Dos militares contra un enemigo que amenaza a Ecuador y al mundo

Un golpe de imagen en la lucha contra la violencia y el crimen organizado ha dado el presidente Lasso al lograr que dos militares victoriosos en la guerra del Cenepa acepten ponerse al frente de la Seguridad del Estado, en graves momentos para el país.

Los generales Paco Moncayo y Wagner Bravo han tenido la entereza para asumir las delicadísimas funciones, en las que su solvencia estratégica, demostrada en el campo de batalla, será puesta a prueba.

Sun Tzu, el genio chino de la estrategia miliar, sostenía que un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después.

Esa sensación, daría la impresión, buscaron transmitir a la sociedad, porque tras la designación de los generales, el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), el órgano más alto del país, integrado por las cabezas de todas las Funciones del Estado, declaró "terroristas" a los grupos delictivos.

Lo que implica tomar acciones para combatir todas las amenazas contra la seguridad integral que estas actividades generan en el país.

Por lo que el ministro de Defensa, Luis Lara, proclamó que "es hora de decir basta a estos criminales y sus aliados". 

Y el secretario de Seguridad, Wagner Bravo, anticipó que, de ser necesario, se usará armamento letal.

Pero lo sucedido en naciones vecinas y en otras latitudes demuestra que la sola acción militar es insuficiente para un problema que es multidimensional y transnacional.

Lo que pasa en Colombia y en México son ejemplos que tienen que ser mirados para no repetir las mismas políticas y fracasar.

Y terminar cediendo el territorio al narcotráfico.

Tras la firma de la Paz, Colombia ha roto su propio récord de producción de coca, con 204.000 hectáreas de plantaciones; 43% más que hace 10 años, según la Organización de Nacionales Unidas (ONU).

Mientras que el crimen organizado acecha. 

En 2022 hubo al menos 92 masacres en las que murieron 321 víctimas, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Lo de México espeluzna.

Se han identificado unas 150 bandas del crimen organizado que se han tomado zonas del vasto territorio, por lo que algunas poblaciones son consideradas agujeros negros, ya que ninguna autoridad puede ingresar.

Lo de Ecuador lo sabemos y sufrimos.

Aquí se encontró una tonelada de cocaína en la Base de Manta; un general fue mencionado en las Cortes de Nueva York durante el juicio al Chapo Guzmán, como parte de su organización.

El radar de Montecristi fue descompuesto a pocos días de instalado, y el embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, ha declarado que "los carteles pelean entre ellos por el control de las rutas, los puertos, las cárceles y la justicia".

Por lo que habló de narcogenerales, narco-jueces y del retiro de visas.

Poner a dos militares a la cabeza de la Seguridad del Estado podría ser asumido como una suerte de relanzamiento de la política de seguridad, luego de que la actuación ha sido solo reactiva tras los ataques y masacres.

De ser así, es imperativo transparentar los planes y las acciones a tomar, porque el mayor esfuerzo debería centrarse en atender a los sectores más vulnerables, a los que el Estado ha abandonado, y se han vuelto presa fácil de las mafias.

La miseria en la que sobreviven ha sido aprovechada por las organizaciones delictivas para infiltrar el tejido social del país. Y esto sí es funesto.

El narcotráfico es un enemigo letal y actúa en todas partes.

Una suerte de nueva geopolítica de la droga se aprecia en el mundo, lo que debería suponer una revisión de las estrategias.

Estados Unidos ha dejado de ser el principal destino de la cocaína, porque ahora consume más el fentanilo (droga sintética), por lo que los carteles van a Europa.

Hoy mismo, el puerto de Amberes, en Bélgica, se ha vuelto la entrada de la cocaína, y es un escenario de tiroteos y muerte.

La mayor parte de la droga proviene de Guayaquil; allá también opera la mafia albanesa. 

En 2022 se incautaron 110 toneladas de droga, que sería solo el 10% de lo que llega al puerto, según los expertos.

Ecuador y Bélgica deben trabajar mano a mano, no solo para evaluar las acciones conjuntas para hacer operativos; la asistencia y capacitación a los policías a las que se comprometieron la ministra belga del Interior, Annelies Verlinden, y la comisaria europea del Interior, YIva Johansson, que visitaron el país, en febrero.

Sino para diseñar políticas públicas conjuntas.

En Europa la seguridad está seriamente amenazada por las mafias y hay que trabajar de manera coordinada.

Al hablar de los Países Bajos los analistas comentan que hoy tienen "muchos de los rasgos de un narcoestado".

En Róterdam opera la llamada 'Mocro Maffia', que asesinó al periodista de investigación Peter R. de Vries y tiene bajo amenaza a la princesa Amalia de Orange, que no sale del palacio, desde el año pasado.

Estamos ante una realidad horrenda que amerita una política global para encarar unas estructuras de tales dimensiones, que socavan las instituciones y la democracia.

Atacar las desigualdades sociales debe ser un compromiso urgente aquí y allá, porque es una obligación moral y porque la capacidad financiera del crimen organizado es descomunal, que habría infiltrado las instituciones del Estado.

Tiempo atrás hablamos de una cumbre regional para encarar el mal que afecta a todos, a partir de la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien al asumir el cargo aseguró que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso rotundo y consideró necesario cambiar urgentemente de política.

"Ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, y no ha cumplido su objetivo; al contrario, ha fortalecido a las mafias dedicadas al narcotráfico y debilitado a los Estados, dijo.

El abordaje del tema con la participación de la Unión Europea (UE), de cara a la Cumbre UE-CELAC, en julio próximo, parece urgente.

Mientras que, casa adentro, hay que concordar con el general Paco Moncayo cuando dice que "podemos pelearnos en todo, pero en seguridad, no, porque el enemigo es de todos y está en juego la vida".