Reestructuremos a la Policía Nacional

El caso de la abogada María Belén Bernal puede ser visto desde diferentes dimensiones, todas importantes y concluyentes en el sentido que se ha perdido una vida y eso es irrecuperable.

Más allá de las perspectivas de género, las de orden jurídico o las de naturaleza social, hay una serie de reflexiones institucionales de mediano y largo plazo que deberían instalarse en la discusión del país.

Este tipo de debate, anclado en el espacio de las políticas públicas y sus efectos, no solo abonará a que en el futuro se reduzcan casos deplorables como el que ahora nos convoca, sino también a que se estructuren temas de agenda estatal.

Temas que vayan más allá del gobierno de turno y de la coyuntura. La reestructuración de la Policía Nacional es uno de ellos y es hacia el que la sociedad debería girar su atención.

Lo ocurrido con Bernal no es un caso aislado de incumplimiento de protocolos y de errónea comprensión de los alcances y límites del mando policial, sino una práctica recurrente en dicha institución.

Aunque esta premisa no es absolutamente concluyente, hay una serie de hechos que han rodeado a la gestión de la Policía Nacional en los últimos meses y años, que refuerzan esta apreciación.

En efecto, escándalos como el del Isspol, o los de miembros de la institución envueltos en redes de corrupción o pertenencia a grupos de delincuencia organizada, son algunos ejemplos que permiten sostener dicha conjetura.

Así, lo que revela lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía no es más que un reflejo, doloroso y frustrante, de algo que es estructural y que es un secreto a voces: la institución policial necesita un reordenamiento de su doctrina, de sus lógicas de operación y de la formación que reciben sus miembros.

No se trata, por tanto, de renovar los mandos policiales. Eso es cambiar todo para que todo siga igual. Allí el problema no es de personas (aunque sí en alguna medida) sino de la concepción del servicio policial como un campo de articulación entre el aparato estatal y la ciudadanía.

Desde esa perspectiva, un razonamiento inicial, que puede parecer evidente, pero que en general no se lo asume como tal, es que el policía no es militar. El servidor policial es un agente civil encargado de ejecutar ciertas prerrogativas estatales para las que necesita no solo tener una formación técnica, sino además una comprensión amplia de la realidad nacional e internacional.

En ese aspecto, una formación holística, en la que las artes liberales cumplan un papel determinante, es esencial en el nuevo servidor policial. Bajo el esquema que actualmente se impone en la Escuela Superior de Policía y en las distintas instancias de formación de esa institución, ese objetivo es inalcanzable.

Nuevamente, no es cuestión de personas, es un tema estructural.

Se puede decir también que para abordar, con seriedad, el cambio en la Policía Nacional no alcanza con soluciones coyunturales, como el mea culpa de sus máximas autoridades, ni con salidas simbólicas aunque insuficientes, como cambiar la denominación de los grados policiales, ahora tomados de los que rigen en las Fuerzas Armadas.

Incluso la idea de una universidad policial resulta poco útil y eficaz en las actuales circunstancias.

De hecho, lo ocurrido en estos días con la abogada Bernal da cuenta de que una institución académica para la formación policial en la que sean sus propios miembros los que la dirijan no sería más que una reproducción de la irreflexiva comprensión del mando que ahora impera en esa institución.

Articular las demandas de la Policía Nacional con algunas de las universidades existentes en el país sería más beneficioso y demandaría menos inversión pública.

La noticia triste para la ciudadanía sobre la reestructuración policial, si se verifica, es que los cambios se podrán observar al menos en el mediano plazo, no antes de una década. Lo previo será simplemente una transición en la que los escándalos continuarán presentes, aunque en medida descendente.

Hay que tener claro que cuando se apoderan de una institución códigos de comportamiento en los que lo ilícito se halla normalizado, los cambios positivos son lentos, de ida y vuelta, y sobre todo cuestan mucho.

En efecto, esos cambios cuestan mucho no solo en la medida que recobrar la confianza ciudadana no es cuestión fácil, sino también en cuanto requieren una inversión económica considerable.

Si queremos una mejor Policía Nacional, por tanto, hay que asumir que esa nueva institución no llegará de un día para otro. 

Ojalá el Gobierno tenga la decisión política para asumir una reestructuración seria y frontal de la Policía Nacional. En la búsqueda de proyectos emblemáticos que dejen una impronta del paso del Presidente Lasso por Carondelet, este tema es clave.

Aquí tienen la oportunidad de oro para ser bien recordados. Ustedes, en el Gobierno, pueden pasar a la historia no por la carretera o el mega proyecto, ambos importantes también, sino por haber dado los pasos iniciales hacia una nueva concepción de la Policía Nacional y su rol en la sociedad.

Ese sería el mejor legado al país y una alternativa sostenible para que cada vez se sumen menos abogadas Bernal a la larga lista de hechos de este tipo que generan pesadumbre y desazón al país.