¿Opera una mafia en Ecuador?

A partir de las investigaciones propiciadas por la Fiscalía, la respuesta a dicha pregunta parece una obviedad: sí, desde luego que sí. Sin embargo, esas certezas absolutas no son parte del conocimiento científico que, por el contrario, ante cualquier hecho aparentemente evidente plantea la duda. Veamos.

Uno de los conceptos más clásicos sobre lo que es la mafia proviene de Diego Gambetta a través de su estudio en Sicilia. Allí señala Gambetta que la mafia es una empresa económica que ofrece protección privada. Ante la ausencia relativa del aparato estatal como proveeedor natural de seguridad, aparece un grupo organizado, con estructura de mando interna, códigos de lealtad y eficacia en las actividades a las que se compromete. Dicha forma de operar de la mafia le dota de confianza, aquélla que las instancias públicas han perdido de a poco.

De lo que se sabe, acá hay delincuencia de distinto calibre, pero no bajo los rasgos definitorios de lo que constituiría un grupo mafioso.

Por un lado, no parece existir una estructura organizacional claramente definida, con funciones o roles específicos, permanencia de sus miembros y reglas informales para premiar o castigar los diferentes comportamientos de sus integrantes. Las declaraciones de los aparentes desertores dan cuenta, por ejemplo, que no existen mecanismos sancionatorios claros dentro del grupo. Si así fuera, hallar a los que “cantan” las verdades sería una empresa más costosa.

Por otro lado, no se ha podido observar con claridad la estructura de mando mafiosa. Más bien, de lo que se conoce, hay muchos operadores que actúan de forma relativamente independiente aunque con relaciones entre sí a partir de las actividades que ofrecen. Estos operadores son esencialmente abogados pero con una característica importante: no se mantienen mucho tiempo dentro del círculo de influencia delincuencial. Por el contrario, su participación es limitada. Llegan, cometen sus fechorías por el espacio temporal que la coyuntura les ofrece y luego se van. No desaparece la organización pues hay muchos abogados a la espera de ocupar ese espacio. La mano de obra siempre está disponible. Por eso es que ahora quien está en la picota de las denuncias es el abogado A pero ayer fue B y mañana será C. Los nombres varían pero la actividad se mantiene inalterada.

Adicionalmente, de lo que el país conoce por diferentes medios, acá no hay oferta de protección privada, como decía Gambetta en su trabajo ya citado.

Lo que los abogados y su entorno de asistentes y recaderos ofrecen a la delincuencia organizada (de la que no necesariamente son parte) es orientar las decisiones judiciales a cambio de recursos económicos o de infundir miedo. Sobre esto último, no hay que dejar de lado la posibilidad de que muchos jueces estén fallando a favor de delincuentes contumaces por temor y no porque hayan recibido prebendas de cualquier tipo.

Nuevamente, el objetivo de la mafia, al menos a la luz del concepto de Gambetta, parece no estar presente en el caso ecuatoriano. En ese aspecto, quizás lo que acá ocurre podría acercarse más bien a otras definiciones de mafia, como las ofrecidas por Santyino y La Fiura o Arlachi, que proponen que estas organizaciones se caracterizan por la búsqueda de acumulación de capital. Sin embargo, aún en ese caso, dichos autores también señalan que la mafia se configura con actores que son parte permanente de la organización.

Con lo dicho, en Ecuador lo que aparentemente opera es una oferta ilegal de servicios judiciales, tanto para delincuentes contumaces como para “ciudadanos de bien” que están dispuestos a pagar a los abogados del momento. No importan los nombres de los “juristas” que actúan como intermediarios. Eso es secundario. Lo que sí se mantiene estable es la maquinaria en la que se procesan los hechos delictivos y allí están, indudablemente, jueces y fiscales.

Por tanto, si bien no hay redes permanentes de abogados que ofrecen el servicio citado, existe un conjunto de corruptos que son parte del sector justicia que llegan a acuerdos específicos con los profesionales del Derecho que están mejor posicionados en un momento dado, esencialmente en función de la correlación de fuerzas políticas. De allí que, mientras no se genere una reforma integral al Poder Judicial, los males que ahora están en boca de todos permanenecerán en el tiempo aunque con nombres distintos. El problema de fondo, por tanto, no está en los abogados que ahora están envueltos en los escándalos de corrupción sino en la estructura bajo la que opera el sistema de justicia.

Además, en la política es dónde falta hurgar con mayor detenimiento, pues allí parecen estar los que controlan la provisión ilícita de servicios judiciales. Si bien sus alfiles de momento pueden llegar a pagar ciertos costos cuando la coyuntura les resulta adversa (jueces, fiscales, abogados y recaderos), ellos se mantienen invisibles ante el escrutinio ciudadano.

No quiero decir que ahora mismo no existan delitos execrables que perseguir y delincuentes de diferente traje a los que sancionar. Simplemente señalo que Ecuador no parece asumir la forma de una mafia organizada bajo los parámetros ofrecidos por los estudios realizados. Este punto no es menor ni debería generar interes puramente académico ya que puede ser un insumo clave para eventuales reformas en materia penal o de seguridad.

Si no conocemos cómo funciona la maquinaria que provee servicios judiciales ilícitos, difícilmente podremos identificar los factores que explicarían su presencia.