Narcotráfico y campaña electoral, el último peldaño al abismo

Haría falta una sobredosis de ingenuidad para suponer que la campaña electoral de 2021 estará exenta del riesgo de ser penetrada por el narcotráfico, cuando los carteles están al acecho en los países que van a las urnas.

Habría también que ser corto de entendimiento para creer que las autoridades de control, incapaces de detectar las cuantiosas sumas de dinero que mueve la corrupción, identificarán el dinero del narco para evitar se meta en las elecciones.

Las mafias han penetrado la institucionalidad de varios países en la región.

El arresto del general Salvador Cienfuegos, secretario (ministro) de Defensa del gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012 y 2018), en el aeropuerto de Los Ángeles, por parte de la DEA, la semana anterior, ha conmocionado la región.

Acusado de cargos por narcotráfico y lavado de dinero, la detención del poderoso general ha causado un terremoto político, cuya onda expansiva ha repercutido en el hemisferio, víctima de los carteles.

México vive una encrucijada política sin precedentes.

Apenas 10 meses atrás, el secretario (ministro) de Seguridad Pública del gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, fue arrestado en Dallas, acusado de proteger al cartel de Sinaloa.

Resulta surrealista que dos poderosos exministros que dijeron combatir el narcotráfico estén siendo procesados en la misma Corte de Nueva York en la que se sentenció al Chapo Guzmán.

A punto de comenzar la campaña electoral, Ecuador tendría que prevenir que el dinero sucio no contamine los comicios y que los carteles no penetren la política.

En temas de narcotráfico, el récord de Ecuador es perturbador.

En 2018, el presidente Moreno dijo haber pedido a las autoridades verificar la autenticidad de un video que hablaba de denuncias de supuesto financiamiento de las FARC a la campaña del expresidente Correa.

Nunca se supo el resultado de la investigación.

Ese mismo año, Moreno reveló que un miembro de su escolta estaba involucrado en narcotráfico, y que había sido encarcelando.

Jamás se informó que sentencia recibió.

Gran conmoción causó hallar una tonelada de cocaína en la mismísima Base de Manta, en 2018. Y descubrir que se había iluminado el terreno aplanado de la imaginaria refinería del Pacífico, para actividades ilícitas nocturnas, y que una avioneta narco había decolado allí.

El asombro se apoderó de todos, cuando el Ministerio del Interior ordenó el allanamiento de siete recintos militares, lo que permitió descubrir que una mujer de 28 años transportaba material balístico desde nada menos que el rastrillo de las FF.AA. hasta el grupo de alias Guacho, vinculado al cartel de Sinaloa.

Pero hubo más.

Las propias FF.AA. revelaron que en el país existían unas 200 pistas clandestinas no controladas.

Semejante anuncio comprobaba la acción de las mafias, aunque solo es admitida cuando caen avionetas y se encuentra miles de dólares en billetes, con la marca de los carteles.

Estos sucesos espeluznaron al país que recordó la revelación del exministro y prestigioso analista Francisco Huerta, cuando en 2009 a propósito de la investigación del ataque a Angostura declaró que Ecuador está en riesgo de ser una narco democracia.

Durante la campaña de 2019, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo información de la posible acción del narco en el proceso.

Para evitar “fuga de información”, se impuso el sigilo y el hermetismo. Nada se comunicó, después.

Las campañas electorales son para los carteles y el crimen organizado momentos decisivos para buscar incidir en las decisiones de los Estados.

El año pasado, en Colombia se identificó que los carteles mexicanos y los nacionales de las FARC y el ELN filtraron dinero en al menos ocho campañas municipales.

Que en Ecuador se hayan puesto límites al gasto electoral parece un mecanismo adecuado, pero es insuficiente.

Un país con dolarización es más susceptible para el blanqueo, y hay que estar alerta, más aún si la droga se mueve por todo el territorio.

En lo que va de 2020 se han decomisado 92 toneladas de alcaloide; en 2019 fueron 61,8 toneladas.

En semejante escenario, es imperativo que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigue, con fines preventivos, todas las campañas. Y que los candidatos presten ayuda para evitar caer en las garras del crimen.

Sus nombres, los de sus familiares más cercanos y los de su estado mayor tendrían que ser escrutados, de manera rigurosa.

El narcotráfico es la suma de todas las maldades; enfrentarlo es una tarea conjunta porque se trata de delitos transnacionales.

La política ecuatoriana penetrada por el narcotráfico sería el peldaño más bajo y ruin al que la sociedad podría llegar.

Un tiro de gracia para una incipiente democracia que ya no da más con la corrupción.

Ante la siniestra amenaza de las mafias, hay que blindarse a tiempo, levantando impenetrables muros éticos y morales de manera individual y colectiva, y usando los servicios de Inteligencia del Estado.