Necesitamos un nuevo orden financiero internacional

En julio de 1944, la localidad de Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos) fue sede de los acuerdos que establecieron el orden financiero internacional, que rige desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Entre los principales resultados se encuentran la implementación del patrón oro-dólar (que fue abandonado unilateralmente por Estados Unidos en 1971, desde esa fecha toda emisión de dinero es “inorgánica”, no hay respaldo material).

La creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento (hoy en día Banco Mundial, BIRF-BM), y el inicio del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), que se transformó en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta reunión, cuyo objetivo fue el de consolidar el poder económico de Estados Unidos, planteaba generar cooperación financiera, fomentar el comercio, buscar estabilidad monetaria y canalizar recursos hacia países con problemas de balanza de pagos. El acuerdo se estableció entre 44 países, bajo el discurso de promover el crecimiento económico desde el comercio internacional.

Setenta años después (2015), buscando mecanismos de financiamiento para la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en Addis Abeba, con 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas se aprobó la Agenda de Acción sobre Financiación para el Desarrollo, que entre otros elementos señala:

• Mejorar la recaudación mediante la ampliación de la base tributaria, el combate a la evasión y elusión fiscal, la lucha contra la corrupción y la eliminación de los paraísos fiscales.
• Ampliar y potenciar la voz y la participación de los países en desarrollo en los procesos internacionales de adopción de decisiones y establecimiento de normas en materia económica y en la gobernanza económica mundial, superando los obstáculos que se oponen a los aumentos de recursos previstos y las reformas de la gobernanza en el FMI.
• Instar al FMI a que prosiga la labor encaminada a ofrecer respuestas financieras más amplias y flexibles a las necesidades de los países en desarrollo. Y que, de conformidad con su mandato, el FMI proporcione un nivel adecuado de apoyo financiero a los países en desarrollo que se esfuerzan por alcanzar el desarrollo sostenible a fin de ayudarlos en la gestión de todas las presiones conexas que afecten a la balanza de pagos nacional.
• Adoptar medidas para asegurar el funcionamiento apropiado de los mercados de productos básicos alimentarios y de sus derivados y pedir a los diversos órganos normativos pertinentes adoptar medidas para facilitar el acceso oportuno, preciso y transparente a la información de mercado en un esfuerzo por garantizar que los mercados de productos básicos reflejen adecuadamente los cambios subyacentes en la oferta y la demanda. Y para ayudar a limitar la excesiva volatilidad de los precios de los productos básicos.

En la misma línea, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, establece como metas: “movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo”, y “ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda”.

A diferencia de 1944 cuando se tenía como escenario buscar un mundo post-guerra y el interés económico de una potencia, las resoluciones de 2015 (y tantas anteriores) son exhortos de buena voluntad desde países en vías de desarrollo.

Ahora, en 2020, en el contexto de buscar un mundo post covid-19, y ante la necesidad de proteger la vida, recuperar la economía y garantizar el bienestar, se vuelve indispensable un nuevo orden financiero internacional que garantice y movilice recursos para el desarrollo.

Caso contrario eso a lo que están llamando “nueva normalidad” no será más que una excusa para lo mismo de siempre: subdesarrollo, desigualdad, pobreza, privatización y degradación ambiental.