Luchemos para lograr unas elecciones transparentes en Ecuador

Tras días de incertidumbre y pendientes de posibles decisiones judiciales, el mundo entero está estupefacto ante el sistema electoral y de recuento en Estados Unidos.

No es, ni muchísimo menos, la primera vez que se cuestiona el sistema electoral. En tiempos que aún muchos podemos recordar, está el caso de las elecciones en el año 2000 con las disputas en distintas instancias judiciales sobre el recuento de votos en Florida.

O los últimos cuatro años de comisiones en Estados Unidos, intentando investigar la supuesta trama rusa en las elecciones de 2016.

También, recientemente en Bolivia las elecciones de 2019, y cómo no recordar las elecciones de 2017 en Ecuador.

Yo creo que la pregunta fundamental es: ¿qué podemos hacer ahora para evitar un escenario de incertidumbre y de cuestionamiento de los resultados en las elecciones de febrero de 2020 de Ecuador?

Y por desgracia la respuesta es que en Ecuador tenemos muchas probabilidades de obtener unos resultados que no gocen de reconocimiento y legitimidad.

Para empezar pues, el Consejo Nacional Electoral no tiene el prestigio e imparcialidad que serían exigibles. Y no los tiene desde las elecciones de 2016, y a pesar del proceso de renovación. Sus actuaciones, muchas de ellas denunciadas por algunos de sus consejeros, son de muy dudosa legalidad e imparcialidad, como por ejemplo los plazos y las condiciones para la inscripción de candidaturas.

Con un Consejo Nacional Electoral ya en entredicho, y tantos precedentes de problemas electorales, insisto: ¿qué podemos hacer en Ecuador para garantizar la transparencia y la legitimidad de los resultados de las elecciones de febrero de 2021?

A largo plazo es claro que hay que cambiar la institucionalidad y funcionamiento del CNE y el Código de la Democracia. 

Pero eso ya no sirve para las elecciones de este 2021. En estos tres meses que hay que estar muy atentos a los procesos de contratación y a los protocolos de recuento que establezca el CNE, exigir claridad en los procedimientos y que anticipen plazos razonables de conteo y presentación de resultados. Es deber de todos fiscalizar a quienes participan en el proceso democrático.

Hay que pedir a los partidos políticos que creen sistemas de control lo más generalizados, estandarizados y formalizados que se pueda, y que informen de ello a la ciudadanía.

Reclamar la presencia de cuantos más, más plurales y mejor preparados observadores internacionales, que además rindan cuentas públicas de su actuación.

Y promover y apoyar las iniciativas de veeduría de la sociedad civil que se puedan establecer, por distintas ONGs u organizaciones ciudadanas, que vigilen y atestigüen el proceso.

Es mucho lo que nos jugamos en las elecciones de febrero. Más aún en su transparencia y su legitimidad. Nos jugamos la democracia. Es algo que amerita que todos hagamos esfuerzos por defenderla para evitar problemas después.