Miami, los petrolavadores y sus mansiones

Tarea de ladrones, dice la gente con visible indignación, al enterarse por información irrefutable, del saqueo al país por parte de quienes han manejado el negocio petrolero, que les ha significado levantar fortunas, secando las arcas de la institución que es de todos los ecuatorianos.

Petroecuador, la mayor empresa del Estado, ha sido fuente inagotable para la más horrenda corrupción. Allí deben haberse forjado las primeras mafias del país.

La estatal ha probado todos los modelos de negocio, pero la corrupción nunca se ha detenido, porque una cosa es cambiar el nombre y el status de la empresa y, otra, tener al frente a personajes sedientos de dinero.

Tres casos vinculados al negocio del crudo que se ventilan en la justicia han sacudido al país, en estos días, aunque los nombres de la mayoría de involucrados ya se conocían.

La revelación de Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya) de haber entregado, en persona, un maletín con USD 300.000 en efectivo al exfiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, causa asombro e indignación, porque nadie es loco para auto incriminarse con semejante denuncia.

De hecho, la Fiscalía ha iniciado investigación previa por concusión contra quien comandó esa institución.

Capaya, quien fue ministro de Hidrocarburos y gerente de Petroecuador durante el correato, y cumple una condenada en la cárcel, acusado por corrupción, ha dicho que el dinero provino de Alex Bravo, entonces administrador de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

Esa repotenciación fue otra obra fallida, en la que el Estado perdió cientos de millones de dólares y otros se llevaron el dinero.

Pareja habló de una “gran estructura criminal” para encubrir actos de corrupción, que le significarían al país un perjuicio de USD 5.000 millones.

Estarían involucradas unas 30 personas, comenzando, según dijo, por Rafael Correa y Alexis Mera.

Tiempo atrás se escribió un libro sobre el festín del petróleo y Fernando Villavicencio ha escrito dos al respecto. Hay para otros tomos más.

La historia de los hermanos Antonio y Enrique Peré, quienes montaron un entramado societario para repartir los dólares mal habidos, entre altos funcionarios del correísmo, revelada por El Universo, es de pavor.

Antonio vivía en una mansión en Miami. Tras ser detectado por la Justicia de Estados Unidos, para evitar ser refundido en la cárcel juró, al igual que su hermano, colaborar.

Revelaron nombres, montos y circunstancias de la corrupción petrolera. Mossack Fonseca, de Panamá, les creó las empresas, a través de las cuales pagaban los sobornos.

Delataron a sus panas y socios, a quienes grabaron y filmaron, sin que ellos supieran. Cayeron redondo.

Nilsen Arias, quien fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, durante siete de los 10 años del correísmo, es uno de ellos. Habría recibido USD 17,8 millones en coimas y sobornos. 

Arias fue detenido en Estados Unidos, acusado de presunto lavado de activos; se declaró culpable. Hoy colabora con la justicia.

Lo que vaya a revelar tiene a muchos ecuatorianos, que ocuparon las más altas funciones en el país, al borde de un ataque de nervios.

El caso Petrochina es colosal.

Las ventas anticipadas, el canje de deuda por petróleo con China y también con Tailandia y todo el entramado de empresas; las rutas del crudo y los intermediarios causan perplejidad. 

Los Peré, en total, habrían repartido USD 72 millones en coimas y sobornos.

En estas circunstancias, uno no puede dejar de imaginar a los libretistas de Netflix con la boca abierta ante tanta audacia y sinvergüencería de estos malos ecuatorianos, que superan la ficción que ellos difunden.

Petroecuador es el becerro de oro ante el cual se han rendido políticos de todo pelambre ideológico, técnicos, expertos y empresarios arribistas.

En el caso Singue, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia ha anulado la sentencia de ocho años de prisión contra el exvicepresidente Jorge Glas y otras seis personas.

Este caso da cuenta de otro filón que contribuye a la impunidad: la actuación de los jueces.

Expertos y conocedores afirman que el proceso fue hecho sin rigurosidad, que hay vicios procedimentales, porque el perjuicio al país existe, pero ya no se podrá probar.

Los informes de la Contraloría tampoco fueron bien estructurados; nadie es responsable. Hay nulidad procesal. En fin.

Si el robo del dinero de los ecuatorianos provoca rabia, el que no se recupere ni un centavo, genera frustración colectiva.

El país solo ha pagado por laudos y fallos arbitrales, pero nada ha quitado a los que se llevaron la plata del pueblo.

Por negligencia, ineptitud o lo que fuere, la Procuraduría y la UAFE son morosos con el país.

La Fiscalía general del Estado también debe acelerar el paso. Hay que borrar esa sensación de que solo reacciona cuando la justicia de Estados Unidos ha tomado decisiones.

La gente está harta no solo porque no se castiga a quienes asaltaron los dineros públicos, sino porque estos corruptos, a quienes Ecuador les quedó chico, viven en mansiones de millones en zonas exclusivas, en especial en Miami, donde exhiben, con impudicia, la plata mal habida.

Pero no hay crimen perfecto. A los corruptos y, en este caso, a los petrolavadores siempre se les escapa algo y la justicia gringa encuentra el hilo que lleva al ovillo de la trama y los procesa. ¡Muchas gracias!