar con normas específicas para el desarrollo de un proyecto minero. Se trata de uno de los principales desafíos que debe ser tratado por la Asamblea Nacional. En medio de la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin contar con la presión de sectores anti extractivos, la gestión de estas normativas puede verse viciada por intereses particulares. La Ley de Consulta Previa, Libre e Informada es un mecanismo de socialización y un derecho colectivo reconocido por la Constitución de Ecuador y por instrumentos internacionales. Desde hace años se espera la normativa secundaria que viabilice este derecho y contar con un mecanismo y una institucionalidad adecuada para ejecutar estos derechos. Sin embargo, como lo menciona el convenio 169 de la OIT, "no es excusa la falta de norma para la aplicación de los derechos consagrados". El Estado no ha dejado nunca de socializar y de consultar a las comunidades de las zonas de influencia de un proyecto minero, las normas secundarias ambientales también prevén estas actividades como actos administrativos previos para cualquier permiso e ingreso a un territorio. Es un tema sensible, que no solo se resuelve con una norma, sino un diálogo permanente que busque llegar a puntos de encuentro, que en muchos casos son diferencias a la hora entender el espacio, el territorio y el habitar. Recordemos que en las mesas de diálogo de la Conaie con el Ejecutivo se puso como uno de los acuerdos no avanzar en nuevos proyectos mineros, hasta que estas normas estén promulgadas. Tal compromiso no debe leerse como un beneficio para un sector o un triunfo de esas mesas, sino como una obligación del Estado. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, debe emitir un reglamento para la consulta ambiental, que permita socializar el alcance de un estudio de un proyecto específico en un territorio donde se desarrollará un proyecto minero. La mayoría de empresas mineras están en Ecuador con una expectativa de exploración, gracias al potencial geológico del país y bajo unas reglas, normas, leyes que fueron socializadas para el proceso de adjudicación de áreas. En el camino cambiamos no sólo las normas, sino también las decisiones políticas, lo cual además de generar un riesgo e inseguridad para las partes, causa el desorden que promueve actividades ilícitas. El gobierno del Presidente Lasso, tiene el desafío de enviar una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada en los próximos meses, promulgar una norma de Consulta ambiental y una nueva Ley de Recursos Hídricos, cuerpos legales que pueden demorarse meses en los escritorios de autoridades y legisladores. Mientras tanto, las empresas continúan invirtiendo en los países vecinos y los mineros ilegales ganan espacio.

Es importante que el Ejecutivo y las empresas mineras sean transparentes en sus datos y acciones, demostrando un compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad social y ambiental. Además, se debe involucrar a las comunidades locales y garantizar que se respeten sus derechos y se promueva un diálogo transparente y participativo, generando espacios de confianza que mediante datos y no relatos. La minería industrial es nueva en Ecuador, es necesario invertir en informar y buscar los mecanismos adecuados para que todos los ciudadanos sepan qué se hace, dónde y para qué.

La comunicación y el diálogo con los grupos de interés relacionados con la minería, como las comunidades locales, los trabajadores, las empresas y el Ejecutivo, son esenciales para garantizar el éxito de los proyectos mineros. Es importante que exista una comunicación clara y transparente, que fomente el diálogo y la participación de todas las partes interesadas. Una comunicación que no responda a una coyuntura específica, como un paro. Mucha de la desconfianza entre los sectores opositores a la minería se da por falta de información clara que explique cómo se hace minería industrial. Hay que comunicar y dialogar para generar confianza entre las partes.

Los minerales son de todos los ecuatorianos, proteger los territorios no es cuidar a una empresa, es cuidar el patrimonio del país. Riesgos como el crecimiento de la minería ilegal deben ser una prioridad, tanto para el Estado como para las empresas. Las acciones ilegales y delictivas no solo dañan el ambiente, afectan a las comunidades y a las personas. Una de las estrategias más efectivas para mitigar el riesgo de la actividad ilícita es la ejecución de una minería legal, de proyectos responsables y sostenibles. Donde hay información geológica y pobreza, siempre va a haber minería, no tener una planificación adecuada nos lleva a que se devaste el ambiente y crezcan las mafias delictivas de la minería ilegal. El riesgo es para todos.