Lasso tiene al país debatiendo sobre armas ¿Usted le dispararía a alguien?

¡Dispárale, dispárale! Gritaba la gente mientras miraba a tres policías con armas de fuego que no atinaban a neutralizar a un sujeto que, con un cuchillo en cada mano y como enajenado, amenazaba con herirlos, correteándoles por una calle de Valencia, en la provincia de Los Ríos.

En Ecuador, donde las redes exhiben con flagrante insensibilidad videos de cuerpos heridos y sangrantes; asaltos, explosiones, sicariatos y más horrores, las imágenes cada vez conmueven menos.

Pero la de los policías y el sujeto de los cuchillos ha conseguido impactar, porque es la evidencia de que un arma no es siempre un disuasor efectivo. Y que para decidir no dispararla hace falta equilibrio emocional.

El violento hecho, que terminó con uno de los policías herido en el pie por su propio compañero, se produce en instantes que el país empieza a asimilar la dimensión del Decreto 707 de Lasso, para flexibilizar la tenencia y el uso de armas. 

De allí la convulsión.

Once días después de anunciado, analistas nacionales y extranjeros dan razones suficientes para impugnarlo, al considerar que no solo que no soluciona el problema de la violencia, sino que lo agravaría.

Pero hay unos cuantos que lo defienden.

Una primera pregunta es si Lasso y su entorno conocen la realidad de los países donde está permitido.

Nadie sabe la respuesta, pero hoy pocos dudan de que se trata de una medida improvisada, al punto de que los considerandos del Decreto ni siquiera tienen un sustento contundente.

Esto confirma que el anuncio de la noche del sábado 1 de abril fue una 'As' sacado de la manga para esquivar la oleada de malas noticias que ahogaba al Gobierno, no solo por el juicio político al primer mandatario, sino por el violento asesinato de Rubén Cherres, cercano al cuñado del Presidente de la República e implicado con la mafia albanesa, ocurrido la víspera.

Hoy, ya nadie lo menciona, mientras que el debate de la tenencia y uso de armas se ha impuesto en todos los espacios, lo que ratifica que la estrategia goebbeliana resultó efectiva, una vez más.

Una decisión de ese calado imponía que el Gobierno tuviera un plan comunicacional para explicar sus alcances, considerando que se trataba de un compromiso de campaña con los sectores ganaderos.

Pero parece que tampoco tenían argumentos.

El tema de las armas ha hecho que Ecuador sea mencionado, repetidamente, por los medios internacionales, en los que se comenta como una decisión contra corriente.

David Hemenway es profesor de Salud Pública de la Universidad de Harvard, y en 2012 fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos como uno de los 20 expertos en violencia más influyentes en los últimos 20 años.

Su criterio sobre la tenencia de armas es contundente: "Tener un arma y usarla en defensa propia no parece reducir las posibilidades de salir herido, tal vez puede reducir las de perder tus pertenencias, pero eso todavía no está claro", sostiene.

A la BBC de Londres le dijo que lo que se sabe es que cuando se tiene un arma en casa, esta se usa más a menudo contra la propia familia y no contra un extraño que ha entrado.

Y reveló que un estudio en 25 países de ingresos altos concluyó que donde hay más armas hay más homicidios de mujeres.

Robert Spitzer, profesor Emérito de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Nueva York y autor de 'La política de control de armas' y de una decena más de libros, afirma que la decisión de Lasso suena a desesperación por parte del Gobierno, porque la vigilancia gubernamental ha sido ineficaz para reducir el crimen.

Así respondió a Expreso que le preguntó si cree que el uso de armas para la defensa personal es una buena medida, dado el alto nivel de criminalidad que vive Ecuador.

El experto dijo también que la evidencia respalda la conclusión de que una mayor cantidad de armas por parte de civiles aumenta la probabilidad de robos de armas, accidentes, suicidios y la escalada de la violencia.

Otros estudios confirman que la tenencia de armas provoca accidentes fatales, intimidación y muertes de mujeres y niños, y triplica el riesgo de suicidios.

Para Carolina Andrade, experta en Gobernabilidad de Instituciones de Seguridad e Inteligencia, un arma de fuego en los hogares incrementa en 500% la probabilidad de violencia con esa arma.

Un dato así provoca pavor si se recuerda que en Ecuador hubo 332 feminicidios, en 2022, usando armas blancas y asfixia.

No hace falta imaginar lo que sucedería si poseen un arma de fuego.

A la luz de estas experiencias, la decisión de Lasso es irresponsable, refleja la ausencia de políticas de seguridad y suena a rendición ante el crimen organizado. 

Propiciar que la población pueda armarse, en un contexto de violencia extrema, luce aberrante.

Ecuador debería trabajar para desarmar al país, sostiene Fernando Carrión, un estudioso de la seguridad, al tiempo de revelar que existirían 400.000 armas en manos de la población.

El investigador Luis Córdova afirma que la flexibilización de la tenencia y porte de armas aumentará el tráfico y expandirá el mercado de armas.

En este contexto, la condena y oposición de las universidades al Decreto 707, están justificados.

Solo debatir el uso y tenencia de las armas ha disparado reacciones insólitas que han dejado entrever situaciones emocionales perturbadoras de algunas personas, sin importar si son ilustradas o no.

Para cuestionar el Decreto han usado un lenguaje tan violento que muchas frases parecen munición para herir las sensibilidades, dejando en evidencia que la palabra también puede ser un arma letal.

Lo que ha hecho el Gobierno de Lasso con ese Decreto es, por un lado, complacer a la gente que se siente indefensa y clama tener un arma para defensa personal.

Esto resulta perverso porque transfiere a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección, cuando el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado.

Lo otro es peor: usar la sensibilidad de un pueblo atormentado cuando él necesita distractores porque su permanencia en Carondelet está en riesgo, al haber perdido todo músculo político.

Por todo esto, el Decreto 707 es una declaratoria de derrota del Estado; la derrota del sentido común; el desvarío del poder. El timing político.