Ley de ¿crecimiento económico?

El proyecto de ley urgente en materia económica presentado por el gobierno genera demasiados riesgos.

Primero, el gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones que el problema que debe enfrentar es un abultado déficit fiscal. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas, en el informe de pertinencia, señala que no dispone de estimación del impacto fiscal.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas ha señalado que se esperaría recaudar unos USD 700 millones. El déficit fiscal este año es superior a USD 3.000 millones. Es decir, que la ley cubriría apenas una cuarta parte del déficit. ¿Qué pasará con lo demás (USD 2.300 millones)? ¿Vendrán nuevas medidas a futuro?

En términos fiscal es necesario reducir la necesidad de endeudamiento. Existen opciones reales para lograrlo como:

• Revisar la totalidad del gasto tributario (impuestos que el gobierno decide no pagar, es decir, que subsidia) que en 2017 alcanzó los USD 4.907 millones, de los cuales USD 1.339 millones son beneficios a empresas; a esa cifra se deben añadir las exoneraciones de impuestos entregadas en la Ley aprobada en 2018. Estos beneficios (subsidios) a las empresas deben ser evaluados con base en sus impactos en el empleo, y eliminar aquellos que no generan beneficio a la sociedad.
• Agilizar los procesos judiciales en materia tributaria, para dar solución a los USD 1.400 millones de deudas en firme que mantienen 500 empresas con el SRI.
• Transferir al IESS las pensiones de adultos mayores en situación de pobreza (USD 312 millones en la proforma de 2019) dentro del subsidio que el Estado ya entrega al fondo de pensiones, para hacerlo más equitativo.
• Mantener el ISD y los aranceles por su doble beneficio: recaudación fiscal y proteger la dolarización y la producción nacional. Ceder recaudación sin que existan metas reales de crecimiento y empleo por reducción de impuestos y aranceles es un contrasentido que solo aumenta el margen de ganancia de los grandes grupos de comerciantes-importadores.
• Iniciar un proceso agresivo de transformación energética para disminuir el monto de subsidios a los combustibles, reduciendo la demanda de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo.

Segundo, el gobierno ha publicitado (usando recursos públicos para ello) al proyecto como “Ley de Crecimiento Económico”. Sin embargo, no presenta ninguna meta de crecimiento ni de empleo. Es así como incluso algunos sectores empresariales critican el proyecto porque no plantea ninguna medida de reactivación productiva. Hay alternativas que no se están considerando:

• Sostener la inversión pública, manejando la liquidez doméstica y controlando importaciones, para mantener el crecimiento económico y la generación de empleo.
• Priorizar compras públicas hacia asociaciones, cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas.
• Reducir la tasa de interés de microcrédito y crédito productivo, priorizando los territorios más deprimidos.
• Iniciar un proceso agresivo de importación (que puede ser subsidiada) y asimilación de tecnología para cadenas productivas priorizadas estratégicamente, por su capacidad para generar empleo y para potenciar exportaciones.

Sin embargo, el mayor problema de la ley es la pérdida del manejo de la liquidez doméstica al eliminar del Código Orgánico Monetario y Financiero los coeficientes de liquidez doméstica que debe mantener la banca en el país, al tiempo que se reduce el ISD. 

Esto genera una mayor salida de divisas, que aumentan los beneficios para importadores que pueden comprar más barato, e incrementar sus ganancias, al tiempo que la banca privada puede acumular sus recursos fuera del país. Para sostenerlo, el ministro de Economía y Finanzas ya anunció que en 2020 se necesitaran otros USD 7.000 millones de deuda externa (para cubrir lo que se va).

El resultado, empresas con mayor ganancia a costo de un país más endeudado. Por esto y porque cada vez hay más pobreza y desempleo la gente protesta.

Lamentablemente, el proyecto de ley presentado por el gobierno no soluciona los problemas de la economía ecuatoriana: no cierra el déficit fiscal, no reduce la deuda externa, no genera empleo y no fomenta el crecimiento económico. Todo lo contrario, expone al país a un riesgo de liquidez y a la dependencia de la deuda.

No será el diálogo, ni el gobierno quien decida; serán los votos, con nombre y apellido, en la Asamblea Nacional.