El Chef de la Política
Narco generales
Politólogo, investigador de FLACSO Ecuador, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip).
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Aparecen las declaraciones del Embajador de Estados Unidos a través del portal PRIMICIAS y da la impresión que al país se le revela una verdad antes desconocida.
Nos hablan de 'narco generales' y el pánico cunde, los medios de comunicación se alborotan y la sociedad en general empieza a darse golpes de pecho.
Si volvemos ligeramente la vista hacia atrás, hay declaraciones de referentes de la sociedad, como Francisco Huerta Montalvo, de periodistas de investigación, como Arturo Torres, de militares con conocimiento del tema, como el Coronel Mario Pazmiño o de académicos como Fredy Rivera o Daniel Pontón, que han llegado a similares conclusiones hace muchos años.
No obstante, la 'debilidad' de sus afirmaciones está en el hecho que son ecuatorianos y, como tales, su posición u opinión es devaluada.
Para que las cosas se tornen creíbles las tienen que decir desde afuera, con acento de voz distinto, con nacionalidad distinta. Ahí sí hay que creer. Ahí sí hay que preocuparse. Ese es el nivel de confianza que nos tenemos en el país.
En este punto debería estar un tema de debate, más allá de la ambigua declaración del jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos de Norteamérica.
Es ambigua la declaración del Embajador Fitzpatrick pues más allá de colocar un adjetivo de alto calado al más alto grado de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, dado que en ambas instituciones hay generales, deja abierto el espacio para que la ciudadanía elucubre quienes son y quienes pueden ser los oficiales involucrados.
Con su declaración, el Embajador Fitzpatrick permite que se empiece a jugar con el honor de las personas y de sus familias. Ahí, el morbo empieza a cundir y los que son y los que no son, policías y militares activos y pasivos, empiezan a estar en boca de la ciudadanía.
En realidad, la declaración va más allá. No solo es ambigua sino, además, poco meditada pues conlleva a otro tipo de consecuencia: la devaluación de la credibilidad institucional de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
Si no voy a dar nombres entonces mejor no digo nada, sigo los canales diplomáticos adecuados, hago uso de los convenios existentes entre los países y evito caer en el siempre tenue límite entre lo que puede y no puede decir un representante diplomático en el país en el que ejerce sus actividades.
Sobre este punto, el alcance de la declaración y sus consecuencias tampoco hay mayor debate. De hecho, da la impresión de que se prefiere hablar bajito, voltear la cabeza a otro lado o esperar a que pase el tiempo.
La Asamblea Nacional, silencio. Mejor bailan por el fin de año. La Fiscalía y el Poder Judicial, como siempre, siguiendo la estrategia del avestruz.
Pero más allá de lo dicho, si hay generales envueltos en narcotráfico eso quiere decir que hay toda una cadena de mando que está involucrada. No se cede frente al narcotráfico cuando se llega al máximo grado de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
Se cede y pacta desde grados inferiores, oficiales y personal de tropa incluidos. Allí se van generando lealtades y compromisos. Allí se van estructurando las redes de apoyo que tienen a los altos mandos simplemente como la parte final de la larga estructura de influencia.
Si esto es así, no basta con mirar el árbol, pues detrás hay un enorme bosque de encubrimiento y negocios ilícitos. Dicho de otra forma, si las acciones que se van a tomar consisten simplemente en retirar a los generales envueltos en la denuncia del Embajador Fitzpatrick, esa sí creíble, a diferencia de las alertas previas de los minimizados ecuatorianos, entonces el problema se mantendrá.
Por ello es que, si existe genuino interés político por disminuir la incidencia del narcotráfico entre policías y militares, entonces se debería proponer un examen integral a ambas instituciones de cara a conocer en profundidad cómo proceden y cuáles son las dinámicas de acción de sus servicios de inteligencia y contra inteligencia. Ojalá por allí vayan los intereses del Gobierno Nacional.
En 1997 el Embajador de Estados Unidos de Norteamérica, Leslie Alexander, hizo fuertes declaraciones en el sentido que Ecuador afrontaba un serio problema de corrupción.
Lo afirmado por el diplomático generó, al igual que ahora, pánico, alboroto, renuncias y golpes de pecho. A la vuelta de la esquina cambió el gobierno y todo volvió a lo de siempre.
Esperemos que esta ocasión no sea una réplica de lo mismo. Si no lo es y efectivamente se toman medidas drásticas en cuanto a la infiltración del narcotráfico en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas quizás deberíamos pensar seriamente en que sean las representaciones diplomáticas las que alerten sobre otros temas acuciantes para la vida del país, como la desnutrición infantil, las condiciones de la educación pública, el sistema de partidos o la corrupción judicial.
Dado que la opinión local vale poco, quizás a través de portavoces externos es posible lograr cambios indispensables para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. No se trata de nacionalismo ni de xenofobia, simplemente, ahí están los hechos.