Lasso busca rehuir responsabilidades en los asesinatos de prisioneros

En el transcurso del año han sido asesinadas 327 personas dentro de Centros de Rehabilitación Social. El mayor número se registró el 28 de septiembre, cuando 118 personas perdieron la vida. La última masacre sucedió el 13 de noviembre, con 62 muertes.

Son actos de violencia injustificados. La solidaridad con las víctimas y sus familias debe manifestarse en la exigencia social de que el Estado garantice que no vuelvan a ocurrir este tipo de tragedias.

Los asesinatos son responsabilidad del Estado. Los crímenes que se cometieron responden a un Estado que falló en su función más básica: cuidar la vida de las personas.

No hay duda de que vendrán denuncias y sanciones en el marco de los derechos humanos, exigiendo al Estado hacerse responsable, pagar indemnizaciones y reparaciones, y tomar medidas para cuidar la vida de las personas privadas de la libertad.

El Estado falló en la obligación constitucional de proteger a los reclusos que, siendo un grupo de atención prioritaria, tienen el derecho a "contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad" (Artículo 51, numeral 4).

El Estado incumplió además el artículo 201 de la Constitución que manda: "El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos".

Es por lo señalado que el mensaje del Presidente se recibe como un 'lavado de manos'. Rehuyendo responsabilidades se busca posicionar la idea de que la culpa es de todos los demás.

La tarde del 13 de noviembre hizo un "llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional", como si el problema fuera nuevo, olvidando que es el Jefe de Estado, el responsable del sistema de rehabilitación social, que está cumpliendo su noveno mes en el poder y que hace apenas dos meses se había dado otra masacre.

La noche del 16 de noviembre, anunció que espera enviar un proyecto de ley, que ha conseguido apoyo internacional, y que conformará una comisión para la pacificación sin negociación. De esta manera, la solución deberá venir de otro lado.

Las responsabilidades son claras. Al Presidente le corresponde tomar acciones, a la Función Judicial garantizar el respeto a los derechos humanos, y a la Asamblea Nacional realizar control político.

Es tiempo de que cada quien haga lo que le corresponde, y dejar de intentar 'tapar el sol con un dedo'. No se pueden permitir nuevos asesinatos.