Urge una revolución contra la pobreza

Entre los desafíos más urgentes que tendrá el nuevo Gobierno aparecen en primera plana el combate a la criminalidad y entenderse con una Asamblea que, si sigue como la anterior, estará integrada por vacunadores disfrazados de legisladores, que no tienen ningún interés en el país.

Y, aunque esos temas sí son prioritarios, hay otros asuntos, como la pobreza, que también son urgentes, y cuya atención es fundamental para complementar la lucha contra la violencia y la criminalidad.

El nuevo mandatario recibirá un país con un 27% de ecuatorianos viviendo en condiciones de pobreza; esto es, en Ecuador, ese porcentaje de personas sobrevive con un ingreso familiar per cápita de USD 89,29 mensuales.

En el área rural esa cifra llega al 46,4%, mientras que en la zona urbana es de 22,6%.

Si se analizan no solo las carencias económicas, y se considera a la pobreza multidimensional, es decir, las privaciones en educación, salud, trabajo, seguridad social, agua, alimentación, vivienda y medio ambiente, los números empeoran, pues el 38,1% de la población experimenta condiciones precarias en esas áreas.

En la zona urbana la proporción es de 23,2% y en la rural es 70,1%.

Con ese panorama, y con un nivel de pobreza que creció en el último año, queda en evidencia que las políticas de combate a la pobreza vigentes en el país necesitan ser repensadas, y que la pobreza también debería estar en la agenda de prioridades.

Repensar la política social, o mejor el sistema de Protección Social, va más allá de pensar en aumentar el valor de los programas de transferencia de renta, como el Bono de Desarrollo Humano.

Esto, tampoco implica crear un nuevo Bono o cumplir el ofrecimiento de campaña del presidente electo de duplicar el Bono Infancia con Futuro, que ya existe.

El estancamiento en la reducción de las cifras de la pobreza y el altísimo nivel de pobreza multidimensional, en un ambiente de violencia y criminalidad como el del país, constituyen un llamado para cambiar el paradigma de la política social ecuatoriana y apuntar a medidas que ayuden efectivamente a reducir la pobreza en el mediano y largo plazos.

El sistema de Protección Social actual es limitado, en el sentido de que considera a la pobreza solo la falta de dinero y, a pesar de que recibir USD 50 mensuales puede librar a una familia de morir de hambre, no favorece cambios permanentes.

En otras palabras, el sistema de Protección Social no ayuda a las personas a librarse de la trampa de la pobreza, porque no les provee de herramientas para que puedan volverse económicamente independientes.

Sino que, de alguna manera, garantiza su permanencia en el círculo vicioso, al no estar vinculado con herramientas efectivas para salir de la pobreza, como el empleo formal y la educación .

Además, el sistema de Protección Social ecuatoriano es limitado porque, como en una especie de lotería, son atendidos unos pocos y quienes, probablemente más lo necesitan, están fuera del sistema, debido a que ni saben que existen políticas sociales que les podrían beneficiar, sobre todo en el área rural.

No es coincidencia que en el área rural se presenten las tasas de pobreza más altas, especialmente, en la población indígena.

Esa lotería también "premia" a quienes alcanzan el mínimo requerido para ser beneficiarios, cuando, en realidad, esa línea que divide a las personas pobres de las no pobres es invisible, pues no hay diferencia entre quienes viven con USD 89,90 y USD 90, da lo mismo.

El sistema de Protección Social ecuatoriano tampoco cuida de lo más sagrado que tiene un ser humano: la dignidad y la libertad.

Los programas de transferencia de renta, aunque no en la forma que existen ahora, nacieron al final de la década de los 90, y aún no hemos entendido cuál es su objetivo, por qué existen y se estigmatiza a sus beneficiarios, creando muchos mitos en torno a quienes viven en pobreza y peor si reciben un Bono.

Entonces, la nueva política social debería ir en la dirección de considerar el carácter multifacético de la pobreza y trazar un camino para que las personas encuentren una puerta de salida.

Para esto, es necesario visibilizar todo lo que esconde la pobreza, y que garantiza su transmisión entre generaciones, esto es, privaciones en salud, educación, infraestructura, nutrición, acceso a la justicia, participación política.

La nueva política social debería ser ambiciosa, no solo desde el punto de vista económico, sino porque esta debería garantizar a sus beneficiarios: dignidad, libertad, seguridad económica, autonomía y, lo más importante, no debería excluir a ninguna persona vulnerable, en otras palabras, debería ser universal.

Lo anterior también implica una propuesta ambiciosa porque para implementarla debería generarse no solo un nuevo pacto social sino también tributario.

La justificación para no hacer mayores cambios, y seguir como siempre, puede ser el corto periodo del nuevo mandatario, sin embargo, la inversión en la política social no puede esperar más, los ecuatorianos no pueden seguir pasando hambre ni viviendo en condiciones precarias.

Si bien un cambio de esta envergadura requerirá de un largo camino, hay que empezar, sin más excusas.

Al igual que Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, quien esta semana escribió una carta al presidente electo, pidiéndole que rompa el círculo vicioso de la pobreza y la inseguridad, también me dirijo al nuevo mandatario para clamar por atención a las personas vulnerables del país.

Me permito pedirle al nuevo presidente que incluya a la pobreza en su agenda de pendientes urgentes, no para mantener lo que ya existe, sino para que sea el protagonista de una revolución en el sistema de Protección Social y dé los primeros pasos para erradicar la pobreza.

El combate a la pobreza también es un tema urgente.