El justiciero de Carondelet

El mensaje a la Nación del pasado 15 de diciembre fue el espacio utilizado por el justiciero de Carondelet para proponer una reforma judicial de gran escala.

La idea central es que, de ahora en adelante, los malos funcionarios serán expuestos y sometidos a la mejor de las cortes, la de la opinión pública.

Aún no se ha definido quienes se encargarán de la patriótica tarea de elaborar la lista de jueces y fiscales, pero como seguramente será extensa, el justiciero deberá imprimirla en su despacho o en alguna oficina cercana.

De antemano, en esa tarea el Poder Judicial no podrá colaborar porque en los juzgados no hay impresoras y cuando las hay, no tienen tinta.

Para la conformación de la corte de la opinión pública, encargada de aplicar justicia a los enlistados, tampoco existe aún un mecanismo de nominación y designación. Sin embargo, siempre habrá gente cercana al justiciero que acepte tan noble encargo.

Como en esa corte no se requiere que sus magistrados sean doctos en las artes jurídicas, el espacio está abierto a quienes decididamente apoyen el proceso a través de las redes sociales.

Para garantizar transparencia, personal extranjero, de ese que en cuanto se pronuncia los funcionarios nacionales se ponen a sus pies, también propondrá nombres de ilustres colaboradores.

La hoja de ruta está lista y es solo cuestión de tiempo poner en marcha el proyecto.

Pero a pesar del escarnio público y la amenaza que lleva envuelta esta reforma judicial, hay aún un espacio para el arrepentimiento de los jueces que transitan por el camino del mal.

El justiciero es implacable, pero no deja de ser magnánimo. Por ello, a través de la Policía Nacional, que ha recapturado a un peligroso delincuente, el justiciero ofrece una última oportunidad a jueces y fiscales para reivindicarse.

Además, en un acto de absoluto desprendimiento y buena fe, el justiciero hace pública información clasificada, confidencial y desconocida por prácticamente todos: la paciencia del pueblo se está acabando. Guerra avisada no mata gente, dice el refrán.

En medio de esta innovadora propuesta de reforma judicial, demócrata como es el justiciero, no ha dejado de mencionar que respeta la independencia de poderes, aunque eso no debe ser confundido con indiferencia.

Anticipando algún comentario malsano, el justiciero deja claro que el hecho de exponer a los malos funcionarios para que respondan ante la corte de la opinión pública, claramente no constituye un atentado a la independencia de los jueces, tampoco una injerencia del Ejecutivo sobre las cortes de justicia y mucho menos un atropello al Poder Judicial.

Tanto es así que el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía no han hecho sino avalar, con su silencio, los procedimientos del justiciero y su reforma judicial. 

Muy pocos dudan respecto a la debilidad institucional del Poder Judicial en Ecuador. Muy pocos se oponen a la idea de que hay jueces y fiscales involucrados en actos de corrupción.

Y muy pocos ocultan la necesidad de una reforma judicial de dimensiones para propiciar mejores desempeños en la administración de justicia del país.

Así mismo, muy pocos creen que las declaraciones del Presidente de la República no son un ataque a la independencia de las cortes de justicia.

Entre esos pocos están, precisamente, las instituciones del propio Poder Judicial, indiferentes frente a la maniquea idea del escarnio público y los tribunales de la opinión pública como mecanismo para mejorar el funcionamiento de la justicia en Ecuador.

Afortunadamente, buena parte del país entiende que tras las declaraciones de días pasados hay intereses políticos.

De un lado, el Gobierno busca descargar en el Poder Judicial la responsabilidad absoluta de los problemas de inseguridad en los que está sumido el país.

Si alguien es culpable de la violencia son los jueces y los fiscales, porque de su lado, bien lo acota el justiciero, se ha hecho todo lo humanamente posible.

De otro lado, con la amenaza a los funcionarios judiciales, el Gobierno busca menoscabar la ya de por sí poca confianza en la administración de justicia.

A partir de ese movimiento, supuestamente estratégico, desde Carondelet se intentará generar algún rédito en las elecciones seccionales que se vienen y esencialmente en la consulta popular en la que, dicho sea de paso, el Presidente ha decidido delegar a funcionarios de menor nivel su defensa política y difusión entre la ciudadanía.