¿Para qué sirve una Constitución?

Esencialmente, una Constitución sirve como hoja de ruta para la consecución de la sociedad política, económica y social que se pretende instaurar.

La Constitución, vista como conjunto de normas básicas, da cuenta, desde otro punto de vista, del contrato firmado por la población a partir de criterios de bien propio y bien común.

Ambos. Una Constitución sirve, por tanto, cuando convergen en su texto los intereses de cada persona y los que provienen de la comunidad a la que los asociados se adscriben.

Esa comunidad, modernamente hablando, se denomina Estado. Aunque la pregunta y debate propuestos parecerían básicos o incluso triviales, en realidad no lo son.

La simpleza termina cuando la discusión deriva hacia el tipo de estructura constitucional que permite que las sociedades puedan cumplir los objetivos que colectivamente se han planteado.

Una Constitución que sirve, que resulta útil, refleja la diversidad de preferencias políticas de un país. Lo dicho no implica que en el texto constitucional se escriban, una a una, las distintas visiones o ideologías existentes.

Eso sería inviable, por un lado, y convertiría a la Constitución en un atado de contradicciones, por otro lado.

Ante lo dicho, la salida está en plantear declaraciones amplias, generales, que mantengan una idea de lo que se quiere como sociedad, pero que al mismo tiempo permitan la conducción del aparato estatal desde diferentes perspectivas ideológicas.

En términos simples, una Constitución sirve a los fines nacionales cuando cualquier agrupación política que llega al poder pueda poner en práctica sus objetivos de política pública sin que allí encuentre una traba insalvable.

Esa amplitud en el diseño constitucional garantiza, en buena medida, su permanencia en el tiempo.

No quiere decir que la Constitución no se pueda e incluso se deba cambiar. Si los temas gruesos de la vida política, económica y social varían, la norma suprema no puede estar ajena a la realidad.

Adaptar la Constitución e incluso cambiarla no debe ser visto como un reflejo inequívoco de inestabilidad, caos o cualquier calificativo despectivo.

Cuando las cosas deben cambiar, hay que hacerlo. Cambiar con la llegada de cada gobierno es otra cosa.

Lo primero es racionalidad acorde a los nuevos tiempos. Lo segundo es irresponsabilidad frente a los altos intereses de un país.

En Ecuador, la Constitución de 2008 no sirve a los fines del bien común. Ahí no se refleja la idea de una sociedad, sino la posición particularista de una organización política que de momento gobernó el país.

La ausencia de amplitud de criterios y el consiguiente deseo de hacer una Constitución partidista se refleja en la extensión del texto.

Más de cuatrocientos artículos para dictar declaraciones generales es un contrasentido y a la vez un atentado a la posibilidad de gobernar, generar políticas públicas eficientes y a la vez dar espacios de acción a los gobernantes de turno.

Si esa Constitución, la de Montecristi, fue útil a los sucesivos gobiernos de la denominada Revolución Ciudadana no es porque esté bien elaborada y concebida, sino por el abrumador apoyo popular del expresidente Correa.

De hecho, con menor respaldo legislativo y una situación económica menos favorable a la de antaño, ni el propio Rafael Correa podría gobernar con la enciclopedia que ahora tenemos por Constitución.

Desafortunadamente, para el país, no es el momento político para plantear una discusión seria sobre un nuevo proyecto constitucional.

No es el momento porque la realidad que nos cobija es altamente conflictiva y hay cuestiones que se deben privilegiar.

Bajo otra coyuntura, cuando la correlación de fuerzas políticas cambie, existan mayores espacios de diálogo y sobre todo la tensa situación que afronta el país, esencialmente por cuestiones relacionadas con la seguridad, sean mejores, habrá espacio para dedicarse a este tema.

Dicho de otra forma, aunque Ecuador requiere de una nueva Constitución, para ello habrá que esperar.  

Una Constitución sirve cuando es útil a las izquierdas y a las derechas. Una Constitución sirve cuando no tiene impresa la ubicación ideológica del grupo en el poder y excluye por completo a las oposiciones.

Una Constitución sirve cuando declara lo justo y deja a la legislación secundaria los detalles.

De todo eso carece la norma suprema del Ecuador. Esa es la mala noticia. La peor es que habrá que esperar mucho tiempo antes de intentar un nuevo diseño constitucional.