¿Por qué no pagan a tiempo los salarios al sector público?

Uno de los sectores más afectados por la crisis económica que azota al país es el de los servidores públicos. Criticados desde diferentes aristas, en ocasiones con argumentos pero en la mayoría de los casos sin otro sustento que no sea el puro prejuicio, los funcionarios del Estado han sido sometidos durante los últimos meses a una serie de atropellos y violaciones a sus derechos.

La principal agresión tiene que ver con el pago irregular de sus salarios. En efecto, bajo el discurso de la escasez de recursos, el Gobierno ha tomado por costumbre cancelar con dos y tres semanas de atraso a los servidores públicos.

El conjunto de afectados es variopinto y entre ellos se cuenta no solo a quienes laboran en dependencias del Ejecutivo sino también a maestros de educación básica y media, jueces y funcionarios del Poder Judicial y la Corte Constitucional, médicos civiles de hospitales militares y policiales, profesores y personal administrativo de universidades públicas.

En fin, la lista es larga y salvo muy pocas instituciones que no han caído en mora, en la gran mayoría de ellas la incertidumbre de saber cuándo se va a recibir el sueldo y, al mismo tiempo, cómo se sortearán las obligaciones familiares ya es parte de la cotidianidad.

A la calamitosa situación relatada se suma la reducción de salarios dispuesta por el Gobierno y los acuerdos del Ministerio de Trabajo que, sin plantear una política clara de evaluación, señalan que cualquier servidor público, con nombramiento o no, podría perder su cargo por decisión de la autoridad nominadora.

En tales condiciones, requerir que el aparato estatal funcione adecuadamente es simplemente una desfachatez. Por ello, los gobiernos que se interesan por la provisión de bienes y servicios públicos de calidad, tienen como una de sus prioridades mantener al día el rol de pagos de sus funcionarios.

Así, pagar sueldos al sector público en legal y debida forma es el símil del pan y la leche de cualquier hogar. Si aquello falta, hay un problema serio de gestión del gobernante o de la cabeza de familia.

Si bien nadie puede desconocer que hay problemas en la caja fiscal, tampoco se puede dejar de lado el hecho que el Gobierno ha señalado en varias oportunidades que ha recibido y sigue recibiendo créditos de diferentes fuentes.

Si esto es así, la pregunta que se formula no sólo el funcionario público sino la ciudadanía en general es ¿hacia dónde se están canalizando dichos recursos? Evidentemente, una parte se estará asignando a la crisis sanitaria pero de allí en más, nadie conoce cuál es el destino del resto de los fondos públicos.

De hecho, ninguna autoridad del Gobierno ha tenido la sensibilidad de afrontar el tema y mucho menos de transparentar el manejo de la escuálida economía nacional.

Como consecuencia de ello, las elucubraciones aparecen y, con el paso de los días, va tomando fuerza la idea de que el Gobierno prioriza el cumplimiento de obligaciones con acreedores de deuda pública antes que la resolución de temas esenciales del país, como el pago puntual a quienes con su trabajo permiten que el aparato estatal pueda mantenerse vigente.

Las dudas e interrogantes se extienden hacia la actitud asumida tanto por los representantes de los servidores públicos como por algunas autoridades que estarían obligadas a reclamar por la violación de los derechos que, mes a mes, sufren quienes forman parte del aparato burocrático del Estado.

La voz de Miguel García Falconí, el eterno mandatario de los empleados públicos, no existe más. De sus arengas y reclamos a los gobiernos por el respeto a sus representados solo existen recuerdos. Hoy por hoy, sus declaraciones parecen más las de un representante del Gobierno que las de quien defiende las causas e intereses de sus mandantes.

En la misma línea se puede ubicar al Defensor del Pueblo, dedicado prioritariamente a la tarima política y al proselitismo, ha dejado de lado por completo la protección de los derechos de los servidores públicos, entre ellos los de su propia institución. Las organizaciones sociales y de Derechos Humanos siguen la misma dinámica: silencio absoluto e indiferencia.

En el plano político, si los servidores públicos del país son más de trescientos mil, excluidos militares y policías, sus votos y los de sus familias dan cuenta de un porcentaje importante del padrón electoral. Al menos por esta razón instrumental, los actores políticos y los partidos deberían preocuparse por este tema y pronunciarse.

Sin embargo, su ceguera es tal que recién caerán en cuenta de la trascendencia de este grupo de votantes cuando el proceso electoral esté sobre la marcha y ya las afinidades políticas de este sector se hayan decantado por otras opciones, sobre todo aquellas que destrozaron la economía nacional pero que, a la par, fueron siempre puntuales en el pago de los sueldos.

En fin, da la impresión de que en el país a nadie le importa, salvo a los propios servidores públicos, lo que sucede mes a mes con sus salarios y las maniobras financieras que deben realizar para subsistir.

Sin desconocer que la reducción del tamaño del Estado es una necesidad económica y política, mientras ese proceso no se verifique, los salarios de los servidores públicos deben y tienen que ser cancelados puntualmente.

No hacerlo y, al mismo tiempo, pedirle al juez impago que administre justicia con eficiencia, es un despropósito. No pagar por sus servicios al médico y exigirle preocupación por sus actividades, es una ilusión. Que el maestro o el profesor universitario llegue a mediados del mes sin ingresos y se le reclame solvencia en su gestión, es inviable.

El compromiso y la convicción, desafortunadamente, se debilitan cuando el hambre o las cuentas golpean las puertas.

Por ello, el Gobierno está en la obligación de explicarle al país los motivos de los permanentes retrasos en el pago a los funcionarios públicos. Si no lo hace, el rumor de que en el Ministerio de Finanzas están priorizando los recursos del Estado para el servicio de la deuda pública va a convertirse pronto en una verdad. Cuando ello suceda, no habrá forma de que la opinión de la ciudadanía cambie. Están a tiempo.