Guillermo Lasso y Diana Salazar, en choque constante y peligroso

Un día después de que la Fiscalía allanara Carondelet, en busca de pistas de una supuesta trama de corrupción, al Gobierno no se le ocurrió otra cosa que 'rotar' a 37 agentes policiales, que habían venido trabajando a órdenes de la Fiscalía, investigando los casos más sonados del país.

Si la Fiscalía, al registrar la Subsecretaria Jurídica de la Presidencia, como parte de las indagaciones en el caso Petroecuador, cometió el craso error de decir que era por el caso 'Encuentro', que involucra al círculo cercano al primer mandatario; el Gobierno de Lasso cometió un error de bulto al sembrar la duda de que se trataba de una retaliación.

Ocurrió la misma semana en la que los resultados adversos en las urnas ubicaron a Lasso ante el dilema de escoger prescindir de sus colaboradores de confianza, -cosa que jamás habría deseado-, para retener la Presidencia; o exponerse al escarnio público que había puesto bajo sospecha a su entorno.

El Gobierno se asemeja a un ciego que camina en círculos con dinamita en los bolsillos; un tropezón y la explosión sacude al país entero. Pero los efectos para el invidente son desastrosos, porque llegan en forma de búmeran.

Cuando el sábado por la noche la Policía Nacional difundió un comunicado explicando que se trataba de una rotación normal de personal, no convenció a nadie, porque la Fiscalía había denunciado "una clara intromisión en la justicia".

Tras el comunicado de la fiscal Diana Salazar, en su cuenta de Twitter, las reacciones fueron contundentes.

Hasta el más pintado se burló de los argumentos que hablaron de coincidencia y rutina policial, porque solo era cuestión de juntar los hechos y sospechar lo que había pasado.

Si las autoridades actuaron como si nada ocurriese en el país resulta grave, porque denotaría ausencia de la realidad.

Y si es como la gente sospecha, peor, porque hasta el refrán dice que la venganza se sirve en plato frío, por lo que debieron buscar una mejor ocasión para la bendita rotación.

El comunicado que difundió la Fiscalía la noche del sábado también contenía un explosivo que detonó y causó efectos, al responsabilizar al Estado ecuatoriano por la seguridad de su máxima autoridad y la de su familia.

Se referían a Diana Salazar devenida en blanco de críticas de muchos sectores, y de quien se comenta que, últimamente, ha tenido serias y constantes diferencias con el presidente Lasso, justamente, por algunas de las investigaciones que lleva adelante.

Y por haber llamado 'Encuentro' al caso denominado 'Gran Padrino'.

La lista de casos en los que han actuado los agentes a los que se les reemplazaría son los que tienen a los ecuatorianos al filo de la silla, en espera de que se saque a la luz la verdad y que los poderosos involucrados sean castigados con todo el rigor de la ley.

Allí están los casos 'Encuentro', 'Pandora Papers', 'Gabela', 'DHRUV', 'Bernal' y 'Petroecuador'.

Si alguien dudaba del calado de la decisión de rotar a los policías, este se reflejó en la reacción inmediata de Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, quien dijo en Facebook que no la callarán.

Y advirtió que hará público todo lo que ha descubierto el equipo de agentes policiales sobre el asesinato de su esposo, quien fuera comandante general de la FAE.

Patricia Ochoa publicó lo que llamó una pequeña muestra al revelar que alias Francis no fue quien disparó al general Gabela; por lo que "la investigación preliminar y la del Comité creado por Correa fue una farsa". Y se preguntó: "¿A quién quieren proteger?"

¿Se habrá imaginado la Policía la dimensión de la decisión de 'solo rotar al personal'?

Si de aplicar los reglamentos se trataba, tenían, por lo menos, que anticipar a la Fiscalía del movimiento.

El flamante ministro de Gobierno, Henry Cucalón, le dijo a Carlos Vera, el domingo por la noche, que le informaron que sí habían comunicado a la Fiscalía; pero Diana Salazar sostiene que no.

Visto desde afuera y a la luz de la lógica, resulta absurdo que se dé el mismo tratamiento a la escolta de la Asamblea, a la del SRI u otra dependencia que a un agente que investiga presunta corrupción y graves delitos, que participa en operativos y allanamientos en una investigación penal.

La naturaleza de uno y otro trabajo es distinta; los que investigan se adentran en los casos, conocen los detalles y hasta viven al filo del peligro.

Se meten con las mafias, que son como buitres que se lanzan en picada para llevarse las riquezas del país, son feroces y vengativos.

¿Resulta difícil entender? Parecería que no. De allí las suspicacias.

Por más que se intente disimular, el error causó estragos, en momentos que la gente está sobresaltada por las graves denuncias de fraude electoral hechas nada menos que por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, y que daría la impresión de que al Gobierno no le importa tanto como a los electores.

Carondelet se mantendrá en el discurso de las coincidencias, pero se ganó el pronunciamiento del Consejo de la Judicatura, que respaldó la postura institucional de la Fiscalía y de la Corte Nacional de Justicia, que expresó su preocupación por los últimos acontecimientos que afectan la independencia e integridad de los jueces y a la Fiscalía.

Y la de los ecuatorianos que no han olvidado que recién en el referéndum se les preguntó sobre garantizar la autonomía de la Fiscalía.

Poner a la fiscal Diana Salazar como blanco de las críticas desde el poder es ubicarse, sin pensarlo, en la misma orilla que el correísmo que, desde hace rato, quiere bajarse a la fiscal, convertida en enemiga declarada desde que pidió se sentencie a ocho años de cárcel al expresidente, que hoy está prófugo. Y a otros de la cúpula de la fallida revolución ciudadana.