La lucha contra la pobreza no convence

Como consecuencia de la pandemia, las cifras de pobreza y pobreza extrema se dispararon en Ecuador.

Según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), actualizados a junio de este año, el 32,2% de ecuatorianos es pobre, es decir, vive con USD 2,82 diarios.

En cuanto a los datos de pobreza extrema, el 14,7% de ecuatorianos vive con USD 1,59 diarios.

Disminuir esas cifras es uno de los grandes desafíos de este Gobierno, que hace poco hizo un anuncio en el área social: 85.962 personas en situación de pobreza y pobreza extrema fueron incorporadas al servicio de Protección Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y serán beneficiarias de uno de los bonos o pensiones que entrega esta cartera de Estado.

Adicionalmente, se informó que, después de depurar la base de beneficiarios del Registro Social, 46.566 personas fueron excluidas y ya no recibirán ningún beneficio.

Aunque esta acción está claramente orientada a cumplir con una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2021–2025, de reducir la pobreza extrema en casi cinco puntos porcentuales, hay algunos aspectos que merecen ser analizados.

Primero, asumiendo que gran parte de los nuevos beneficiarios recibirán el Bono de Desarrollo Humano, los USD 50 que corresponden al valor de ese programa son insuficientes.

Por ejemplo, una familia, que vive en pobreza extrema, conformada por tres personas, con un hijo de entre cinco y 18 años, recibirá el valor final de USD 60.

Este valor permitirá que la familia aumente su ingreso diario por persona en 66 centavos de dólar y pasarán a vivir con USD 2,25 diarios.

Para no causar confusión, es necesario aclarar que el valor de USD 60 es porque las familias con hijos entre cinco y 18 años reciben los siguientes valores adicionales por cada hijo: USD 10 dólares por el primero; USD 9 por el segundo y USD 8,10 por el tercero.

Antes de pasar al siguiente punto, quiero detenerme en las posibles reacciones de indignación de algunos lectores que acaban de enterarse de que las personas que tienen un hijo entre cinco y 18 años reciben USD 10 dólares más del bono.

Sí, en un primer momento se puede pensar que esto de tener hijos es un negocio para las personas pobres. Sin embargo, calculando lo que alcanza para comprar en la tienda con USD 10, difícilmente alguien decidirá tener un hijo con la esperanza de recibir esa cantidad.

De paso, es importante mencionar que el Bono de Desarrollo Humano es un programa de renta condicional, lo que quiere decir que, para que una persona con hijos lo pueda seguir recibiendo el bono, debe demostrar que sus hijos estudian, acuden a controles médicos y no ejercen actividades de trabajo infantil.

Aunque esos controles no se ejercen, esa es la idea del valor adicional.

La otra reacción que pueden producir los USD 10 por un hijo es preguntarse: ¿por qué no trabajan los que reciben el bono? Con certeza, las personas que reciben el bono sí trabajan, pero en un empleo mal pagado y sin ningún beneficio de ley; recordemos que, aquí en Ecuador, la tasa de empleo adecuado es de apenas 40%.

Ahora, paso al siguiente punto. Los números para cumplir la meta de disminución de la pobreza extrema del Plan Nacional de Desarrollo no cuadran. 

Según Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, hasta abril del próximo año se espera incorporar a 263.162 nuevos beneficiarios al programa de Protección Social. Sin embargo, en ese grupo se incluye a personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.  

Cumplir esta meta significa que, asumiendo que las cifras no cambiarán, en los próximos tres años hay que incorporar al sistema de Protección Social a al menos 750.000 personas que viven en pobreza extrema; insisto, en ese número no se incluye a las personas que viven en pobreza.

No quiero concluir esta columna sin mencionar que excluir a 46.566 personas del sistema de Protección Social no es ninguna novedad, pues el beneficiar a personas que no requieren de un bono, mientras se deja de lado a quienes verdaderamente lo necesitan, es propio de los programas de renta focalizados.

La depuración de las bases es un proceso no solo altamente costoso, sino ineficiente y poco efectivo. Siempre habrá presencia de personas que no deben recibir un beneficio, y no es que ellas busquen recibirlo por 'vivísimas' sino porque el sistema, de alguna manera, las elige; ningún país del mundo tiene un sistema infalible.

En lugar de invertir cuantiosas cantidades de dinero para mejorar los controles, se podría dar un gran paso y pensar en alternativas universales. Ahí vendrá la discusión del costo no solo económico, sino también político.

Finalmente, menciono que, para disminuir la pobreza hay que olvidarse de los actos caritativos, como la entrega de kits de alimentos y de otras donaciones, pues visitar a los pobres de vez en cuando, no soluciona el problema.

El combate contra la pobreza requiere de acciones propias de un Estado de bienestar. El incremento de los beneficiarios del sistema de Protección Social, aunque insuficiente, es una medida rescatable.