Las mafias se imponen, armadas hasta los dientes, y con una crueldad que espanta

El asesinato de un abogado, la semana pasada, en las puertas del hotel Sheraton, de Guayaquil, a plena luz del día y mientras regía el estado de excepción, es una aterradora muestra de poder de las mafias del narcotráfico y un desafío a la autoridad.

De todos los tormentos que vive el país, la presencia del narcotráfico es, ahora, el más atroz, porque degrada la convivencia pacífica y esclaviza a la sociedad, por medio del terror.

"Las calles sentirán el peso de nuestra fuerza pública", aseguró el presidente Lasso, el 29 de abril, al anunciar el estado de excepción en Guayas, Manabí y Esmeraldas, y la movilización de 4.000 efectivos de Policía y de 5.000 de las Fuerzas Armadas.

Pero el país sigue contando muertos y las familias llorando a sus seres queridos caídos, en abominables acciones criminales.

En Guayas, Manabí y Esmeraldas, hasta abril, se habían reportado 853 muertes violentas, un aumento del 138% en comparación al mismo período de 2021.

En Esmeraldas la situación también dramática. En 2021 registran 36 muertes violentas; hoy, en igual período, ya son 145.

La zona ocho de Guayas, que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón, registra un inusitado número de crímenes: 588, que significa 133% más que los registrados el año anterior.

La población no tiene paz. Se mata, incluso, durante el toque de queda.

En algunos barrios han cerrado los negocios; viven encerrados y los vecinos apenas salen para abastecerse. El narco-Estado parece haberse vuelto una realidad. 

¿Cómo descendimos a este infierno, luego de que Ecuador había logrado esquivar, por décadas, la brutal violencia de las mafias de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo?

Los nombres de aquellos que transaron con el narcotráfico tendrían que ser exhibidos para que no se atrevan a intentar volver jamás al poder. Pero qué va.

La psicopatía para alterar los sucesos es tal, que hoy mismo se quejan de la violencia extrema que vive Ecuador, aunque fueron quienes la propiciaron. 

Pero los hechos desbaratan su relato.

El cierre de la Base de Manta, en 2009, tras acordar no renovar el contrato con Estados Unidos, y sin poner vigilancia en el mar, despejó una enorme ruta en el Pacífico, para sacar la droga producida en Colombia y Perú.

Los radares fuera de servicio en la frontera norte son otra evidencia del perverso plan que arrastró al país a convertirse en centro de acopio del alcaloide.

Y eliminar la visa para todo el mundo, con la trampa discursiva de la ciudadanía universal, abrió las puertas a capos de naciones tan distantes como Afganistán, Nigeria, Rusia, Albania y otros.

Esas mafias, unidas a las de México, se han instalado aquí, y han penetrado algunos estamentos del Estado.

Así se explicaría que el radar de Montecristi haya sido dañado por quienes estaban llamados a custodiarlo, por lo que resulta sobrecogedor comprobar que el mal se ha metido en las entrañas de la institución más respetada por los ecuatorianos.

Por eso, denunciar los nombres de los traidores que trabajan en contra de su Patria, es un deber moral irrenunciable.

Algunos desubicados atacan a los medios cuando se exige transparencia para que se conozca si se sancionó, por ejemplo, a quienes colocaron una tonelada de cocaína en la Base de Manta, o a quiénes, con malévola precisión, robaron el rastrillo de las Fuerzas Armadas, para armar a las bandas criminales en la frontera norte.

Callar implicaría actuar en contra de la institucionalidad y propiciar la impunidad, además de evidenciar que los estrategas no entienden los riesgos que supone que la fuerza pública haya sido infiltrada.

La justicia también debe actuar con entereza, para identificar y denunciar a jueces y fiscales que fallan en favor de los avezados delincuentes, con prelibertad y habeas corpus.

Los Colegios de Abogados, indagar el historial de aquellos a los que las mafias han acribillado, para que haya escarmiento en un gremio tan vulnerable ante el poder económicos del narcotráfico.

Descubrir cómo llegan las armas a las mafias que asesinan y cerrarles el paso, es tarea prioritaria de las autoridades; pero, sobre todo, dejar de culparse unas a otras, y trabajar unidas en un asunto que involucra la vida de la gente y el destino de la Nación.

Las granadas encontradas en la mochila de uno de los sospechosos del asesinato del abogado, en la puerta del hotel, son un aviso del nuevo rumbo que podría tomar el narcotráfico, para amedrentar al país, por lo que es urgente que los Servicios de Inteligencia actúen.

Hasta hoy, nada han dicho de los 544 tacos de pentolita, 600 cápsulas explosivas y mil metros de cordón detonante que decomisaron en un operativo, en Guayaquil, a finales de enero. 

¿Qué habría pasado si usaban esto en un lugar público? 

Los proveedores de armas deben ser gente con fuertes contactos internacionales y deben estar en conexión con las cárceles y las 17 o 18 organizaciones locales que, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, son los brazos armados de los narcotraficantes, y cuidan las rutas del negocio.

También con Los Choneros, que contarían con alrededor de 20.000 integrantes, y Los Lobos, que tendrían unos 8.000, y estarían camino a volverse carteles de narcotráfico.

En este dantesco escenario, el apoyo de Israel, país que visita el presidente Lasso, estos días, podría ser determinante, tal como lo es el de Estados Unidos, para desmontar a las mafias que, armadas hasta los dientes y con una crueldad que espanta, atormentan a Ecuador. 

La tarea es descomunal. Hay que actuar, ahora.