Más que nunca es necesario (re) democratizar a la sociedad

El Estado se establece como la comunidad de personas para la búsqueda del bien común. Para su administración, y una vez que se fue haciendo más difícil el mantener grandes asambleas, se establece la democracia representativa para encargar el poder público.

El sistema de democracia representativa, sin embargo, ha caído en los últimos años en crisis. La gente ya no se siente representada, y esto se debe a que las personas electas no han “representado” a las mayorías. Se han limitado a buscar sus intereses personales y a favorecer a determinados grupos. De ahí la indignación, y la consigna de “no nos representan”.

El malestar es global, y se expresa por distintos motivos que van desde la degradación ambiental y la violencia contra las mujeres que se reclama en todo el planeta, la falta de autonomía que se rechaza en Cataluña y Hong Kong, y por medidas económicas que afectan a los sectores populares y de clase media por las que se protesta en Francia, Ecuador y Chile.

En todos los casos el factor común es la crisis de la democracia representativa. No se dialoga, no se consulta, sólo se impone; y se impone en favor de determinados grupos económicos, excluyendo a las grandes mayorías. Lo más grave es que se usa el “monopolio de la fuerza pública” para reprimir e imponer. La violencia de Estado.

El malestar nace, entre otros factores, porque aquellos que llegan a ocupar el cargo de representación olvidan que el poder no se da a una persona para que haga su voluntad, sino que se eligió con base en una propuesta que está obligada a cumplir.

En el caso ecuatoriano la Ley es explícita. El artículo 112 de la Constitución establece que quienes postulen a una candidatura de elección popular deberán presentar su programa de gobierno, el artículo 37 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que el Plan Nacional de Desarrollo se elaborará en coherencia y correspondencia con el programa de gobierno del presidente electo, y el artículo 280 de la Constitución establece que la observancia del Plan Nacional de Desarrollo es obligatoria para todo el sector público.

Los programas de gobierno son compromisos exigibles.  No entenderlo es desconocer la Ley, e insistir en una visión limitada de la democracia en la que sólo puede opinar y decidir quién haya ganado una elección, excluyendo a la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas cuya voz en democracia tiene el mismo peso y valor. Por eso el malestar.

La sociedad actual demanda formas de democracia más amplias. No se puede enviar un Decreto Ejecutivo o un proyecto de Ley sin que existan espacios previos de deliberación y acuerdo, de participación, porque la gente ya no tolera el gobierno a la fuerza.

Es urgente además superar la violencia política generada por el racismo, el machismo y la xenofobia, detrás de las cuales se busca imponer quién puede representar u opinar y quién no. En pleno 2019 escuchamos como de forma despectiva se dice que “quien usa plumas en la cabeza no representa”. 

En 1861 se eliminó el requisito de tener propiedad para poder votar, en 1928 se reconoció el derecho al voto a las mujeres, y en 1978 se reconoció el derecho al voto a los analfabetos (que a esa fecha incluían a un gran número de campesinos e indígenas). Al parecer hay grupos que no quieren avanzar con la historia, por miedo a perder sus privilegios (antidemocráticos).

El problema de la democracia es el individualismo. La búsqueda del interés personal que lleva a querer la democracia sólo cuando le conviene a uno (cuando no me gusta es fraude).

Para redemocratizar a la sociedad la opción es la reciprocidad, la solidaridad y la empatía. El Estado debe volver a buscar el bien común, y dejar de imponer los intereses de unos pocos. Sino la indignación y la protesta es el resultado a esperar, como expresión democrática en la calle ante la ineptitud de las instituciones.