En la lucha contra la corrupción, el gobierno de Moreno pierde otro año. Un antídoto contra la desmemoria

En la consulta popular de febrero de 2018, el 73,71% de los votantes apoyó la muerte civil para los corruptos, que implicaba que los sentenciados por corrupción no puedan presentarse a ninguna elección ni ejercer cargo público alguno.

Así, el presidente Lenín Moreno, que había anunciado la cirugía mayor a la corrupción, contaba con el respaldo contundente de los ecuatorianos.

Tal era la convicción de la gente que olvidó el fracaso del Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que creó Moreno, vía Decreto, en junio de 2017.

En dicha Comisión colocó a Rossana Alvarado, María Fernanda Espinosa, Francisco Borja y Javier Zabala Egas, entre otros.

Los tres primeros estuvieron con Correa de principio a fin y se quedaron con Moreno, incluso, cuando se distanció de su antecesor. El cuarto, daba siempre la razón a Correa en los temas legales.

“La corrupción es una plaga que podría ser irreversible si no adoptamos medidas a tiempo. Así damos inicio a esta cirugía mayor contra la corrupción, de la que he venido hablando largo rato, decía Moreno al posesionar a la Comisión.

Todo fue pirotecnia para contemporizar con la gente que clamaba acciones. La Comisión se esfumó.

La gente no reaccionó porque un tal código 'vidrio' y unas iniciales JG saltaron a escena vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht.

La información que, meses atrás, provino del Departamento de Justicia de Estados Unidos y mencionaba al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, se confirmaba.

“Todos los dedos apuntan a usted, ingeniero Glas”, dijo Lenín Moreno, ante las evidencias contra su vicepresidente.

Fue una señal como también lo fue dejar ir a la sucesora de Glas, María Alejandra Vicuña, al confirmarse que estuvo involucrada en el cobro de diezmos a sus colaboradores. 

Era diciembre de 2018. Fue reemplazada por Otto Sonnenholzer.

Apenas iniciado 2019, el presidente Moreno anunció una nueva Comisión contra la corrupción; esta vez con expertos internacionales y el apoyo de la ONU.

La expectativa se concretó recién el 13 de mayo de 2019, cuando firma el Decreto Ejecutivo que creó la Comisión de Expertos Internacionales Contra la Corrupción en Ecuador (CEICCE).

La presentación fue una puesta en escena en la capilla del Hombre con invitados especiales y una enorme parafernalia. Todo para nada, cuando la gente pensó que sería algo similar a la Cicig, de Guatemala.

La historia de la Comisión Internacional de Moreno es la alegoría perfecta de lo que ha significado la lucha contra la corrupción en el país: solo humo.

Debía comenzar a operar el 15 de noviembre pasado, pero Moreno ha debido dar tres meses más de plazo para arrancar su trabajo.

Otro gesto del Ejecutivo ha sido la creación de la Secretaría Anticorrupción en la que hay mucho voluntarismo y exceso de exposición mediática. Al frente primero estuvo Iván Granda y ahora Dora Ordóñez. 

En realidad, hasta ahora, no ha conseguido nada importante y, cuando habla de recuperar unos USD 20 millones de la corrupción, provoca hilaridad, pues lo que se llevó el correísmo oscila entre USD 35.000 millones y USD 70.000 millones.

Eso sí, en los últimos días se ha reivindicado al intervenir en el caso de María Sol Larrea, del IESS, y evitar su puesta en libertad. ¿Golpe de suerte?

Por todo esto, en la Comisión Nacional Anticorrupción, que tuvo un trabajo memorable en la época de Correa y que prosigue ahora con menos protagonismo, habría decepción por la tarea oficial.

Que Glas, varios ministros de Correa, un gerente del Banco Central, un exgerente de Petroecuador y un ex contralor estén procesados (unos en la cárcel y otros prófugos) acusados de corrupción, nada tiene que ver con la decisión del gobierno.

Falta convicción para que Correa, quien con habilidad se ha sacado de encima temas como los sobrecostos de la refinería Esmeraldas, el caso Aromo (la fallida refinería del Pacífico); el despilfarro en Yachay, haber usado el dinero del IESS, entre otros muchos casos, sea procesado. 

La justicia sale por sus fueros con acciones como las de la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional, Daniella Camacho que, en junio de 2018, dictó orden de prisión preventiva contra el expresidente Correa. Y cuando en el caso 'Sobornos 2012-2016' sigue firme.

También despunta la acción de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, que ha tomado decisiones valientes por lo que es reconocida dentro y fuera del país.

Que Correa enfrente a la justicia por el caso Sobornos se debe a la investigación de Fernando Villavicencio y Christian Zurita y a la eficaz acción de la Fiscal Salazar. 

Acciones como estas ocultan la fallida cirugía mayor contra la corrupción de Moreno.