El Chef de la Política
Ese sueldo no alcanza ni para los cigarrillos
Politólogo, investigador de FLACSO Ecuador, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip).
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Esa es la declaración del ministro de energía, Fernando Santos Alvite, que ha dado vuelta en redes sociales y se ha prestado para diferentes comentarios.
Si quería exponerse públicamente y ser motivo de críticas, el ministro efectivamente logró su cometido.
Al andamiaje de memes, de los buenos y de los malos, que han seguido a la desafortunada aseveración ministerial, hay que agregar un punto más que tiene que ver con la salud pública y la esperanza de vida de la población.
Si el gerente de Petroecuador gana aproximadamente USD 6.000 por mes y ese ingreso no le alcanza ni para los cigarrillos, eso quiere decir que el sujeto que acepta dicho cargo fuma más de seiscientos tabacos por día.
En ese caso el problema no es el sueldo sino el marchante. Mejor aún, con ese ritmo de vida no hay poder que mantenga con vida al gerente de Petroecuador. Una verdadera chimenea.
Sarcasmo aparte, el sueldo mensual de ese funcionario es lo que gana a lo largo de un año una persona con un salario mínimo vital. Más grave aún, en el país buena parte de la población vive con menos de un salario mínimo vital por mes.
En perspectiva, la declaración ministerial no solo es desafortunada sino que carece de la más mínima empatía social.
Nos debatimos entre el desempleo galopante y un secretario de Estado arroja semejante adoquín a la cabeza de la ciudadanía, y se echa sobre sí mismo un manto de dudas, pues la gente bien podría decir que si las cosas son así es difícil entender por qué él mismo aceptó un cargo ministerial con un rango salarial semejante al del gerente de Petroecuador.
Quizás el ministro no fuma y ahí se entiende. A pensar mejor antes de decir las cosas, señor ministro.
A pensar mejor para discernir lo que se puede hacer público y lo que es preferible mantener en la discusión eminentemente técnica y profesional, señor ministro.
Pero el exabrupto del secretario de Estado va más allá de lo anotado. Ante las dificultades que dice haber hallado para encontrar alguien que fume menos y se contente con USD 6.000 de sueldo por mes, el ministro declara haberse tenido que conformar con "lo que da la tierra".
Aunque allí la agresión no es a los sectores más desprotegidos del país en el plano económico, sí lo es para decenas de ecuatorianos con suficientes capacidades profesionales y destrezas para ocupar el cargo de gerente de Petroecuador, incluso a cambio de los insignificantes USD 6.000 mensuales.
Acá el problema en realidad, señor ministro, no es la ausencia de personas con los atributos profesionales suficientes para cumplir el encargo.
El problema es que a quienes podrían estar interesados en servir al país desde esa posición les aterra las manos de la política y la corrupción que campean en esa empresa pública.
Dicho así, el conflicto no es que la tierrita no dé más sino que el Gobierno ha sido incapaz, en cerca de dos años de gestión, de poner cierto nivel de orden y transparencia en Petroecuador.
Así, la ausencia de mejores postulantes a la gerencia de esa empresa debería servir como un termómetro del desempeño del Ejecutivo a lo largo de este tiempo.
No es cierto que el sueldo no alcanza ni para los cigarrillos, lo que sí es cierto es que la gente honorable que podría desempeñarse como gerente en Petroecuador no está dispuesta a cubrir un cargo cuya estabilidad depende de cuánto se ceda ante intereses particularistas, sedimentados históricamente en esa empresa.
Aunque no se puede negar que en ese sector hay un problema de mercado que hace menos competitivo el régimen salarial del sector público respecto al privado, no se puede desconocer que en lo de fondo no se trata de cuanto fume el gerente de la estatal petrolera sino de cuanto roban y presionan las mafias enquistadas en esa institución.
Para que Petroecuador y el sector público en general puedan reclutar ciudadanos honestos y de mejor perfil es necesario brindar seguridades en términos de permanencia en los cargos.
Para ello, las presiones políticas deben ser diezmadas y la corrupción controlada. Esas son tareas de los gobernantes y no de los ciudadanos, incluso de los que fuman más de USD 6.000 al mes.
Cuando eso suceda y la Contraloría deje de ser observada por el funcionario público como un ente inquisidor, frente al que es imposible hacer bien las cosas sin ser escrutado con informes de responsabilidad por nimiedades, allí incluso los más acérrimos fumadores mirarán al Estado como un espacio para desarrollar una carrera cívica de servicio al país.
No es el problema que la tierra no da. El problema es que los gobernantes ahuyentan a los mejores con su inacción, en unos casos, y abierta complicidad con la corrupción, en otros casos.